domingo, 27 de noviembre de 2011

Argentinos quieren se investigue los crimenes de Franco

LA QUERELLA EN ARGENTINA POR CRIMENES DE LA GUERRA CIVIL

Exiliados y sus descendientes argentinos movilizan la investigación por los 113.000 desaparecidos y los 30.000 niños apropiados durante la guerra. Y que Servini se instale en la embajada en Madrid a interrogar testigos.

El régimen franquista se apropió de treinta mil niños. Chicos vueltos grandes, hoy abuelos que llevan un apellido impropio, una historia trunca. Ni hablar de las cifras de españoles fusilados, enterrados en fosas comunes y anónimas. España calla pero, contra la impunidad de esos crímenes, avanza una demanda impulsada desde Argentina. Esta semana, los querellantes –españoles radicados aquí y argentinos descendientes de las víctimas– pidieron a la jueza federal María Servini de Cubría que cruce el charco y “se constituya en la embajada argentina en España” para recibir denuncias y testimonios de víctimas. Además, sus abogados rechazaron, punto a punto, los argumentos de la Fiscalía General española que asegura que en ese país se “han tramitado y se están tramitando” los procedimientos judiciales en ese sentido.

“Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia, en España no sólo no existe siquiera una Comisión de la Verdad a modo de las que se instituyeron en numerosos países, incluido el nuestro, (si no que) no hay un solo niño a quien se haya restituido su identidad. No hay un solo victimario que haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado le haya tomado declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos”, argumenta el texto entregado por los denunciantes a la jueza, y al que tuvo acceso Página/12.

Entonces, señala el mismo documento, “corresponde” que la jurisdicción argentina investigue los delitos contra la humanidad ocurridos entre 1936 y 1977, procese a sus responsables y repare a las víctimas “de tanto crimen impune”. “Lo que solicitamos en esta última presentación son, ya no medidas probatorias, sino acciones concretas referidas a los querellantes y al pueblo español en sí”, explicó Máximo Castex, uno de los abogados del equipo de letrados que representa a los denunciantes. En esa línea, se instó a Servini de Cubría a que se traslade y reciba en la embajada nacional localizada en Madrid los testimonios y denuncias de víctimas.

La querella es acompañada entre otros organismos de derechos humanos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica e inició la demanda el 14 de abril de 2010. La causa se basa en los mismos principios de derecho universal que permitieron al juez español Baltasar Garzón juzgar las dictaduras de Argentina y Chile, e incluso detener en 1998 a Augusto Pinochet. El primer paso de los letrados argentinos fue pedir a España explicaciones, es decir, preguntar si en ese país “se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar a españoles, a través de su eliminación física, la desaparición ‘legalizada’ de menores de edad con pérdida de su identidad, entre 1936 y 1977”.

La respuesta enviada por la Fiscalía General española hace pocos meses destaca en el punto número 1 de sus conclusiones que “en España se han tramitado y se están tramitando en la actualidad numerosos procedimientos judiciales relativos a hechos delictivos cometidos durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura, tanto en la eliminación física de los ciudadanos partidarios de la República y de la forma democrática de gobierno, como la desaparición de menores”.

Sin embargo, las causas abiertas a las que se refieren las autoridades judiciales españolas “están paralizadas o archivadas”, puntualiza Castex, y detalla que además provienen “de la causa madre iniciada por Garzón”, que fue procesado y suspendido en su cargo por haber dado lugar al enjuiciamiento del franquismo. “Es absurdo –dispara– que se lo procese a Garzón por haber investigado y después se utilice su causa para decir que España está haciendo justicia.”

En tanto, “hay 113.000 cuerpos desaparecidos, 30.000 niños secuestrados, 2500 fosas sin abrir en las que se acumulan los cuerpos a montones”, contó a este diario Darío Rivas, de 91 años, cuyo padre murió fusilado por oficiales de La Falange en 1936, y es uno de los querellantes en esta causa. La fiscalía española asegura que están en curso “un importante número de supuestos de sustracciones o entregas ilegales de menores”, pero “no mencionan un solo tribunal actuante en esa línea de investigación, de lo cual se deduce sin dificultad que no existe ninguno”, responden los abogados argentinos.

Párrafo aparte, Castex critica que “queda a las claras que si realmente existiera voluntad de investigación, en vez de alegar que ‘ninguno de los denunciantes que presentó causas desde Argentina lo había hecho en España’, lo que tendrían que haber hecho (los fiscales españoles) es iniciar de oficio la investigación, como corresponde”.

Ese desinterés judicial se profundiza en el plano político. En julio último, el Congreso español rechazó una propuesta del Bloque Nacionalista Gallego que buscaba derogar la Ley de Amnistía española de 1977 para posibilitar la investigación de los crímenes de la dictadura franquista. Esa circunstancia, concluyen los abogados de la querella, “corrobora la falta de determinación y la imposibilidad de investigar por parte del Estado español”.

sábado, 19 de noviembre de 2011

La protesta de los indignados cobra vuelo

Por Boaventura de Sousa Santos *

Las huelgas generales eran comunes en Europa y en los Estados Unidos a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Provocaron grandes debates dentro del movimiento obrero y de los partidos y movimientos revolucionarios (anarquistas, comunistas, socialistas). Se discutía la importancia de la huelga general en las luchas sociales y políticas, las condiciones para su éxito, el papel de las fuerzas políticas en su organización. Rosa Luxemburgo (1871-1919) fue una de las más destacadas presencias en aquellos debates. La huelga general –que nunca dejó de estar presente en América latina y resurgió con fuerza en la Primavera del Norte de Africa– está de vuelta en Europa (Grecia, Italia, España y Portugal) y en los EE.UU. La ciudad de Oakland, en California, conocida por la huelga general de 1946, volvió a recurrir a esa medida el pasado 2 de noviembre, y a comienzos de este año los sindicatos del estado de Wisconsin aprobaron una huelga general cuando la ciudad de Madison se preparaba para ocupar el edificio del Parlamento estadual –lo que concretó con éxito– en lucha contra el gobernador y su propuesta de neutralizar a los sindicatos, eliminando la negociación colectiva en la administración pública. ¿Qué significa esta reaparición de la huelga general? Si bien es cierto que la historia no se repite, ¿qué paralelismos se pueden hacer con las condiciones y las luchas sociales del pasado?

En ámbitos diferentes (comunidades, ciudades, regiones, países), la huelga general siempre fue una manifestación de resistencia contra una condición gravosa e injusta de carácter general, o sea, una condición capaz de afectar a los trabajadores, a las clases populares o hasta a la sociedad en su conjunto, aun cuando algunos sectores sociales o profesionales fuesen afectados más directamente. Limitaciones de los derechos civiles y políticos, represión violenta de la protesta social, derrotas sindicales en cuestiones relacionadas con la protección social, la deslocalización de empresas con impacto directo en la vida de las comunidades, decisiones políticas contrarias al interés nacional o regional (“traiciones parlamentarias”, como la opción por la guerra o el militarismo): éstas fueron algunas de las condiciones que, en el pasado, llevaron a la decisión de realizar una huelga general. A principios del siglo XXI vivimos un tiempo diferente y las condiciones gravosas e injustas no son las mismas que en el pasado. Sin embargo, en el nivel de las lógicas sociales que las rigen hay paralelismos perturbadores que fluyen en las profundidades del movimiento por la huelga general y un ejemplo es la convocada el próximo 24 de noviembre en Portugal. Ayer fue la lucha por derechos de los que las clases populares se consideraban injustamente privadas; hoy es la lucha contra la pérdida injusta de derechos por los que tantas generaciones de trabajadores lucharon y que parecían una conquista irreversible. Ayer fue la lucha por un reparto más equitativo de la riqueza nacional que generaban el capital y el trabajo; hoy es la lucha contra un reparto cada vez más desigual de la riqueza (confiscación de salarios y jubilaciones, incremento de horarios y ritmos de trabajo, impuestos y rescates financieros a favor de los ricos –el “uno por ciento”, según los ocupantes de Wall Street– y una vida cotidiana de angustia e inseguridad, de colapso de las expectativas, de pérdida de la dignidad y la esperanza para el “99 por ciento”). Ayer fue la lucha por una democracia que representara los intereses de las mayorías sin voz; hoy es la lucha por una democracia que, después de ser parcialmente conquistada, fue destripada por la corrupción, por la mediocridad y la pusilanimidad de los dirigentes y por la tecnocracia en representación del capital financiero al que siempre sirvió. Ayer fue la lucha por alternativas (el socialismo) que las clases dirigentes reconocían como existentes y por eso reprimían brutalmente a quien las defendiera; hoy es la lucha contra el sentido común neoliberal, masivamente reproducido por los medios de comunicación al servicio del capital, que sostiene que no hay alternativas al empobrecimiento de las mayorías y al vaciamiento de las opciones democráticas.

En términos generales, podemos decir que la huelga general en la Europa de hoy es más defensiva que ofensiva, busca menos promover un avance de la civilización que impedir un retroceso. Es por eso que deja de ser una cuestión de los trabajadores en su conjunto para ser una cuestión de los ciudadanos empobrecidos en su conjunto, tanto de los que trabajan como de los que no encuentran trabajo, como también de los que trabajaron la vida entera y hoy ven amenazadas sus jubilaciones. En la calle, la única esfera pública que todavía no han ocupado los intereses financieros, se manifiestan los ciudadanos que mayoritariamente nunca participaron en sindicatos o en movimientos sociales, ni tampoco se imaginaron manifestándose a favor de causas ajenas. De repente, las causas ajenas son las propias.

* Doctor en Sociología del Derecho, profesor en las universidades de Coimbra (Portugal) y Wisconsin (EE.UU.).
Traducción: Javier Lorca.

lunes, 14 de noviembre de 2011

Yo comulgo plenamente con el pensamiento de Dario Rivas... Si por casualidad leyera estas líneas o alguien le halbara de mi, que tenga la seguridad de que siempre tendrá en mi todo el respeto que se merece, aunque personalmente no le conozca, pero las ideas y la justica que promueve me tocan en el alma... Le mando un abrazo y que vea en vida la culminación de esta lucha que encabeza. Miguel

Darío Rivas tiene 92 años. Llegó de niño a la Argentina y a los años se enteró de que su padre, alcalde en la provincia de Lugo, había sido fusilado por los fascistas. Hace un año inició una causa que pretende llevar a la justicia universal, ahora al otro lado del Atlántico. En una entrevista con Página/12 cuenta por qué lo decidió.

Por Rocío Magnani

Darío Rivas se despidió de su padre a los nueve años, cuando lo subieron a un barco rumbo a Buenos Aires. Lo volvió a perder a los 17, fusilado por oficiales franquistas, según le comunicaron en una carta; y le dijo adiós, por tercera vez, hace seis años, en el cementerio de Loentia, Galicia, donde logró enterrarlo tras décadas de búsqueda. Pero el hombre, gallego de raza, no se conforma ni olvida. Tiene casi 92 años y encabeza en la Argentina, donde vivió casi toda su vida, una denuncia para que los crímenes del franquismo no queden impunes. Pide justicia por su padre, Severino Rivas, que fue alcalde del ayuntamiento Castro de Rei, en la provincia de Lugo, cuando lo detuvieron y luego fusilaron “por traición a la patria”, el 29 de octubre de 1936.

El sol deslumbra la casita de rejas verdes de la calle Caxaraville, en Ituzaingó. Cruzando los primeros dormitorios, Darío Rivas espera en un banco de piedra del jardín, con la vista perdida o, quizás, la memoria aferrada a algún recuerdo. Viste de traje, corbata celeste y chaleco de lana. Acaba de regresar del centro porteño y, a pesar de los casi 92 años que cumplirá en febrero, lo hizo en tren. Sobre una mesa ratona de su living, amontona algunos artículos sobre su último viaje, en agosto pasado, a España, para participar de un foro en la Universidad de Salamanca. Además, aprovechó la visita para sumarse a la Ronda de la Dignidad en Puerta de Sol, que se hace cada jueves, en simultáneo con la que realizan las Madres de Plaza en torno de la Pirámide de Mayo. En esa manifestación denunció que a más de 75 años del inicio de la Guerra Civil, “los culpables no han sido juzgados, el gobierno de España no busca a sus desaparecidos y muchos niños secuestrados no conocen su verdadera identidad”. “Eso es una vergüenza, no de España sino de la humanidad –cree Rivas–. Es dejar vivo el antecedente de un genocidio impune que van a pagar las generaciones futuras. Por eso, si no lo hacen ellos, como debería ser, lo haremos desde aquí”, desde Argentina. “Lo haré yo, un viejo, desde Ituzaingó”, se ríe.

“(Francisco) Franco prometió antes de morir que detrás de él todo iba a quedar ‘bien atado’. Y así fue. En España siguen viviendo la dictadura franquista. El hizo las leyes, nos impuso el tipo de gobierno que quiso (monarquía parlamentaria) y nombró al rey (Juan Carlos de Borbón) como su sucesor. Dos años después de su muerte, en 1977, los funcionarios de la Falange sancionaron la Ley de Amnistía, que establece que nadie puede ser juzgado por crímenes políticos cometidos en esa época. Y desde entonces no cambió nada”, asegura Rivas a Página/12.

–Usted vino de muy chico a Buenos Aires...

–Cuando tenía nueve años.

–¿Qué recuerdos tiene de su padre?

–Y... de él me acuerdo mucho. Recuerdo que era un padre excepcional para esa época. Me ha llevado al teatro cuando yo era sólo un niñito de aldea para que conociera algo del mundo. Vivíamos bien. Yo era el más chico de nueve hermanos, mi madre había muerto cuando tenía cinco. Por ese tiempo, además de labrador, mi padre hacía durmientes para el ferrocarril. De todos modos, él sabía que mi futuro en España iba a ser malo y como acá tenía tres hermanos, me subió al barco. Cuando llegué al país, no había pisado nunca una escuela.

–Su padre, ¿ya era alcalde cuando usted emigró?

–No, eso fue unos años después, pero mi padre ya era un hombre de respeto. Cuando la República ganó las elecciones, lo primero que él hizo como gobernante fue traer un maestro del Estado y habilitar nuestra casa para poner la escuela. No cobraba ni alquiler, ni nada. En una oportunidad en que llego a España, un amigo mío me dice: “Oye, yo estudié en tu casa”. Y yo: “Mira qué negocio, tú estudiaste en mi casa, y yo tuve que hacer 12 mil kilómetros para ir al colegio”. Cuando llegó Franco, a los primeros que mataban era a los maestros, porque como daban un poco de inteligencia, los calculaban comunistas, rojos o lo que sea.

–Y él era socialista, ¿no?

–No. Ahí te equivocás, nena. A él le gustaba ayudar a los pobres y practicaba el socialismo del corazón, no como estos caudillitos de la sociedad española que dicen que son socialistas y no lo son. ¿Qué es ser socialista? ¿Zapatero es socialista? ¿El, que no hace nada para que se juzguen los crímenes de Franco? El socialismo hay que practicarlo con el corazón, no hablando. Si no, es una farsa. Hace algunos años, el ayuntamiento de Castro de Rei decidió ponerle el nombre de mi padre a una calle en homenaje a sus actos. Entonces, hicieron una evaluación de su gestión y lo que descubrieron es que le sobraban méritos. Así que allá está, la Rua Severino Rivas.

–¿Por qué actos lo distinguieron?

–Mi padre le daba algo de propiedad (de tierras) a la gente que no tenía nada que comer para que sembraran. Porque España fue un país feudal y se pasó hambre, aunque no lo dice nadie. Los únicos que comían eran los curas, los militares y los señores feudales. Estaba lleno de gente con tuberculosis. A mi padre primero lo procesaron por revolucionario porque no permitió que la gente pagara impuestos en una feria. El recaudador le preguntó por qué se metía y él respondió: “Pero si esta gente no vendió nada, ¡cómo le vas a pedir los impuestos y encima aumentados!”. Entonces el recaudador llamó a la Guardia Civil, que llegó a caballo, montando de a dos, y para reprenderlo, lo atropellaron. Mi padre no era hombre que se dejara tratar de esa forma, así que los bajó de la montura a los golpes. La conclusión del asunto: lo llevaron a la cárcel.

–¿Cómo se enteró de su asesinato?

–A los 17, por carta. Yo sabía que algo así podía pasar porque los militares en España siempre son los mismos: estudian para matar y casi toda la vida se les concreta la idea. Es un defecto de nacimiento, y no sólo de los españoles. Peor, si después no se condenan sus crímenes. En la Universidad de Salamanca me preguntaron si yo perdonaba a España... Y si perdonar significa callar u olvidar, no, yo no perdono. Yo acuso. Porque a España no le debo nada y porque si hago esto es por esperanza, jamás por rencor. Por eso, si el juicio no fuera bien o hubiera problemas, yo voy a renunciar a la ciudadanía española con una declaración por la permanente injusticia que se vive todavía.
Buscar verdad

“Papá, descansa en paz, te lo pide tu hijo mimado.” Esas palabras fueron las que, tras décadas de incertidumbre sobre el paradero de los restos de su padre, Darío logró grabar el 19 de agosto de 2005 sobre la lápida de la tumba de Severino Rivas Barja, a quien “asesinaron el 29 de octubre de 1936 los falangistas”. La placa concluye: “Volvió a casa para descansar en Paz”. Para ello, primero hubo que rastrear y exhumar sus restos.

–¿Cómo los encontró?

–Estaba de viaje en España en 2004, cuando entramos con mi sobrina a una casa de recuerdos en Portomarín. La mujer que atendía me contó que de muy joven había visto un hombre asesinado y tirado en la carretera, el cuerpo estaba tapado con un gabán. Yo recordaba que mi hermana le había regalado uno por esa época. Enseguida fui a ver al carnicero, que me llevó a ver a otro viejito que vivía al lado del cementerio y tenía enterrado a su padre allí. Pero mi padre resultó que estaba escondido detrás de una capilla de Cortepezas, a tres kilómetros de Puerto Marín.

–Empezó a investigar...

–Claro. Empecé con los viejos de esa zona y, entre ellos, uno recordaba haber visto su cuerpo tirado en la carretera y le tocó velarlo. El sabía dónde lo habían enterrado. El procedimiento de los falangistas era matemático para todo el mundo. Secuestraban, iban y sacaban a la persona de la casa, lo llevaban y lo mataban. Después, lo tiraban en la cuneta de la carretera boca arriba para escarmiento del pueblo. Y como no podía quedar el cuerpo allí, le avisaban a cualquiera para que después lo enterraran donde ellos decían.

–¿Hubo que reunir pruebas para que se autorizara la excavación?

–Sí, pero para eso estaban los registros del Archivo Histórico, que decían que lo fusilaban por “oposición a la autoridad” y “traición a la patria”. Están todas las constancias con las firmas de los falangistas, cuando le pedían al ejército y rogaban a Su Señoría que condenaran a Severino Rivas por traición a España. Cinco tiros le dieron los falangistas a mi padre, que por entonces tendría 58 años. Yo pensaba: “¡Pero cómo es que juzgan (así) a mi padre, si es que los traidores de la patria eran Franco y toda su camarilla!”. Finalmente, y con la ayuda de la Asociación de la Memoria, pudimos exhumar sus restos y enterrarlo en el panteón de la familia, en Loentia.

–Pasó casi dos tercios de su vida buscando a su padre, ¿cómo vivió las horas de exhumación?

–Tenía una gran ansiedad porque los restos habían quedado justo donde caía el agua desde la pendiente de un techo, fue muy poco lo que se recuperó y se tardó mucho tiempo. Pero sentí un gran alivio, estaba cumpliendo con mi padre. Mucha gente puede preguntarse para qué llevar flores al cementerio, si el muerto ni se entera. Pero soy yo el que necesito llevar las flores, no el muerto. Yo necesitaba encontrar algo de mi padre. Era como un mandato y una necesidad humana mía.

–¿Desde chico sentía esa necesidad?

–No, no te olvides que una cosa es cuando sos joven. Sabía que no me gustaba lo que había pasado y no pensaba volver a España nunca más. Era odio con el país porque me había tenido que ir para poder vivir, porque España no me mandaba al colegio, no me daba de comer y porque España me había robado a mi padre. Pero cuando fueron pasando los años, viajé a España y empecé a querer saber. Allá nadie me hablaba de mi padre. Había un silencio no cómplice, pero sí temeroso.

–¿Cómo es eso?

–Mis hermanos sabían dónde estaba y se llevaron el secreto a la tumba porque temían que yo hiciera algo y que me mataran a mí también. Recuerdo que la primera vez que volví a España fue en 1952, por pedido de mi mujer, que quería ver a una tía que tenía allá. Desembarcamos en el puerto de La Coruña y lo primero que vi fue a las mujeres de luto. Todas las mujeres y algún hombre de negro también, parados en la acera. Y es que iba a pasar un personaje, el mismísimo Franco, el animal ese en su coche blindado, rodeado de moros con capas de lujo haciéndole escolta. Ostentando, entre toda esa gente que había perdido a sus seres queridos. Todo era luto en España. Había mucho miedo.
Buscar justicia

Ahora, Darío Rivas quiere que los crímenes del franquismo no queden impunes. Aunque España no los juzgue, la causa que impulsó, que ya suma una decena de querellantes, apelará a los principios universales que impiden que los crímenes de guerra, por ser de lesa humanidad, prescriban.

–¿Por qué España nunca logró juzgar los crímenes de la Guerra Civil?

–Durante la dictadura, el pueblo no se animó a reclamar porque literalmente te cortaban la cabeza, ¿pero hoy? Por un lado, está la complicidad de ciertos sectores. Muestra de eso es que en el Parlamento se hayan negado en julio pasado a derogar la Ley de Amnistía de 1977 o que le hayan iniciado un prevaricato al juez (Baltasar) Garzón por tratar de investigar. Ni siquiera la Real Academia Española quiere reconocer a Franco como dictador.

–¿Y por la otra parte?

–Hay una idiotez del pueblo. En España se han perdido los sentimientos: los jóvenes no protestan por la impunidad y, a los viejos, Franco les puso tanto pánico que todavía algunos le temen hoy, en democracia.

–¿Qué quisiera que se logre con esta denuncia?

–Hay 113 mil cuerpos desaparecidos, 30 mil niños secuestrados, 2500 fosas sin abrir en las que se acumulan los cuerpos a montones. En el cementerio de Zaragoza se fusilaron 1500 contra el paredón. Es una vergüenza. Quiero que se juzgue al franquismo. Eso sería agarrar a los que queden vivos y hacer que Franco quede en la historia como un dictador y un criminal de lesa humanidad, y no en un mausoleo turístico del “Valle de los Caídos”. Que los cadáveres se recuperen para ser entregados a sus familias como héroes, y no como víctimas, porque no murieron producto de un accidente, fueron asesinados por un dictador. Muchos españoles piensan que si hay cuerpos en fosas comunes, “por algo será”. Yo no quiero que ese pensamiento exista. Me recuerda lo que escuchábamos acá en la dictadura: “Algo habrán hecho”.