España: Una democracia cautiva

Ramón Sáez Valcárcel es juez de la Audiencia Nacional española, al igual que el actualmente suspendido Baltasar Garzón. La suya fue una de las tantas voces que se alzaron para defender al magistrado, que tras su intento de terminar con la impunidad de los crímenes del franquismo debió migrar como consultor al Tribunal Penal Internacional.

En medio de un viaje relámpago a Buenos Aires para participar de mesas debate y de asistir a juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura argentina, el juez Sáez Valcárcel dialogó con Página/12 e hizo un balance de lo hecho y lo que falta en materia de reparación y memoria en la península ibérica.

–¿Cómo evaluaron la suspensión de Garzón y su procesamiento por prevaricato?

–Su intento de juzgar los crímenes del franquismo fue interrumpido desde el principio. No parece creíble que haya sido perseguido ese intento como un delito de prevaricación y que se haya abierto un juicio oral contra él por el delito que es más grave para un juez, el de dictar una resolución injusta. No ha habido ningún perjuicio sino, al contrario, se trataba de reparar a las víctimas de crímenes masivos. Cuestionar la Ley de Amnistía como él lo había hecho desde las categorías del derecho internacional es algo que está dentro de la razón jurídica. El derecho internacional de los derechos humanos declara que los delitos como genocidio y crímenes de guerra no prescriben y no pueden ser objeto de perdón ni de amnistía, sino después de verdad, de justicia y de reparación. Lo paradójico es que el único procesado por los crímenes del franquismo es el juez que trata de investigarlos.

–¿Por qué el supremo Luciano Varela y los sectores de la derecha invocan la Ley de Amnistía de 1977, que Garzón consideró no aplicable para delitos de lesa humanidad?

–La Ley de Amnistía no fue una ley de punto final ni una ley de reconciliación. La amnistía era el reclamo de la oposición democrática en el momento de la transición de la dictadura del franquismo al estado de derecho, para que los presos políticos salieran de las cárceles y se cerraran los procedimientos pendientes contra quienes luchaban por la libertad y los derechos. Por lo tanto, no se puede acudir 33 años después, despreciando la historia y afirmando que era una ley de perdón cuando no hay reconciliación. En aquel momento, las fuerzas de la oposición democrática no tenían capacidad suficiente como para señalar que los criminales eran los que tenían el poder.

–¿Qué es lo que se puso en juego con la suspensión del juez Garzón?

–La persecución contra Garzón ha profundizado contradicciones que existían, ha hecho visible lo invisible. Ha hecho visible una transición que se vendió en España como modélica. Si algo tuvo de modélica, fue de injusticia y de impunidad. Una sociedad no se puede construir sobre la impunidad de los grandes crímenes. Se ha hecho visible lo que no querían los que siguen negando que hubo un exterminio del enemigo, que fue un proyecto criminal: que se hable de los crímenes de la dictadura y ahora se habla como nunca.

–¿Cuáles son los pasos a seguir ahora para conseguir justicia?

–El propio Estado español está obligado a dar una solución. De momento, las denuncias de las víctimas no tienen sede en la jurisdicción española: no hay ningún proceso abierto. Incluso jueces que recibieron parte de la causa de Garzón plantearon conflictos de competencia, afirmando que era de la Audiencia Nacional porque eran crímenes internacionales por su carácter masivo. Esos conflictos están pendientes ante el tribunal supremo. Habrá que ver qué recorrido tiene. Está también la corte constitucional española y también nosotros estamos en el contexto de un sistema regional que nos obliga, que es el europeo. Si no hay solución dentro del contexto del Estado, las víctimas deberán buscarla en el Tribunal europeo.

–¿Ve como factible el intento que en Argentina se hizo de la mano de algunos organismos de derechos humanos para abrir una causa aquí por los crímenes del franquismo?

–Sí. La jurisdicción internacional es un instrumento al servicio de los derechos humanos y para que no queden impunes los grandes crímenes contra la humanidad, que no toleran la existencia de fronteras ni la de vacíos de jurisdicción. Son los Estados dispuestos a perseguir los graves crímenes un dispositivo esencial para la persecución de delitos universales.

–¿Algo así como lo que hizo Garzón con el dictador Augusto Pinochet y con los represores argentinos?

–En Argentina y en Chile, en aquellos momentos, no era factible juzgarlos. En el Estado donde se había cometido el crimen, como es un crimen de Estado, los autores seguían en el poder o tenían capacidad de neutralizar las investigaciones. Se encontraron tribunales dispuestos a actuar por la comunidad internacional porque ésa es la grandeza de la jurisdicción universal.

–¿Qué cambios notó desde la promulgación de la Ley de Memoria Histórica durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero?

–Significa un avance porque, por fin, el Estado viene a reconocer que hubo campos de concentración, fosas comunes y que hay gente indecentemente enterrada a lo largo de todo el territorio. Pero el Estado privatiza esas obligaciones, entrega la pala a las familias y lo único que hace es subvencionar los trabajos. Fue un paso adelante pero insuficiente.

–¿Qué es lo que falta para construir memoria en España?

–España no ha sido capaz de afrontar su pasado desde varias perspectivas. Por un lado, de respetar y responder a las obligaciones que le impone el derecho internacional y, por otro, parece poco deseable que 35 años después de la muerte del dictador en la cama, no se resuelvan problemas tan básicos como son el descubrimiento de la suerte de los desaparecidos, el rescatar los restos de los que fueron asesinados y ejecutados extrajudicialmente y que yacen en fosas comunes. España tiene pendiente que el espacio público se adecente en el sentido de que se eliminen todos los símbolos que exaltan el crimen y a los criminales. También, le resta que las sentencias de los tribunales de la represión sean expulsadas del ordenamiento jurídico.

Informe: Luciana Bertoia.

El franquismo, que no es otra cosa que la derecha montaraz española, la de siempre, la que no conoce más ley legítima que la del "látigo y no te muevas", nuevamente se apunta un triunfo más en detrimento de la justicia y del futuro democrático de España. Lo que en principio la gran mayoría de la sociedad española aplaudió entusiasmada, ese intento del JUEZ (así con letras grandes) Baltasar Garzón por poner los puntos a las ies de los crímenes del franquismo, se ha visto abortado por los jueces nombrados por Franco y por los no menos reaccionarios investidos después durante los gobiernos postfranquistas o pseudodemócratas. La reconciliación nacional, que supuestamente hizo posible la instauración de la “democracia”, fue un contrato social y político que debería beneficiar por igual a las dos partes contractuales... pero de ninguna manera servir como tapadera “por los siglos de los siglos” a tanta violencia y crímenes cometidos durante la larga noche de la dictadura franquista. Fueron demasiadas injusticias, un verdadero genocidio en el cuerpo de la sociedad española. No hay perdón posible para los criminales que siguen hasta hoy día imponiendo su ley, como es ahora esa nueva injusticia cometida con el “JUEZ” Garzón. Vaya mi condena a esos jueces que levantaron la mano para castigar a Garzón. Con ese acto ellos mismos se han degradado al nivel de los verdugos del franquismo... cuanta miseria. ¿Habrá levantado la voz contra este nuevo crimen algún lúcido prelado de la sacrosanta iglesia católica española? Lo dudo, pero sería un buen momento para, al menos por una vez, intentaran lavar un poco su maltrecha cara y hacerla más presentable...pero no caerá esa breva. Pongo a continuación una reseña de la destitución del JUEZ Garzón para el inquieto lector que se digne leer estas líneas. Saludos, Miguel Fernández.


Por Oscar Guisoni

Desde Madrid

“Ustedes, fascistas, sois los terroristas”, “Garzón, amigo, el pueblo está contigo”, “Queremos justicia”. Los manifestantes espontáneos que ayer acudieron a la sede madrileña de la Audiencia Nacional no se ahorraron broncas ni emociones cuando por la tarde Baltasar Garzón abandonó su puesto de trabajo, luego de que le notificaran su suspensión por parte del Consejo General del Poder Judicial. Mientras los grupos franquistas como Falange y el sindicato ultraderechista Manos Limpias valoraban positivamente la medida y hablaban con suma hipocresía de “un triunfo de la sociedad”, la indignación se hacía carne en miles de manifestantes que se volcaron durante la tarde en las grandes ciudades a manifestar frente a los tribunales de justicia. El día más negro de la Justicia española estuvo plagado de tensiones.

El predecible linchamiento público al que sus propios colegas han sometido a Baltasar Garzón por haberse atrevido a abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo tuvo su primer acto en horas de la mañana, cuando se reunión el Consejo General del Poder Judicial. La asamblea había sido convocada de urgencia durante el transcurso de la semana gracias a la movilización de los vocales conservadores, que no ahorraron prisas para llevarla a cabo antes de que se le diera el visto bueno a Garzón para marcharse al Tribunal Penal Internacional en calidad de asesor del fiscal Luis María Ocampo, una puerta de salida digna que sus enemigos no están dispuestos a concederle.

El único objetivo de la reunión del CGPJ era suspender a Garzón, por lo cual la reunión se llevó a cabo en un clima de gran tensión, sobre todo en las horas previas, ya que los vocales progresistas intentaban por todos los medios garantizar la salida del juez a La Haya, mientras que la derecha judicial no quiere ni oír hablar de ponerle semejante alfombra roja bajo los pies.

Al mismo tiempo que los vocales del CGPJ estaban reunidos, se activaban las redes sociales, que durante los últimos meses han sido las plataformas donde se desarrolló el mayor activismo a favor del magistrado de la Audiencia Nacional. En Facebook, las asociaciones de la Memoria Histórica y ciudadanos de a pie comenzaron a convocar a manifestaciones espontáneas apenas se hizo patente que el Consejo se disponía a suspender a Garzón de sus funciones. En Twitter, el tag #Garzón llegó a ser a lo largo del día uno de los diez trending topics (los temas más comentados) en todo el mundo y la mayor parte de las marchas que se hicieron a lo largo y ancho del país fueron convocadas a través de esta herramienta.

Luego de dos horas de deliberaciones, el CGPJ adoptó por unanimidad la decisión de suspender al juez de sus funciones, la única medida que según los especialistas podían tomar luego de que el juez Luciano Varela le hubiera iniciado el proceso oral el martes pasado. En medio de la reunión hubo una tentativa inútil del sector progresista para que el Consejo Permanente, el órgano que toma las decisiones del día a día dentro del CGPJ, diera su visto bueno a la marcha de Garzón a La Haya. Lo único que lograron es que esa decisión quedara aplazada, solicitando informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, al propio Tribunal Penal Internacional, a la Fiscalía General del Estado y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que den su opinión sobre si procede otorgarle a Garzón este beneficio mientras está siendo procesado.

Mientras tanto, en la Audiencia Nacional, Garzón se encontraba en su juzgado tomando declaraciones a un empresario vinculado con una trama de corrupción cuando a las 13.19 recibió una llamada del secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez Padrón, para comunicarle que había sido suspendido. A esa hora se encontraban ya en la Audiencia muchos de sus compañeros, jueces, asistentes, simpatizantes, que habían acudido a brindarle su apoyo. Desde la calle llegaba una algarabía de manifestantes que expresaban a los gritos su indignación por lo ocurrido mientras cortaban la calle frente a la Audiencia.

Un rato más tarde, Garzón abandonó el juzgado. Se acababan de ese modo más de veintidós años de servicio en los que el juez alcanzó dimensión internacional al procesar a dictadores como Augusto Pinochet y notorios jerarcas de la dictadura argentina. Una vez en la calle, seguido por un par de custodios que no lo dejan ni a sol ni a sombra –el juez ha sido amenazado por ETA y tiene poderosos enemigos en las redes del narcotráfico y del terrorismo islámico, fruto de sus investigaciones durante las últimas dos décadas–, Garzón se encaminó a su vehículo, saludando tímidamente con su mano a los manifestantes, pero guardando la compostura y la frialdad que caracterizan sus gestos en público. Pero cuando ya parecía que se marchaba, dejó abierta la puerta de su coche y volvió hacia atrás para fundirse en un emotivo abrazo con sus compañeros. Ahí estaba los jueces Santiago Pedraz, Fernando Grande Marlaska y Fernando Andreu, de los pocos colegas de profesión que se animaron a brindarle su apoyo eludiendo las envidias y enconos del resto del mundillo judicial. Estaban también sus colaboradores más cercanos, las secretarias que no podían contener las lágrimas y los fiscales y abogados asiduos de la Audiencia que no quisieron dejar pasar este día sin estar su lado. Un grupo de enardecidos manifestantes preocuparon por su efusividad a los custodios del magistrado, pero el juez se saltó los protocolos y los miedos sin disimular su emoción. Eran las dos de la tarde de un día frío y ventoso en Madrid. El día más oscuro de la Justicia española desde la muerte del dictador Francisco Franco.

Al caer el sol se multiplicaban los manifestantes frente a los edificios del Poder Judicial y ante la sede del Partido Popular, que apoyó sin disimulos el proceso, al tiempo que voces prestigiosas en todo el mundo se pronunciaban a favor del juez y un grupo de artistas e intelectuales anunciaban la grabación de un corto publicitario que se emitirá por televisión para llamar la atención sobre lo que algunos no han dudado en llamar “un auténtico golpe de Estado judicial, un episodio oscuro que deja por los suelos la credibilidad internacional de la Justicia española. Y para que la llama de la indignación no se apague, los familiares de las víctimas del franquismo anunciaban por la noche que a partir de ahora comenzarán a manifestarse semanalmente frente a la Puerta del Sol en Madrid, emulando a las Madres de Plaza de Mayo. Como decía la cadena de SMS que arrasó en los teléfonos celulares durante la tarde, “Para que Franco no se vaya de rositas”.