Nada nuevo bajo el sol

domingo 5 de febrero de 2012
El "cambio" del PSOE al PP: un balance provisional (
Por Iohannes Maurus
Textos y reflexiones de John Brown

Hay aún quien se sorprende por el silencio de Mariano Rajoy respecto de su "programa económico". Lo sorprendente, sin embargo, es que haya sorpresa, pues, desde hace muchos años está claro que el "programa económico" no lo define el gobierno, sino que se elabora y decide "en otro escenario". Si el PSOE nunca cumplió su programa económico y social entre socialdemócrata y neoliberal y tuvo que apartar muy pronto en la segunda legislatura de Zapatero lo poco que quedaba de socialdemocracia en sus políticas, ello se debió a la supeditación de toda la acción de gobierno a los dictados del sector hegemónico del capital: el capital financiero. La deuda pública y privada se ha convertido así en el gran resorte del gobierno real de nuestras sociedades. Con la retórica de la "presión" de los mercados y la culpabilización colectiva a propósito de la deuda y del gasto excesivo "que nos nos podíamos permitir" se intentaba justificar el cambio de política como una reacción a un fenómeno a la vez natural y moral en el que los mercados castigaban nuestros "excesos" mediante la justicia inmanente del encarecimiento indefinido de la deuda. Tras esta moral natural es fácil reconocer la opción preferencial de los distintos gobiernos españoles y europeos por el capitalismo y su variante financiera. Es patético hoy escuchar a José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista reciente de la cadena SER afirmando que "incluso una política socialdemócrata determinada" tiene sus límites y que ese límite él lo encontró en la amenaza de intervención de la economía española. Para evitar esa intervención, todo fue doblegamiento ante el capital financiero y sus gestores, denominados púdicamente "los mercados". Era necesario poner todos los medios para salvar la banca y mantener la confianza de los mercados en la solvencia del Estado.

En otros términos, los mencionados "límites" residen en el hecho de que se ha optado por una política "socialdemócrata" cuya base económica es el neoliberalismo más extremo. La socialdemocracia de Zapatero -al igual que la de Felipe González- nunca fue una auténtica socialdemocracia, sino un régimen que contaba con la renta de la especulación financiera e inmobiliaria para redistribuir entre la masa de la población algo de riqueza, manteniendo o agravando la disparidad de ingresos entre las capas más altas y las más bajas. Era la política neoliberal del "trickle down", del "goteo" de arriba hacia abajo, basada en la la vieja idea de los fisiócratas de que el incremento de la riqueza de los más ricos tendría efectos positivos sobre los más pobres. Esa política no es, sin embargo, una política socialdemócrata, como tampoco lo es la compensación de la congelación de los salarios reales mediante la renta especulativa financiera o inmobiliaria, pues en ese caso habría que integrar en la socialdemocracia a George W. Bush o a José María Aznar. Tal vez el pequeño matiz socialdemócrata que añadió el zapaterismo a una práctica genuinamente neoliberal fue la gestión parcialmente estatal de esta riqueza financiera, aunque esto tuvo también su otra vertiente, que fue la financiación de redes clientelares mediante los propios instrumentos de redistribución.

Zapatero insiste, sin embargo, en su entrevista en los aspectos realmente "de izquierda" de sus políticas. Entre ellos destaca el cambio liberalizador de la ley del aborto, el matrimonio gay, la leyes contra la violencia "de género" etc. Lo que no se hizo a nivel económico quedaba así compensado a nivel "social" o de "costumbres" mediante la legislación más progresista de Europa o, tal vez del mundo. Ciertamente, estas leyes, a las que hay que añadir una tímida pero real ley de memoria histórica suscitaron gran escándalo en las filas de las derechas y en las jerarquías eclesiásticas, pero en lo esencial no afectaron en nada a la estructura de base del sistema económico y social que siguió rigiéndose por una fidelidad sin quiebras al mando del capital financiero y un discurso abiertamente neoliberal en política económica. En ningún momento se planteó Zapatero un cambio efectivo de las correlaciones de fuerzas económicas y sociales, un cambio en la constitución material como el que acometieron las auténticas socialdemocracias en los países nórdicos o en la propia Alemania.

El zapaterismo, como los demás neoliberalismos, de izquierdas o de derechas, mantuvo rígidamente las prioridades del capitalismo actual. Ya no se trataba de dar garantías a la población, en el marco de un régimen de seguridad social y en general de un Estado del bienestar, frente a los "excesos" del capitalismo, sino de fomentar estos propios excesos esperando poder redistribuir algo de la riqueza generada por la sobreexplotación de los trabajadores dentro y fuera de las fronteras. La seguridad y la garantía pública pasan de amparar al trabajador y el ciudadano a proteger al propio capital financiero. En el neoliberalismo, existe un sistema de "seguridad social" para el capital que se traduce en políticas de preservación de altas tasas de ganancia del capital financiero y de traslado de los riesgos de la especulación desde los titulares del capital financiero al conjunto de la población. No hay mejor ejemplo de estas políticas y de sus consecuencias que la salvación pública de los bancos amenazados de quiebra por la crisis de los "créditos basura" y la inscripción en la constitución del carácter prioritario del pago de la deuda. Desde la segunda legislatura de Zapatero, y hoy mismo con el gobierno del PP, la prioridad casi exclusiva es el pago de la deuda, lo que supone dar garantías al capital financiero de que sus títulos de deuda (inflados por la especulación) serán pagados religiosamente, a costa, por supuesto de los derechos sociales de los trabajadores y del gasto público en bienes de interés general como la enseñanza o la salud.

El silencio de Rajoy responde en gran medida a la estricta continuidad de su política económica con la del PSOE. Las prioridades son las mismas, aunque tal vez puedan ahora aplicarse de manera más descarnada, con menos matices. Ya se tuvo en Cataluña un anticipo de lo que el PP haría a escala estatal: una ofensiva brutal contra la enseñanza y la sanidad públicas y contra el conjunto de bienes comunes gestionados por el Estado. Esta ofensiva ya ha empezado a nivel estatal. El Estado recupera así de manera abierta su carácter de clase y se convierte en una máquina de liquidación de bienes públicos y en un gigantesco "cobrador del frac" que garantiza, a veces con métodos poco elegantes, el pago de la deuda pública o privada a las instituciones financieras y demás titulares de capital financiero. En cierto modo, nada nuevo respecto de lo que ya hiciera el PSOE, salvo una radicalización de las medidas de "austeridad" según el ya conocido sendero griego, que con toda seguridad el PSOE se habría visto obligado a tomar cabo en la hipótesis improbable de que hubiese ganado las elecciones. En lo esencial PSOE y PP tienen la misma política, porque en realidad no es su política, sino la dictada por el capital financiero. La más clara demostración de que no se trata de una "política" sino de la mera administración de la explotación financiera de la riqueza social la tenemos en aquellos casos como el italiano o el griego donde los ejecutivos están presididos por representantes directos de la banca y de las instituciones financieras. Hombres como Monti o Papadimos se presentan como "técnicos" y no ya como políticos, pero son los agentes directos de una "dictadura comisaria" del capital.

La alternancia izquierda-derecha carece así de cualquier contenido real a nivel social o económico. Para preservarla y para mantener con ella la "legitimidad" de la representación política en la partitocracia española, hay que desplazar la diferenciación a otro terreno que no es ya el económico sino el de las "costumbres". En este terreno, las "conquistas" de Zapatero corren hoy grave peligro, pues sólo en ese terreno, puede visibilizarse el "cambio" del PP. La jerarquía eclesiástica y el PP tienen abiertamente entre sus objetivos la reforma o la derogación de leyes como la del aborto o la del matrimonio gay que afectan al control biopolítico de la esfera de la reproducción. También en el terreno de la reproducción ideológica, es esencial en el caso español que la privatización progresiva de la enseñanza se vea acompañada por el control cada vez mayor de la Iglesia Católica sobre este negocio. En este aspecto, la polémica sobre la asignatura de "educación para la ciudadanía" es reveladora. La asignatura se planteaba como un contrapeso laico y cívico al adoctrinamiento religioso practicado en las escuelas a través de la asignatura de religión. La Iglesia siempre vio con recelo esta amenaza a su monopolio y acusó al goberno de Zapatero -sin ningún sentido del ridículo- de querer adoctrinar con ella a niños y adolescentes. Hoy, el nuevo ministro de educación se plantea suprimirla devolviendo así el monopolio ideológico a la doctrina católica.

Son sumamente ilustrativas del cambio ideológico que vivimos unas recientes declaraciones de la Viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, en las que se preguntaba si "tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema". A nadie escapa que una racionalización del sistema conforme a este planteamiento condenaría a muerte a numerosas personas y degradaría la calidad de vida de otras muchas. Esto parece contradictorio con el planteamiento de una corriente ideológica católica en la que se enmarca el PP, que defiende el "derecho a la vida" para oponerse al derecho al aborto. Sin embargo, la contradicción no es tal. Si se atiende a que la misma derecha católica también se opone al derecho a optar por una muerte digna, se puede inferir que lo que defiende el PP es una especie de autoritarismo biopolítico en el que la vida es obligatoria: es ilícito según este planteamiento no dar la vida o quitarse a sí mismo la vida, porque la vida es un don de Dios. Esto no significa, sin embargo que, los enfermos crónicos tengan derecho a asistencia para mantenerse en vida, pues con ello no cumplen la obligación de estar vivos mientras Dios lo quiera, sino que se aferran a un sospechoso y económicamente costoso deseo de vivir. A lo que se oponen estas políticas oscurantistas del PP es a la libertad del individuo de elegir en lo que a la vida se refiere, tanto respecto a su propia vida como a la vida que puede dar. La vida, según este planteamiento es obligatoria para el individuo, pero ello no implica que el poder no pueda dejarlo morir, sobre todo si ello va en interés de la austeridad y del pago de la deuda. La única vida verdaderamente tutelada es la que el poder puede imponer como obligatoria.

No cabe duda de que, movido por la misma prioridad de dar "seguridad" a los mercados, un hipotético gobierno del PSOE también habría recortado -como ya se hizo en Grecia con el gobierno socialdemócrata de Papandreu- la financiación de los tratamientos para los enfermos crónicos. Probablemente habría intentado disimular y maquillarlo como una racionalización administrativa, pero lo habría hecho. La diferencia del PP con el PSOE es que el PP es capaz de asumir ideológicamente estas medidas, de convertir lo que era para la pseudosocialdemocracia una especie de imperativo natural en una auténtica virtud moral en nada reñida con la racionalidad económica. Si el PSOE consideraba el imperio del capital financiero como una fatalidad natural, el PP lo interpreta como una virtud teológica, como el fuego donde todos purgamos el pecado de la deuda. Entre las necesidades de la naturaleza y de la teología, lo que ha desaparecido es la política.

La reconciliación nacional se abre paso...

Por Emilio Silva Barrera *
Tras la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, las élites políticas que gestionaron el retorno de las libertades en España acordaron una amnistía que dejó en el cunetas del olvido a 113.000 hombres y mujeres asesinados por la represión de los militares fascistas.
El terror de la dictadura obligó a cientos de miles de personas a cavar una fosa en su memoria y enterrar en ella el recuerdo de los traumáticos acontecimientos que les tocó vivir. Cuando en 1979 conquistaron poder municipal partidos que habían sido clandestinos durante el franquismo, algunos familiares iniciaron la exhumación de fosas comunes. Lo hicieron sin medios técnicos, movidos por el impulso de dar un entierro digno a sus seres queridos.
En diferentes provincias españolas surgió un movimiento social que se vio truncado el 23 de febrero de 1981, con el golpe de Estado del teniente coronel Tejero, que, pistola en mano, entró en el Parlamento al grito de “¡Quieto todo el mundo!”. Así, como un reflejo condicionado, despertó el miedo acumulado por las familias que habían sufrido cuarenta años de vigilancia y castigo y se paralizó la relación con ese pasado traumático. Los partidos políticos convivieron perfectamente con el silencio, mientras la élite de la dictadura conservaba sus privilegios y blanqueaba su biografía. Al tiempo, comenzó a construirse el mito de la transición; el retorno a la democracia se había llevado a cabo en España y era el modelo a imitar. Una ficción que evitaba contar, por ejemplo, que entre 1976 y 1981 fueron asesinadas seiscientas personas, fundamentalmente por la extrema derecha. El repunte del miedo hizo que hubiera que esperar casi veinte años para que la generación de los nietos de los asesinados rompiera el silencio, cuestionara el relato oficial de la transición y mirara hacia el pasado a través de los derechos humanos.
El 21 de octubre de 2000, en un pequeño pueblo de la provincia de León llamado Priaranza del Bierzo, un grupo de arqueólogos y forenses exhumó los restos de trece civiles, militantes de izquierda. Allí se puso en marcha un movimiento social que no ha dejado de crecer y que, sin apenas apoyo institucional, ha exhumado en estos once años los restos de 5700 personas en más de trescientas fosas comunes a lo largo y ancho del territorio español.
A partir de julio del año 2002, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó decenas de casos ante el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la ONU, y, con el asesoramiento de alguno de los abogados argentinos que habían promovido los juicios desde España en los casos de Argentina y Chile, inició sus primeras denuncias. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, cuando aparecen restos humanos con signos de violencia un juez se tiene que presentar inmediatamente en ese lugar. Pero decenas de jueces en estos años han imcumplido conscientemente su obligación.
El 14 de diciembre de 2006, un grupo de asociaciones presentó en la Audiencia Nacional una denuncia acompañada de varios listados de desaparecidos. El reparto que se da en ese tribunal llevó el caso al Juzgado NO 5, del que entonces era titular Baltasar Garzón. El magistrado se declaró competente para investigar esos crímenes el 16 de octubre de 2006. A partir de ese momento comenzaron a producirse situaciones inverosímiles que lo obligaron a inhibirse y a repartir su causa por decenas de juzgados españoles.
Unos meses después, Garzón fue denunciado por el sindicato Manos Limpias, organización recientemente premiada por la Fundación Francisco Franco. Lo acusaban de prevaricación por haber iniciado la investigación sabiendo que la Ley de Amnistía le impedía hacerlo. En estos días, el juez que intentó ayudar a las familias de 113.000 desaparecidos está siendo juzgado y se enfrenta a la posibilidad de ser considerado un delincuente.
La sociedad española vive todavía marcada por el miedo. La élite del franquismo ha conservado todos sus privilegios, incluido el del olvido. La investigación de Garzón supuso una amenaza para una estructura social surgida de una terrible violencia. Mientras tanto, miles de víctimas han muerto sin existir para los poderes del Estado y eso aumenta la deuda con los descendientes de quienes crearon nuestra primera democracia durante la Segunda República.
* Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada mediante una prueba de ADN.