EEUU será derrotado como en Vietnam...

Eso es lo que mi padre decía: "la prensa libre... libre para mentir y ocultar la verdad y los crímenes" de los guerreros yanquis en sus interminables guerras de conquista y dominio. Como si todas las atrocidades posibles y por haber no se hubieran documentado ya suficientemente, con fotos, videos y testimonios de miles de patriotas vietnamitas que eran acusados de "terroristas" por atreverse simplemente a defender su tierra patria del invasor extranjero.. contra franceses primero y contra los yanquis después. No puedo olvidar tampoco la guerra de Corea. Ocultar la verdad es una práctica corriente entre criminales y piratas alevosos. La lista de los valientes que con una simple pluma se atreven a desenmascarar al imperiaismo está siendo ya interminable.. Robert Fisk es uno de ellos. Enhorabuena. Miguel Fernández

Por Robert Fisk *

Como de costumbre, los árabes sabían. Sabían todo de las torturas en masa, del promiscuo tiroteo de civiles, del escandaloso uso del poderío aéreo contra viviendas de familias, de los despiadados mercenarios estadounidenses y británicos, los cementerios de muertos inocentes. Todo Irak lo sabía. Porque ellos eran las víctimas.

Sólo nosotros podíamos fingir que no sabíamos. Sólo nosotros en Occidente podíamos rechazar cada acusación, cada afirmación contra los estadounidenses o británicos, poniendo a algún digno general –vienen a la mente el vocero militar estadounidense Mark Kimmitt y el terrible jefe del estado mayor conjunto Peter Pace– a rodearnos de mentiras. Si encontrábamos un hombre que había sido torturado nos decían que era propaganda terrorista; si descubríamos una casa llena de niños muertos en un bombardeo aéreo norteamericano también era propaganda terrorista, o “daño colateral”, o una frase simple: “No tenemos información de eso”.

Desde luego, siempre sabíamos que sí la tenían. Y el océano de memorandos militares que se reveló este sábado lo volvió a demostrar. Al Jazeera ha llegado a extremos para rastrear a las familias iraquíes cuyos hombres y mujeres fueron asesinados en retenes estadounidenses –yo he identificado a alguna porque la reporté en 2004, el vehículo acribillado, los dos periodistas muertos, hasta el nombre del capitán local estadounidense– y fue The Independent on Sunday el primero en alertar al mundo sobre las hordas de pistoleros indisciplinados que eran llevados a Bagdad para proteger a diplomáticos y generales. Estos mercenarios, que se abrieron paso asesinando en las ciudades de Irak, me insultaron cuando les dije que estaba escribiendo acerca de ellos, allá en 2003.

Siempre es tentador desentenderse de una historia diciendo que “no es nada nuevo”. La idea de la “vieja historia” es usada por los gobiernos para enfriar el interés periodístico, pues sirve para cubrir la inactividad periodística. Y es cierto que los reporteros ya han visto antes algo de esto. La “evidencia” de la participación iraní en la fabricación de bombas en el sur de Irak fue filtrada por el Pentágono a Michael Gordon, del New York Times, en febrero de 2007. La materia prima, que ahora podemos leer, es mucho más dudosa que la versión generada por el Pentágono. Por todo Irak había material militar iraní de la guerra Irak-Irán de 1980-88, y la mayoría de los ataques contra los estadounidenses fueron llevados a cabo en esa etapa por insurgentes sunnitas. Por cierto, los informes que sugieren que Siria permitió el cruce de insurgentes por su territorio son correctos. He hablado con familias de los atacantes suicidas palestinos cuyos hijos llegaron a Irak desde Líbano a través de la villa libanesa de Majdal y luego por la ciudad norteña siria de Aleppo para atacar a los estadounidenses.

Pero, aunque escrita en escueto lenguaje militar, aquí está la evidencia de la vergüenza estadounidense. Es un material que puede ser usado por abogados en tribunales. Si 66.081 –me encantó ese “81”– es la cifra más alta disponible de civiles muertos, entonces la cifra real es infinitamente más alta, pues este registro sólo corresponde a los civiles de los cuales los estadounidenses tuvieron información. Algunos fueron llevados a la morgue de Bagdad en mi presencia, y fue el oficial a cargo quien me dijo que el Ministerio de Salud iraquí había prohibido a los médicos practicar autopsias de los civiles llevados por soldados estadounidenses. ¿Por qué se dio esta orden? ¿Tendría algo que ver con los 1300 reportes independientes norteamericanos sobre tortura en las estaciones policiales iraquíes?

Sin embargo, sospecho que esta masiva revelación de material de la guerra de Irak tiene serias implicaciones para periodistas y ejércitos por igual. ¿Qué caso tiene enviar equipos de reporteros a investigar crímenes de guerra y reunirse con gargantas profundas militares si de pronto casi medio millón de documentos secretos van a acabar flotando frente a uno en una pantalla?

Aún no hemos llegado al fondo de la historia de Wikileaks, y más bien sospecho que hay más de unos cuantos soldados estadounidenses implicados en esta última revelación. ¿Quién sabe si no llega hasta lo más alto? En sus investigaciones, por ejemplo, Al Jazeera encontró un extracto de una conferencia de prensa de rutina del Pentágono en noviembre de 2005. Peter Pace, el nada inspirador jefe del estado mayor conjunto, informa a los periodistas cómo deben reaccionar los soldados ante el tratamiento cruel de prisioneros, señalando con orgullo que el deber de un soldado estadounidense es intervenir si ve evidencia de tortura. Luego la cámara se mueve hacia la figura mucho más siniestra del secretario de Defensa Donald Rumsfeld, quien de pronto interrumpe casi en un murmullo, para gran consternación de Pace: “No creo que quiera usted decir que los soldados están obligados a detenerla físicamente. Su deber es reportarla”.

Desde luego, la significación de este comentario –crípticamente sádico a su modo– se perdió en los diarios. Pero ahora el memorando secreto Frago 242 arroja mucho más luz sobre esa conferencia de prensa. Enviada presumiblemente por el general Ricardo Sánchez, la instrucción a los soldados es: “Supuesto que el reporte inicial confirme que las fuerzas estadounidenses no tuvieron que ver en el abuso contra detenidos, no se realizará mayor investigación, a menos que lo ordene el alto mando”. Abu Ghraib ocurrió bajo la supervisión de Sánchez en Irak. Fue también Sánchez, por cierto, quien no pudo explicarme durante una conferencia de prensa por qué sus hombres dieron muerte a los hijos de Saddam Hussein en un tiroteo en Mosul, en vez de capturarlos.

El mensaje de Sánchez, según parece, debió haber tenido el visto bueno de Rumsfeld. Del mismo modo, el general David Petraeus –tan amado por los periodistas estadounidenses– fue presuntamente responsable del dramático incremento en los ataques aéreos en el curso de dos años: de 229 sobre Irak en 2006 a 1447 en 2007. Resulta interesante que los ataques aéreos de Estados Unidos en Afganistán se han elevado 172 por cierto desde que Petraeus asumió el mando militar allá.

Todo esto hace aún más asombroso que el Pentágono ahora se desgarre las vestiduras porque Wikileaks podría tener sangre en las manos. El Pentágono ha estado manchado de sangre desde que dejó caer una bomba atómica sobre Hiroshima en 1945, y para una institución que ordenó la invasión ilegal de Irak en 2003 –¿acaso la cifra de civiles muertos no fue allí de 66 mil, según sus propias cuentas, de unos 109 mil registrados?– resulta ridículo afirmar que Wikileaks es culpable de homicidio.

La verdad, por supuesto, es que si este vasto tesoro de informes secretos hubiera demostrado que la cifra de muertos era mucho menor de lo que la prensa proclamaba, que los soldados estadounidenses nunca toleraron la tortura por policías iraquíes, que rara vez dispararon a civiles en retenes y siempre llevaron a los mercenarios asesinos ante la Justicia, los generales estadounidenses habrían entregado estos expedientes a la prensa sin cargo alguno en las escalinatas del Pentágono. No sólo están furiosos porque se haya roto el secreto o porque se haya derramado sangre, sino porque los han pescado diciendo las mentiras que siempre supimos que decían.
Por Patrick Cockburn *

El gobierno iraquí prometió investigar si los empleados de la compañía de seguridad Blackwater estuvieron involucrados en asesinatos que no habían sido revelados hasta que aparecieron publicados por el medio Wikileaks. Además del caso ocurrido en Bagdad en 2007, cuando guardias de Blackwater asesinaron a 17 e hirieron a 18 civiles, el Buró de Periodismo de Investigación afirmó haber descubierto otros 14 casos cuando el personal de Blackwater abrió fuego contra civiles. La información surgió de los partes de guerra que fueron publicados por Wikileaks. Ese material muestra que más de diez civiles fueron asesinados y unos siete heridos por los integrantes de Blackwater, una compañía de seguridad privada estadounidense que ahora se llama Xe. En un tercio de los casos, los guardias privados estaban protegiendo a diplomáticos norteamericanos como parte de un contrato equivalente a 465 millones de dólares.

Los partes de guerra revelan repetidos casos en que les dispararon a vehículos civiles que pasaban cerca de los convoys. En una ocasión, hasta mataron al conductor de una ambulancia que había concurrido hasta un lugar donde había habido un ataque con bombas. En Bagdad, políticos sunnitas sostienen que los informes militares de Estados Unidos confirman y dan credibilidad a sus denuncias de que miembros de su comunidad estaban siendo torturados por las fuerzas de seguridad dominadas por los chiítas.

La organización Iraq Body Count (Recuento de cuerpos en Irak) afirma que los 400 mil partes de guerra difundidos por Wikileaks muestran que los muertos en Bagdad no son 107 mil, como la entidad estimaba, sino que a esa cifra deben sumársele 15 mil bajas más. Desde el comienzo de la guerra en 2003, los militares estadounidenses reiteraron que no tenían estadísticas de cuántos civiles iraquíes habían sido asesinados o heridos. El objetivo de esto habría sido impedir que se dieran protestas por estas pérdidas, como había ocurrido en Vietnam.

Los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido intentaron restar importancia a las víctimas civiles en Irak, afirmando que sólo en cuatro de las 18 provincias del país existía un alto nivel de violencia. Hace poco, el Pentágono admitió que las muertes no militares llegaron a ser de 3500 o 4 mil en diciembre de 2006.

Aun así, el viceprimer ministro bitánico, Nick Clegg, dijo que las revelaciones de Wikileaks son extremadamente graves. “Debe investigarse todo lo que lleve a pensar que las reglas de la guerra fueron violadas y que la tortura fue tolerada”, dijo el político liberal. Clegg, antes de formar parte de la coalición de gobierno del premier conservador David Cameron, fue uno de los más férreos detractores de la participación británica en la guerra de Irak. “Su lectura es francamente desoladora”, declaró el vicejefe de gobierno a la cadena BBC, refiriéndose a la publicación de los documentos. “Son hechos muy graves y la administración estadounidense querrá dar su propia respuesta y no nos corresponde decirles cómo hacerlo”, agregó. La Casa Blanca todavía no hizo declaraciones, aunque la difusión de los documentos fue condenada por el jefe de estado mayor estadounidense, el almirante Mike Mullen. Dijo que fue una acción irresponsable y que pone en riesgo a muchas personas.

La organización Human Rights Watch (HRW) pidió a las autoridades iraquíes que investiguen las denuncias que afirman que sus tropas infligieron torturas y abusos sistemáticos a los detenidos. “El gobierno estadounidense tiene que investigar si sus fuerzas violaron el derecho internacional al transferir a miles de detenidos iraquíes a custodia iraquí a pesar del riesgo de tortura”, agregó.

El primer ministro en funciones iraquí, Nuri al Maliki, negó la veracidad de los papeles y denunció que la publicación en Internet persigue objetivos políticos. En ese clima, la Corte Suprema de ese país le ordenó ayer al Parlamento que se reúna para elegir a su nuevo presidente.

Las guerras del imperio son interminables...

Como todas las guerras imperiales el objetivo primario y último es la rapiña sin rastro alguno de respeto y consideraciones humanas para nadie... Esa lección la conocen muy bien en México.. vapuleado y humillado durante los todos escasos 234 años de historia de los EEUU... Y lo que queda por ver todavía..

Afganistán: una guerra inmoral
17/10/2010

Carta abierta de Michael Moore, cineasta estadounidense.
Camaradas americanos: Hace nueve años, un día como hoy invadíamos Afganistán. Yo estaba cumpliendo 40 años. Tenía un Discman y un Oldsmobile y participaba realmente del Live Journal(1). Eso fue hace mucho tiempo. Hace tanto tiempo, ¿alguien recuerda por qué estamos allí? Creo que cada uno de nosotros quería capturar a Osama Bin Laden y llevarlo ante la Justicia. Pero se escapó varias veces durante el primer mes o algo así. Desapareció. Nosotros permanecimos. Volviendo ahora la vista atrás, no tiene sentido.
Necesitando un nuevo pretexto para encarar esa misión, decidimos derrocar a los extremistas religiosos que gobernaban Afganistán. Y lo hicimos. A diferencia de Osama, nunca se fueron ¿Por qué no? Bueno, ellos eran afganos, era su país. Y aunque parezca demasiado extraño, una gran cantidad de afganos los apoyaba. Actualmente los talibán solo tienen 25 mil combatientes. ¿Creen ustedes que un ejército tan pequeño puede controlar y someter a una nación de 28 millones contra su voluntad? ¿Adonde está el error en esta situación? ¿Qué está pasando aquí?
La verdad es que no encuentro una respuesta. Mis generales no pueden decirme cuál es nuestra misión allí. Si fuimos a hacer salir a Al Qaeda, ya se fue. La CIA me explica que todavía hay unos cien en todo el país.
Mis generales admiten estar de acuerdo conmigo en lo siguiente:
1) No hay manera de derrotar a los talibán. Tienen mucho apoyo popular en las áreas rurales, la mayor parte del país. 2) Aunque hemos estado allí nueve años, la verdad es que son los talibán, no nosotros, no el gobierno afgano quienes controlan el país. Después de nueve años sólo hemos desplazado al 3% de los talibán. ¡¡3%!! (Sólo como referencia, nos llevó sólo once meses, después del Día D, derrotar a los nazis a través de Europa). 3) Nuestras tropas y sus comandantes están aún tratando de aprender el idioma, la cultura, las costumbres de Afganistán. El hecho es que el promedio de la gente no confía en nuestras tropas (especialmente después de que éstas han matado a muchos civiles, por exceso o por deporte). 4) El gobierno afgano que hemos instalado es corrupto a más no creer. La gente no confía en él. El presidente Karzai vive con antidepresivos y nuestros consejeros nos cuentan que muchas veces es errático y chiflado. Su hermano tiene una relación muy amistosa con los talibán y se cree que es el mayor traficante de heroína. La heroína es el principal contribuyente de la economía afgana.
La guerra en Afganistán es un mamarracho. Crece la insurgencia –y qué otra cosa podría esperarse: ¡tropas extranjeras han invadido y ocupado su país! La gente responsable del 9/11 ya no está allí. Entonces, ¿por qué estamos nosotros? Estamos entregando todos los días la vida de nuestros hijos e hijas por razones que nadie puede definir. En efecto, la única razón que yo advierto es que está llenando con billones de ganancias los bolsillos de las empresas contratistas. Esa es la razón para permanecer allí, así Halliburton podrá depositar mayores beneficios este trimestre.
Ya es tiempo, para mí, de hacer regresar a casa a nuestras tropas, ya mismo. No debe morir ningún otro usamericano. Sus muertes no nos proporcionan más seguridad ni le brindan más democracia a Afganistán.
No es nuestra misión derrotar a los talibán. Esa es una tarea del pueblo afgano –si eso es lo que quiere–. Existen muchos grupos y líderes despreciables en el mundo. No vamos a invadir 30 países para derrocar a sus regímenes. Esa no es nuestra tarea.
No voy a permanecer en Afganistán sólo porque aún estamos allí y porque todavía no hemos “ganado”. No hay nada que ganar. Nadie desde el Gengis Khan hasta Leonid Brezhnev pudo ganar allí. De modo que las tropas deben volver a casa. Rechazo seguir asustando al pueblo usamericano con la cantinela de la “Guerra al Terrorismo”. ¿Hay terroristas? Sí ¿Pueden atacar de nuevo? Lamentablemente, sí. Pero los terroristas activos son pocos y distantes entre sí y no deberían dictarnos cómo vivir nuestra vida cotidiana o hacernos ignorar nuestros derechos constitucionales. Ellos no deben distraernos de lo que son nuestras reales prioridades en materia de seguridad nacional: que cada uno tenga un buen trabajo, que las familias puedan comprar su propia casa y mandar a los chicos al colegio, un seguro universal de salud estructurado por nuestros representantes electos –y no por empresas codiciosas y hambrientas de ganancias–. Esa debería ser la verdadera seguridad de nuestros hogares.
¿Y qué hacemos con Osama bin Laden? ¿Hace nueve años que no podemos encontrar a un árabe de 1,85 m que aparentemente estaría siendo dializado? ¿Ni siquiera ofreciendo 25 millones a quien nos diga adónde está? ¿No les parece que alguien nos ha estado tomando el pelo hasta ahora? He aquí lo que yo sé: Osama bin Laden es un multimillonario, y hay algo que he aprendido sobre los ricos y es que ellos no viven en cuevas durante nueve años. Bin Laden está muerto o escondido en algún lugar adonde lo protege su dinero. O tal vez haya vuelto a casa.
Que es lo que nosotros deberíamos hacer. Ahora. Mis condolencias a las familias de todos los que han muerto en esta guerra. Muchos de ellos se enrolaron después del 9/11 queriendo ejercer su deber porque habíamos sido atacados. Pero no fuimos atacados por otro país. Fuimos atacados por unos pocos extremistas religiosos. Y no se derrota a unos pocos matones embarcando cientos de vehículos armados y cientos de miles de soldados hacia la otra mitad del mundo. Eso es pura idiotez.
Dios esté con ustedes.
No soy musulmán.

Cometario al artículo de Diego Martínez...

Los crímenes son crímenes y no se puede tolerar que queden impunes... aún cuando no se pueda castigar al asesino (s) porque ya no viva, al menos se debe dejar constancia jurídica y civil del crimen y que la autoridades expresen públicamente su condena a estos hechos por encima de las creencias políticas, religiosas y de todo orden. De lo contrario el régimen democrático cojea de las dos patas y se convierte en realidad en una caricatura de lo que debe ser. El régimen franquista (fascista) persiguió a los españoles republicanos, liquidándolos incluso físicamente, muchos años después de terminada la guerra civil. De hecho, para Franco, la guerra civil terminó con su muerte en 1975. Hasta ese año tuvo secuestrados y manipulados todos los poderes de Estado. Tan sólo con su muerte fue posible dar los primeros pasos para ir construyendo las estructuras de un régimen "democrático", que al final resultó un régimen fuertemente condicionado con la herencia franquista, con unos poderes "fácticos" que siguen hasta hoy día imponiendo su ley ( o egoísmo sin límites), como quedó más que claro con el caso del juez Baltasar Garzón. Aplaudo esta iniciativa de los letrados argentinos que insta al Gobierno español a tomar la iniciativa en la investigación y la recuperación de la memoria histórica de los Españoles. Eso precisamente lo que no quieren las castas-fascistas españolas y tantísimo españoles que no comprenden (por pura ignorancia) el alcance de lo que quería conseguir Garzón y la “terquedad” de tantos españoles que quieren saber dónde están sus parientes asesinados, a los que Franco robó incluso sus restos mortales...
Miguel Fernández.

Por Diego Martínez
Los crímenes del franquismo no quedarán impunes. Aun si todos los funcionarios, militares y dirigentes de la Falange estuvieran muertos, los familiares de las miles de víctimas podrán ejercer el derecho a conocer el destino final de sus seres queridos. Si no lo investiga la Justicia de España, lo hará la Justicia argentina. La decisión, un hito en la historia de la aplicación de la jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad, la tomaron ayer los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, al declarar la nulidad de la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría que, a instancias del fiscal Federico Delgado, había rechazado un pedido de investigar presentado por descendientes de víctimas y por organismos de derechos humanos de la Argentina.
El intento de investigar los crímenes del dictador Francisco Franco entre 1936 y 1952 le costó al juez Baltasar Garzón una acusación por prevaricato, la suspensión temporaria en el cargo y un proceso que podría concluir con su inhabilitación. La actuación del magistrado que en los ’90 impulsó la investigación de los crímenes en Sudamérica, sin embargo, fortaleció el reclamo de los descendientes de las víctimas, que comenzaron a organizarse hace quince años, y derivó en movilizaciones masivas en toda España.
Ante la parálisis del proceso y la persecución al juez, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, junto con familiares de víctimas de dirigentes asesinados y organismos de derechos humanos, presentaron en Argentina, el 14 de abril, una denuncia para terminar con más de setenta años de impunidad. La primera negativa corrió por cuenta de Delgado, quien no rechazó el principio de jurisdicción universal, pero consideró que la investigación de Garzón no estaba cerrada, sino “a la espera de que el Tribunal Supremo se expida sobre el punto”. El 7 de mayo, en base al dictamen fiscal, Servini de Cubría sostuvo que no podía investigar de oficio y rechazó el pedido.
Cattani e Irurzun, miembros de la Sala II de la Cámara Federal, consideraron que la resolución de Servini de Cubría “carece de fundamentación y sustento” y cuestionaron la decisión por no controlar la legalidad del dictamen fiscal que la jueza consideró vinculante. También la criticaron (e indirectamente al fiscal) por “no haber evaluado si la información en la que el fiscal basó su postura desestimatoria –obtenida en Internet– representa sustento suficiente” para rechazar la apertura de la investigación.
Además de declarar la nulidad de la resolución, los camaristas le ordenaron a Servini librar exhorto al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que informe “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.
El detalle de las fechas no es menor: Garzón extendió su investigación hasta 1952, cuando terminaron las mayores matanzas del régimen; los abogados encabezados por el argentino Carlos Slepoy pidieron que la investigación alcanzara hasta el fin del régimen en 1977. Extender la indagación un cuarto de siglo implica ampliar el universo de imputados. Mientras España se tome su tiempo para responder, los querellantes le pedirán a la jueza que solicite todas las medidas de pruebas requeridas, comenzando por la identificación de todos los ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y dirigentes de la Falange.
La segunda buena nueva de la Cámara fue su aceptación de un criterio amplio en materia de legitimación para querellar. Servini había aceptado en el rol a Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, ejecutado cuando era alcalde de Castro de Rei, pero había rechazado a Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado cuando también era alcalde en Salamanca. Los jueces destacaron que debe aplicarse el principio general por el cual toda persona ofendida por un delito de acción pública tiene derecho a constituirse como querellante, más allá del grado de parentesco, y recordaron que todos tienen idéntico derecho a la verdad, que es parte de un más amplio derecho a la Justicia.
“Esperemos que la jueza esté a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa”, se esperanzó Slepoy. El abogado recordó especialmente que, igual que las Madres de Plaza de Mayo, entre doscientas y trescientas personas caminan en ronda, todos los jueves, en la Puerta del Sol, en Madrid, con pancartas de sus seres queridos asesinados. “El proceso está naciendo con enorme fuerza. Lo que pueda hacer la Justicia argentina va a ser de enorme trascendencia.”

Por Atilio A. Boron

Con tal de crear las condiciones para producir un “golpe de Estado institucional” como el que derrocara a Mel Zelaya en Honduras, el Congreso paraguayo parece dispuesto a convertirse en el hazmerreír de América al responsabilizar al ministro de Defensa, Luis Bareiro Spaini, por la desaparición de... ¡tres fusiles en el cuartel del Comando de Estado Mayor del Ejército en Campo Grande! La acusación y el eventual juicio político, que tendrá que ser aprobado por la Cámara de Senadores donde ya fue girado, ignora olímpicamente algo que los señores diputados deberían saber: en Paraguay, el ministro de Defensa no tiene mando de tropa, de modo que no tiene injerencia alguna en los cuarteles o destacamentos militares. Lo que en ellos ocurra es algo que excede sus atribuciones. Pero esta nimiedad no disuadió a los conspiradores, que necesitan valerse de cualquier pretexto para despojar al presidente Fernando Lugo de uno de sus más leales colaboradores y, de ese modo, abrir la puerta para declarar su inhabilitación y, en caso de que el ex obispo católico se resistiera, apelar a las fuerzas armadas para hacer cumplir la resolución del Congreso y rematar su ofensiva destituyente. En otras palabras, reeditar el libreto preparado por Washington y exitosamente aplicado en Tegucigalpa, y dar un paso más en la “normalización” de la situación política en las díscolas comarcas al sur del Río Grande.

Pese a las incoherencias y vacilaciones de la gestión del presidente Lugo, su sola presencia –producto de una inédita movilización popular en repudio al sofocante legado del stroessnismo– es un inaceptable estorbo para los designios estadounidenses en la región. Si bien hasta el momento Lugo se ha cuidado de mantener muy cordiales relaciones con la Casa Blanca y consentido el irritante protagonismo de la embajada en los asuntos internos del Paraguay, un amplio espectro del establishment norteamericano lo percibe con mucha aprensión y lo sataniza como el peligroso bienhechor que, a pesar suyo, puede convertirse en el catalizador de procesos políticos mucho más radicales, al estilo de los que existen en la vecina Bolivia o en el más lejano Ecuador. En las afiebradas alucinaciones de los halcones del Pentágono y el Departamento de Estado, Lugo aparece como una suerte de Kerensky tropical que al igual que su predecesor ruso terminará abriendo la puerta a una insurgencia plebeya de incalculables proyecciones y grávida de serias repercusiones en la geopolítica regional. Esto es así porque Paraguay ocupa un lugar privilegiado para cerrar, desde el Sur, el anillo de bases militares que rodea la gran cuenca amazónica, fuente de toda clase de recursos energéticos, biodiversidad, minerales estratégicos y agua, sobre todo agua. Esa es la razón por la que aprovechando la increíble distracción de la Cancillería y el alto mando militar brasileño, dos bases ya se han instalado en ese país, en Pedro Juan Caballero y en Mariscal Estigarribia. Si algo sobra en Paraguay es agua, el “oro azul” cada vez más escaso y que según los expertos será causante de las principales guerras que habrán de librarse en el presente siglo.

Y no sólo el agua que fluye por la superficie sino también la que lo hace bajo tierra, en el imponente Acuífero Guaraní. Si a esto se le suman las buenas relaciones que Lugo mantiene con Chávez, Morales y Correa; el papel de algunos proyectos conjuntos de cooperación internacional que irritan de sobremanera al imperio, como por ejemplo el ALBA Cultural, o el intercambio de petróleo por alimentos entre Pdvsa y el Paraguay; su colaboración con otros gobiernos progresistas de la región y su apoyo a la Unasur, se comprende la urgencia de Washington y sus peones narcofascistas paraguayos en desprenderse cuanto antes de su indeseable presencia. El eventual juicio político a Bareiro Spaini será la antesala de la destitución de Lugo. Por eso es necesario unir fuerzas en toda América latina para frustrar los planes golpistas del imperialismo y sus aliados. Si el modelo destituyente instalado en Honduras se reitera una vez más, el futuro de los gobiernos democráticos y populares de la región se verá muy seriamente comprometido. Destituir a Lugo, aun con las argucias leguleyas con que se lo intentará, es un ataque no sólo al pueblo paraguayo que lo eligió como presidente sino a todos los gobiernos de la región, cuya activa solidaridad con el Paraguay es hoy más urgente que nunca.

* Politólogo.

Por Juan Gelman

Se producen en soledad y secreto entre los efectivos estadounidenses que combaten o combatieron en las guerras que W. Bush lanzó y Barack Obama continúa. Junio fue el mes más cruel: se suicidaron 32 soldados, un número superior al de cualquier mes de la guerra de Vietnam. Once no estaban en actividad y siete de los restantes cumplían servicio en Irak y/o Afganistán. Son cifras oficiales (www.defense.gov, 15-7-10). En el 2009 segaron su propia vida 245 efectivos y la cifra se superaría este año: 145 se suicidaron en el primer semestre y 1713 lo intentaron sin éxito. La tasa es más alta que la correspondiente a la población civil de EE.UU.

El militar Tim Embree testimonió el 25 de febrero ante la Comisión de Asuntos relativos a los Veteranos de la Cámara de Representantes. Declaró en nombre de los 180.000 asociados de Veteranos Estadounidenses de Irak y Afganistán (IAVA, por sus siglas en inglés), países a los que fue enviado a combatir dos veces. “El año pasado se quitaron la vida con sus propias manos más efectivos de los que cayeron en combate en Afganistán –señaló–. La mayoría de nosotros conoce a un compañero que lo hizo al regresar a casa y los guarismos no incluyen siquiera a quienes se suicidan al terminar su servicio: están fuera del sistema y sus muertes suelen ser ignoradas” (//iava.org, 15-7-10). Tal vez no fueran seres humanos, apenas material desechable.

Embree recordó las cifras publicadas por el semanario Army Times, que divulga noticias del ejército y posibilidades de carrera en la institución: “18 veteranos se suicidan cada día y se registra un promedio mensual de 950 intentos suicidas entre veteranos que reciben del departamento federal correspondiente algún tipo de tratamiento (www.armytimes.com, 26-4-10)”. Se trata de veteranos de todas las guerras que EE.UU. desató en tierras extranjeras y padecen, en general, de PTSD. Antes se lo llamaba neurosis de guerra o fatiga de combate o shock y aun otros nombres. El PTSD los reúne a todos.

La publicación mensual Archives of General Psychiatry dio a conocer una investigación independiente sobre 18.300 soldados examinados a los tres meses y al año de ser enviados a Irak: del 20 al 30 por ciento sufrían de PTSD y una depresión profunda agobiaba al 16 por ciento (//archpsyc.amaassn.org, junio de 2010). Se explica la dificultad de los veteranos para reintegrarse a la vida civil, la violencia hogareña que protagonizan, los matrimonios rotos, la drogadicción y los suicidios. A fines del 2009, según cifras del Departamento de Veteranos del gobierno, más de 537 mil de los 2,04 millones que sirvieron en Irak y Afganistán pidieron atención médica (www.ptsd.va.gov, febrero 2010).

La dificultad se agrava porque regresan a un país con un desempleo cada vez mayor. Según una investigación de la IAVA, el 14,7 de los veteranos son desocupados, un 5 por ciento superior al promedio nacional (//iava.org, 2-4-10). Aumenta así el número de los que han perdido su vivienda. Un informe de la National Coalition for the Homeless indica que el 33 por ciento vive a la intemperie y que un millón y medio corre el riesgo de quedarse sin techo debido a la pobreza y la falta de apoyo oficial (www.nchv.org, septiembre 2009). Están ausentes de estas cifras los veteranos físicamente incapacitados para buscar y mantener un trabajo.

Kevin y George Lucey, padres de un soldado que se quitó la vida, contaron una de las tantas historias que los números ocultan. El 22 de junio del 2004, su hijo Jeff, de 23 años, se colgó en el sótano de la casa (www.democracynow.org, 9-8-10). Era cabo del cuerpo de marines y había regresado de Irak en julio del año anterior. La madre relató que al mes de participar en la invasión enviaba cartas a su novia en las que hablaba de las “cosas inmorales” que él estaba haciendo. Una vez en el hogar, Jeff comenzó a soltar frases inconexas sobre Nasiriya, la ciudad al sudeste de Bagdad en la que tuvo lugar la primera gran batalla de los invasores contra el ejército regular iraquí. Un día recibió a su hermana Amy con lágrimas en los ojos diciéndole que era un asesino. Antes de suicidarse, dejó sobre su cama las chapas de identificación de dos efectivos iraquíes que había matado aunque no portaban armas. Jeff solía mirarlas con frecuencia.

Los psiquiatras y psicólogos militares carecen de conocimientos para enfrentar estas dolencias. Mark Russel, comandante de la Marina especializado en enfermedades mentales, descubrió que el 90 por ciento del personal que cumple esas funciones no tiene la formación necesaria para atender el PTSD. Se limita a prescribir drogas como el Paxil, el Prozac o el Neurontin, que acentúan y hasta producen los síntomas, y a devolver a los soldados a sus unidades (www.usatoday, 17-1-07).

El lunes pasado, el presidente Obama declaró ante una convención de veteranos discapacitados en Atlanta que su gobierno estaba haciendo los máximos esfuerzos para prevenir el suicidio y otras consecuencias del PTSD. Para el padre de Jeff, eso es pura hipocresía.

Por Atilio A. Boron

Incondicional peón del imperio, Alvaro Uribe se despide de la presidencia de Colombia con una nueva provocación: la denuncia de la existencia de campamentos de las FARC en territorio venezolano. Ni lerdo ni perezoso, el Departamento de Estado salió a respaldar sin reservas la acusación formulada por Bogotá en la OEA, alentado por la supuesta “contundencia” de las pruebas presentadas por Uribe que denuncian al gobierno de Hugo Chávez por permitir la instalación de campamentos de la FARC y la realización de diversos programas de entrenamiento militar de unos 1500 efectivos de la guerrilla en territorio venezolano. El vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró con singular insolencia que “Venezuela ha mostrado una conducta desafortunada e insolente” con su vecino y amenazó que si ese país “no coopera, Estados Unidos y los demás países obviamente lo tomarán en cuenta.” En la misma línea se manifestó el subsecretario adjunto para América latina, Arturo Valenzuela, declarando que la denuncia hecha por Uribe era “muy seria.” Ambas declaraciones hablan elocuentemente sobre el talante moral de ambos funcionarios.

Fueron los administradores imperiales quienes le pidieron a Uribe una última “prueba de amor” pocos días antes de abandonar la presidencia. Como es de público conocimiento, el prontuario que la DEA, la CIA y el FBI han venido construyendo sobre Uribe por sus íntimas y prolongadas vinculaciones con los narcos no le permite desobedecer ninguna orden originada en Washington, so pena de correr la misma suerte que el ex presidente panameño Manuel A. Noriega y terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos.

Miente Uribe porque, en primer lugar, si las FARC controlan cerca del 30 por ciento del territorio nacional (como el propio gobierno colombiano lo ha reconocido más de una vez) no se entiende qué sentido puede tener distraer nada menos que 1500 hombres del teatro de operaciones en Colombia y organizar 85 campamentos guerrilleros en Venezuela. Es en la propia Colombia donde la crisis y putrefacción del Estado oligárquico permite que amplias franjas de su territorio, especialmente en las zonas selváticas, estén controladas por la guerrilla, los narcos y los paramilitares. Diversas autoridades ecuatorianas comentaron luego del ataque que las fuerzas colombianas realizaron en su territorio que Ecuador no limita al norte con Colombia sino con una tierra de nadie controlada por las organizaciones descriptas más arriba. Con una necedad sin límites Uribe acusa a sus vecinos de no hacer lo que él mismo ha dado sobradas muestras de ser incapaz de hacer: controlar su propio país. Cerrando los ojos ante esta realidad Estados Unidos se monta sobre esta falaz denuncia para, desde allí, acosar al gobierno bolivariano por su falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, obviando el molesto hecho de que el mayor exportador mundial de cocaína –y, ahora, de narcotraficantes– es la Colombia militarizada por Uribe y devenida gracias a su invalorable colaboración en un protectorado norteamericano.

Ante semejante cuadro de descomposición política, denunciar que las FARC se instalan en Venezuela –¡y para colmo con el aval y la complicidad del gobierno de Hugo Chávez!– es una vulgar engañifa al servicio del imperio que carece por completo de entidad como para ser tomada mínimamente en serio.

En segundo lugar, ¿cómo olvidar que Uribe fue el hombre que mintió alevosamente cuando sus fuerzas, apoyadas por las de Estados Unidos, incursionaron en territorio ecuatoriano aduciendo que iban en persecución de una columna de las FARC. Las pruebas demostraron que los guerrilleros a los que supuestamente se perseguía luego de un enfrentamiento ocurrido en territorio colombiano estaban durmiendo –vestidos inclusive con pijamas– al momento de producirse el ataque y que, en consecuencia, lo que tuvo lugar en Santa Rosa de Sucumbíos no fue un combate sino lisa y llanamente una masacre indiscriminada.

Tercero, ¿cómo se le puede creer a un hombre que desde la presidencia convalidó la acción de los paramilitares y del terrorismo de Estado? El 16 de febrero de este año la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía colombiana publicó un informe en el que se revela que algo más de 4000 paramilitares de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, aseguraron haber perpetrado 30.470 asesinatos en el período comprendido desde mediados de los ochenta hasta su “desmovilización” en 2003-2006. Agréguese a esto que tan sólo en el año 2009 los paracos y las “fuerzas de seguridad” asesinaron a 40 sindicalistas, convirtiendo a Colombia en el país más peligroso del mundo para ese tipo de actividad.

Cuarto, el denunciante es nada menos que el responsable intelectual y político de la masacre serial conocida con el nombre de “falsos positivos”. Durante los tres últimos años de gobierno de Uribe se comprobó que –ante el acoso del gobierno para que mostrara resultados concretos en la lucha contra la guerrilla– el ejército diseñó y ejecutó un plan criminal: recorrer las comunidades y aldeas más pobres del país ofreciendo trabajo a la enorme masa de desocupados y reclutando a un elevado número de indigentes, campesinos indefensos y jóvenes marginados, que luego eran asesinados a sangre fría y a sus cadáveres se los hacía pasar como pertenecientes a guerrilleros ejecutados en combate para cobrar la recompensa establecida por el gobierno u obtener estímulos o ascensos en su carrera militar. Según estimaciones muy conservadoras estos crímenes de Estado superan los mil casos.

Como ocurrió con todos los terrorismos de Estado que asolaron la región, los crímenes de lesa humanidad cometidos tenían también un trasfondo económico. En el caso de la Colombia de Uribe, entre las corruptas fuerzas armadas, los paramilitares y el narco se repartieron millones de hectáreas que en su desesperado éxodo dejaban tras de sí los campesinos desplazados por los bombardeos y masacres indiscriminadas a que estaban sometidos. La cifra de los campesinos desplazados ascendería a 4.500.000 y sus tierras –por lo menos unos seis millones de hectáreas– fueron luego transferidas, con gran provecho para los encargados de desalojarlos, a los terratenientes y el agronegocio, auspiciantes y cofinanciadores del paramilitarismo.

Este es el hombre que hoy levanta su dedo acusador en contra de la revolución bolivariana. Es evidente que lo suyo es una maniobra más, dictada por los estrategas del imperio, para acosar al gobierno de Hugo Chávez y para legitimar la violenta militarización de la política exterior norteamericana. Por eso Washington insiste en desplegar su impresionante dispositivo militar: allí están las siete bases en Colombia; en Aruba y Curazao, a pocos kilómetros del litoral marítimo venezolano; en El Salvador y en Honduras y, ahora, la autorización para introducir nada menos que 7000 marines y toda clase de armamento en la vecina Costa Rica. Por eso también la Cuarta Flota. El gobierno de Uribe cumple así un servicio de extraordinaria importancia tratando de crear las condiciones que justifiquen la intervención militar norteamericana en América del Sur y, en lo inmediato, mantener viva la tensión entre Colombia y Venezuela luego del recambio presidencial y perjudicar las chances electorales de Chávez.

Preocupado por su futuro y agobiado por el espectro de Noriega pudriéndose en una cárcel gringa, Uribe se esmera hasta el último día de su mandato para mostrar su total sumisión a los dictados de los imperialistas. Por eso es importante desenmascarar y denunciar al denunciante, y exigir la pronta intervención de la Unasur para desbaratar los planes de Washington en nuestra América. Este no es un tema para la OEA, que además no supo manejar la provocación uribista, sino para la Unasur, que será puesta a prueba con este incidente.

*Politólogo.

Por Atilio A. Boron *

Pocos medios difundieron la noticia del fulminante despido de la periodista de la CNN, Octavia Nasr, por haber lamentado en su Twitter la reciente muerte del clérigo chiíta Hussein Fadlalá, a quien el gobierno de Estados Unidos tenía incluido en una lista de “terroristas internacionales”. Al parecer, Nasr no compartía ese juicio; además, en su desdichado mensaje decía que este clérigo se había destacado por defender los derechos de la mujer, habitualmente menoscabados por la ortodoxia chiíta. En efecto, Fadlalá se oponía a la ablación del clítoris, una tradición muy extendida en algunos países musulmanes, y no compartía la misoginia prevaleciente en las interpretaciones hegemónicas al interior del Islam.

Dos lecciones pueden extraerse de este incidente. Primero, que la autoproclamada “prensa libre e independiente”, de la cual la CNN sienta cátedra cotidianamente, es una piadosa (o, mejor, perversa) mentira. Es una “libertad” que sólo puede ejercerse cuando se dice o se transmite lo que quiere la clase dominante, expresada en la línea oficial establecida por la Casa Blanca. Recuérdese, si no, la insolente entrevista de Patricia Janiot al secretario general de la OEA, en donde la presentadora asumía descaradamente el papel de vocera oficial de Hillary Clinton durante la crisis hondureña.

En el caso que nos ocupa, bastó que Nasr se apartara de la línea establecida por el gobierno norteamericano –¡y en un Twitter!– para que la transgresora fuera despedida de inmediato, haciendo caso omiso de su extensa trayectoria en la cadena televisiva. Pese a ello, los ardientes defensores de la “libertad de prensa”, o de la “prensa independiente”, no se privan de fustigar a diario a gobiernos como los de Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador por sus presuntas agresiones al periodismo libre e independiente. No practican en sus casas lo que con tanta vehemencia exigen a quienes resisten sus designios imperialistas. Por supuesto, jamás escucharemos una queja del Departamento de Estado sobre la absoluta falta de libertad de prensa en países como Arabia Saudita o Malawi, dóciles clientes de Washington.

Segundo: la preocupante gravitación de los lobbies pro-israelíes en los grandes medios de Estados Unidos, privando al público norteamericano e internacional de acceder a información genuina. Sólo se publica, y bajo la forma y el tono acordes con lo establecido por el gobierno, aquello que es congruente con las “mentiras verdaderas” construidas por el Gran Hermano, que dictamina lo que existe y lo que no existe, y lo que hay que decir acerca de uno y otro. Ya no se habla más del feroz bombardeo a Gaza de hace poco más de un año, o de la criminal agresión a la flotilla humanitaria en aguas del Mediterráneo. En estos días la estrella mediática es... ¡el pulpo Paul! Como ya lo demostró hace décadas Noam Chomsky, la función de los medios no es facilitar la difusión de lo que ocurre y sus causas, alimentando la discusión democrática dentro del espacio público, sino confundir a las masas e impedir que ellas adquieran conciencia de lo que ocurre a su alrededor. Esa es la verdadera misión de la autodenominada “prensa libre” en Estados Unidos.

* Director del PLED/Centro Cultural de la Cooperación.