jueves, 2 de agosto de 2012
Restos del odio franquista
Estas informaciones me provocan un profundo sentimiento de tristeza por el odio salvaje demostrado por la canalla fascista de Franco. Aquella cruzada de la ultraderecha española contra el progreso y la democracia fue una muestra más de hasta donde son capaces de llegar los que durante siglos han mantenido a los españoles en la más indignante marginación..
Un grupo de arqueólogos encontró los cuerpos de entre veintiún y veintitrés personas dispuestos en cuatro pozos en una finca del Cortijo de El Marrufo, en la unión de las provincias de Cádiz y Málaga.
Por Adrián Pérez
Setenta y seis años después, los crímenes cometidos en un paraje del sur de España, en el comienzo de la dictadura de Francisco Franco, llegaron hasta la Justicia española. Fue después de que un grupo de arqueólogos encontrara los restos de entre veintiún y veintitrés personas dispuestos en cuatro fosas comunes en una finca del Cortijo de El Marrufo, en la unión de las provincias de Cádiz y Málaga. Todos mostraban signos de violencia. Por eso, la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y El Marrufo presentó una denuncia penal por desaparición forzada, detención, asesinato y torturas –en el marco de crímenes contra la humanidad– ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Jerez de la Frontera, perpetrados contra la población civil indefensa, por motivos políticos e ideológicos, en el contexto de la insurrección armada contra el gobierno de la República Española a partir del 18 de julio de 1936.
Tal como adelantó Página/12 en octubre, la Federación Estatal de Foros por la Memoria y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar habían denunciado el hallazgo de casquillos y vainas correspondientes a rifles máuser en el Cortijo de El Marrufo. En esa primera etapa de prospección también apareció pirotecnia sevillana y de fabricaciones de Toledo, munición utilizada por el ejército y las fuerzas sublevadas contra la Segunda República. La segunda fase de las exploraciones comenzó el 2 de julio. Sobre las cuatro fosas había una estructura de piedra, presumiblemente para proteger el lugar y demarcarlo. En diálogo con este diario, Jesús Román Román, responsable de las excavaciones arqueológicas, señala que la primera fosa tiene seis metros por uno de ancho.
En ese pozo con forma de trinchera se encontraron los primeros diez cuerpos, a treinta centímetros de la superficie. Junto a los restos aparecieron además botones de nácar y de metal, zapatos y dos pequeños lápices. Dos de esos cuerpos, con alambres amarrados a los antebrazos, mostraban las aberraciones cometidas por la dictadura franquista. Además, los restos óseos presentaban fracturas conminutas, que se producen cuando el hueso recibe un golpe fuerte hasta ser separado en pequeños fragmentos. El arqueólogo estima que las fracturas pudieron originarse por el impacto de balas en al menos tres casos. Todos los cuerpos de esa fosa, que todavía está en proceso de exhumación, serían de hombres.
En la segunda fosa, de un metro ochenta de largo por ochenta centímetros de ancho y treinta y cinco centímetros de profundidad, se hallaron dos cuerpos. Una bala, hebillas de mujer y botones indican que esos restos podrían ser de mujer. En la tercera excavación, de dos por dos, se encontraron siete cráneos y algunos restos más que podrían corresponder a otros dos cuerpos. Por la presencia de una peineta de hueso y un pendiente, los arqueólogos creen que dos de esos restos serían de mujeres. Esa fosa aún está en proceso de exhumación. Por el momento, la cuarta excavación, dispuesta en paralelo a la primera, mostró indicios de la presencia de dos cuerpos. Todavía resta delimitar el terreno y comenzar la localización de los restos.
El arqueólogo asegura que tanto las fuentes documentales como las orales hablan de una cifra mayor de fusilados. Según testimonios de antiguos pobladores, las fuerzas de Franco habrían enterrado entre 300 y 600 cuerpos en la zona donde se realizaron las catas. “Hemos localizado entre veintiún y veintitrés cuerpos y esperamos que en las próximas semanas ese número aumente sustancialmente”, confía el coordinador del equipo arqueológico. Emplazado en una región de suave pendiente, el Cortijo de El Marrufo fue utilizado por los aldeanos para la limpieza del trigo y la cebada. Desde noviembre de 1936 hasta marzo de 1937, funcionó como cuartel del ejército, la Guardia Civil y la Falange y fue utilizado como campo de concentración, donde se detuvo, torturó y ejecutó a hombres, mujeres y niños.
El lugar más plano de la finca se utilizó para enterrar los cuerpos de los asesinados por los fascistas. La zona de estudio comprende unos mil metros cuadrados aproximadamente. La finca de El Marrufo tiene mil hectáreas. La tierra es de bujeo (una arcilla esparcida) que presentó una gran dificultad en el comienzo de las excavaciones. Por delante queda el proceso de exhumación de las fosas tres y cuatro, el estudio de los restos por parte del equipo de antropología y la localización de nuevas fosas. En paralelo, se continuará con la toma de testimonios y la búsqueda de nuevas fuentes documentales. “Ya tomamos muestras de ADN a diez familiares y esperamos que el número aumente conforme se conozca la noticia. Estamos hablando con la Junta de Andalucía para que se haga cargo del análisis de las muestras de ADN”, dice Román Román.
Y comenta que los familiares se emocionan al ver la realidad de las fosas. “Siempre dan palabras de ánimo, cariño y apoyo”, agrega. Además de las cuarenta personas que trabajan en las excavaciones, ayer se incorporaron veinticinco estudiantes de historia y arqueología que estarán trabajando durante todo el mes de agosto. “Es un hallazgo importante por lo que significó El Marrufo como centro de detención, tortura y asesinato en pleno proceso de la mal llamada Guerra Civil Española”, evalúa el hallazgo Román Román. La tierra comenzó a hablar y arrojó información. Ahora la pelota está en terreno de la Justicia española, que debe investigar la violencia sembrada por el Estado español en el Cortijo de El Marrufo durante el franquismo.
Estas informaciones me provocan un profundo sentimiento de tristeza por el odio salvaje demostrado por la canalla fascista de Franco. Aquella cruzada de la ultraderecha española contra el progreso y la democracia fue una muestra más de hasta donde son capaces de llegar los que durante siglos han mantenido a los españoles en la más indigna marginación.... La "salvaguarda" de los privilegios ha llevado a esas clases pudientes y profundamente católicas al absoluto desprecio a la vida de los que tan solo se atrevan a dudar de ese orden centenario. La verdadera esencia del franquismo está saliendo a la luz, como si eso fuera necesario, con la labor valiente y valerosa de esos que buscan la verdad.
Un grupo de arqueólogos encontró los cuerpos de entre veintiún y veintitrés personas dispuestos en cuatro pozos en una finca del Cortijo de El Marrufo, en la unión de las provincias de Cádiz y Málaga.
Por Adrián Pérez
Setenta y seis años después, los crímenes cometidos en un paraje del sur de España, en el comienzo de la dictadura de Francisco Franco, llegaron hasta la Justicia española. Fue después de que un grupo de arqueólogos encontrara los restos de entre veintiún y veintitrés personas dispuestos en cuatro fosas comunes en una finca del Cortijo de El Marrufo, en la unión de las provincias de Cádiz y Málaga. Todos mostraban signos de violencia. Por eso, la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sauceda y El Marrufo presentó una denuncia penal por desaparición forzada, detención, asesinato y torturas –en el marco de crímenes contra la humanidad– ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Jerez de la Frontera, perpetrados contra la población civil indefensa, por motivos políticos e ideológicos, en el contexto de la insurrección armada contra el gobierno de la República Española a partir del 18 de julio de 1936.
Tal como adelantó Página/12 en octubre, la Federación Estatal de Foros por la Memoria y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar habían denunciado el hallazgo de casquillos y vainas correspondientes a rifles máuser en el Cortijo de El Marrufo. En esa primera etapa de prospección también apareció pirotecnia sevillana y de fabricaciones de Toledo, munición utilizada por el ejército y las fuerzas sublevadas contra la Segunda República. La segunda fase de las exploraciones comenzó el 2 de julio. Sobre las cuatro fosas había una estructura de piedra, presumiblemente para proteger el lugar y demarcarlo. En diálogo con este diario, Jesús Román Román, responsable de las excavaciones arqueológicas, señala que la primera fosa tiene seis metros por uno de ancho.
En ese pozo con forma de trinchera se encontraron los primeros diez cuerpos, a treinta centímetros de la superficie. Junto a los restos aparecieron además botones de nácar y de metal, zapatos y dos pequeños lápices. Dos de esos cuerpos, con alambres amarrados a los antebrazos, mostraban las aberraciones cometidas por la dictadura franquista. Además, los restos óseos presentaban fracturas conminutas, que se producen cuando el hueso recibe un golpe fuerte hasta ser separado en pequeños fragmentos. El arqueólogo estima que las fracturas pudieron originarse por el impacto de balas en al menos tres casos. Todos los cuerpos de esa fosa, que todavía está en proceso de exhumación, serían de hombres.
En la segunda fosa, de un metro ochenta de largo por ochenta centímetros de ancho y treinta y cinco centímetros de profundidad, se hallaron dos cuerpos. Una bala, hebillas de mujer y botones indican que esos restos podrían ser de mujer. En la tercera excavación, de dos por dos, se encontraron siete cráneos y algunos restos más que podrían corresponder a otros dos cuerpos. Por la presencia de una peineta de hueso y un pendiente, los arqueólogos creen que dos de esos restos serían de mujeres. Esa fosa aún está en proceso de exhumación. Por el momento, la cuarta excavación, dispuesta en paralelo a la primera, mostró indicios de la presencia de dos cuerpos. Todavía resta delimitar el terreno y comenzar la localización de los restos.
El arqueólogo asegura que tanto las fuentes documentales como las orales hablan de una cifra mayor de fusilados. Según testimonios de antiguos pobladores, las fuerzas de Franco habrían enterrado entre 300 y 600 cuerpos en la zona donde se realizaron las catas. “Hemos localizado entre veintiún y veintitrés cuerpos y esperamos que en las próximas semanas ese número aumente sustancialmente”, confía el coordinador del equipo arqueológico. Emplazado en una región de suave pendiente, el Cortijo de El Marrufo fue utilizado por los aldeanos para la limpieza del trigo y la cebada. Desde noviembre de 1936 hasta marzo de 1937, funcionó como cuartel del ejército, la Guardia Civil y la Falange y fue utilizado como campo de concentración, donde se detuvo, torturó y ejecutó a hombres, mujeres y niños.
El lugar más plano de la finca se utilizó para enterrar los cuerpos de los asesinados por los fascistas. La zona de estudio comprende unos mil metros cuadrados aproximadamente. La finca de El Marrufo tiene mil hectáreas. La tierra es de bujeo (una arcilla esparcida) que presentó una gran dificultad en el comienzo de las excavaciones. Por delante queda el proceso de exhumación de las fosas tres y cuatro, el estudio de los restos por parte del equipo de antropología y la localización de nuevas fosas. En paralelo, se continuará con la toma de testimonios y la búsqueda de nuevas fuentes documentales. “Ya tomamos muestras de ADN a diez familiares y esperamos que el número aumente conforme se conozca la noticia. Estamos hablando con la Junta de Andalucía para que se haga cargo del análisis de las muestras de ADN”, dice Román Román.
Y comenta que los familiares se emocionan al ver la realidad de las fosas. “Siempre dan palabras de ánimo, cariño y apoyo”, agrega. Además de las cuarenta personas que trabajan en las excavaciones, ayer se incorporaron veinticinco estudiantes de historia y arqueología que estarán trabajando durante todo el mes de agosto. “Es un hallazgo importante por lo que significó El Marrufo como centro de detención, tortura y asesinato en pleno proceso de la mal llamada Guerra Civil Española”, evalúa el hallazgo Román Román. La tierra comenzó a hablar y arrojó información. Ahora la pelota está en terreno de la Justicia española, que debe investigar la violencia sembrada por el Estado español en el Cortijo de El Marrufo durante el franquismo.
lunes, 30 de abril de 2012
El odio a la razón y al derecho a la vida
Sigo considerando un gravísimo error que muchos españoles sigan pensando que la guerra civil española, es decir la derrota de la República española, es más que nada un acontecimiento sin mayor importancia, casi un hecho anecdótico en la historia reciente española. En los años 30 del siglo pasado, el franquismo ( de alguna manera hay que llamar al fascismo español) se confabuló con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, para acabar con aquel estallido de democracia y progreso en España. Aquella guerra civil fue seguida de cerca por las, por así llamarlas, democracias occidentales, en las que destacaron Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, que tampoco veían con buenos ojos un cambio de régimen en España. Estas potencias necesitaban un régimen dócil que no metiera las nacires en aquella guerra solapada contra el poder en la recién creada Unión Soviética. Esas potencias al principio mimaron de mil maneras al insaciable Hitler. Pretendían, como más tarde se confirmó, que atacara al régimen del "poder popular en Rusia", que estaba dando un mal ejemplo a las clases populares en todo el mundo... cosa que ellos nunca han podido permitir bajo ningún concepto. A punto estuvieron de perderlo todo, pues la guerra la ganaron los rusos y en otras circunstancias, Stalin, pudo acaparar o tener como zona de influencia a toda Europa. Por fortuna para París, Londres, Washington y el propio Berlín, Stalin se conformó con media Europa y dejó el resto en manos de las "democracias occidentales" capitaneadas desde entonces por los todopoderosos Estados Unidos. Los horrores de la guerra civil si fueron para estas "potencias" un hecho anecdótico, incluída la destrucción de Gernika, el millón de muertos de parte y parte, y el otro millón largo de españoles que huyeron de la represión franquista durante prácticamente toda la dictadura. Por eso me ha agradado el siguiente artículo,procedente de la Argentina y que los españoles que honramos nuestro origen tenemos el deber moral de al menos leerlo...
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Domingo 29 de abril de 2012
Por
Iñaki Hernaiz Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos –Cipdh-Unesco–, con sede en el Espacio para la Memoria, ex Esma.
Para los argentinos nietos de vascos, Gernika es parte de nuestra identidad. Como el valor de la palabra, la lealtad, la voluntad y la tenacidad (al ser peronista, se refuerzan estas características).
Cuando exactamente 60 años después del 26 de abril de 1937, Herzog pedía públicamente perdón reconociendo que aviones alemanes bombardearon Gernika, los testigos sobrevivientes declararon que aquella inexplicable masacre nos les dejó un sentimiento de odio o de venganza. Pero sí, un ferviente deseo de NUNCA MÁS. Y un claro deseo de que desde los muertos y los escombros debía surgir una “bandera de paz para todos los pueblos del mundo”.
Previamente recordaron la “lluvia de fuego, metralla y muerte” que destruyó Gernika. Aquel lunes era un día ajetreado de mercado. La ciudad era un hormiguero bullicioso donde los vecinos trataban de olvidar, al menos por un rato, los rigores de la guerra civil y conseguir los pocos alimentos que de ningún modo alcanzarían hasta el próximo lunes de feria. La semana anterior algunas bombas habían caído en Durango y el miedo ya se había instalado en los pueblos cercanos.
“Gernika, la ciudad más antigua de los vascos y el centro de su tradición cultural, fue completamente destruida ayer a la tarde por aviones bombarderos insurgentes. El bombardeo de esta ciudad abierta, lejos de las líneas ocupadas, duró exactamente tres horas y cuarto, tiempo durante el cual una fuerte flota de aviones alemanes de tres diferentes tipos no cesó de arrojar bombas sobre la ciudad. En la forma de ejecución y en la escala de la destrucción, la incursión de Gernika no tiene parangón en la historia militar. Gernika no era un objetivo militar, el objetivo del bombardeo fue aparentemente la desmoralización de la población civil y la destrucción de la cuna de la raza vasca.” Así narra su experiencia para The Times el corresponsal de guerra George Steer, británico, de 27 años (nacido en la Unión Sudafricana, una de las tantas colonias inglesas de aquel entonces). Junto a otros corresponsales, entre Marquina y Gernika vieron aparecer los primeros aviones sobre el monte. Dejaron el auto y se protegieron en un cráter de bomba cercano al camino.
“A las cuatro y cuarto, el vigilante de la cumbre del monte Kosnoaga, apostado por el precario sistema de Defensa Civil de la Junta Municipal, hizo flamear las banderas rojas de peligro. El segundo vigilante, desde el campanario de la iglesia de Santa María, tocó a rebato. Las industrias que poseían sirenas las hicieron sonar para alertar a la población. Apenas pasadas las cuatro y veinticinco de la tarde del 26 de abril, Von Richthofen dio la orden de abrir fuego a su escuadrón. A partir de las cuatro y media de la tarde cayeron sobre Gernika decenas de bombas medianas de 250 kilos y livianas de 50 y más de tres mil proyectiles incendiarios de aluminio de 1 kilogramo. Los cazas Heinkel He 51 dispararon en vuelo rasante sobre quienes trataban de huir de la locura. La bestial humareda provocada por el bombardeo hizo que las últimas descargas se hicieran a ciegas. Tres horas después, los aviones se retiraron. La ciudad ardía en llamas. El 70 por ciento de los edificios quedaron destruidos totalmente por las bombas o por el fuego, otro 20 por ciento se mantenían en pie, pero derruidos”.
La Legión Cóndor de la aviación alemana y aviones italianos cumplieron al pie de la letra las órdenes del ejército franquista (cuestión de amigos: Hitler y Mussolini ayudando a Franco). La Casa de Juntas, el Árbol de Gernika, las fábricas de material bélico y hasta el puente de Rentería, que supuestamente eran objetivos principales, sorprendentemente quedaron intactos.
Franco sabía que los dirigentes vascos no aceptarían ningún tipo de negociación. Ordenó las operaciones militares que incluyeron el asesinato de civiles, más el escarmiento de dirigentes y el temor sembrado en el resto de la población.
Franco, responsable de la destrucción de Gernika, cinco años después, ya finalizada su reconstrucción, se hizo nombrar “hijo adoptivo de la ciudad”.
Franco instauró la persecución y la represión ideológica y cultural, administrada por la guardia civil, el ejército y grupos paramilitares.
Sin embargo, Franco no logró que Gernika dejara de ser el símbolo de las libertades vascas. Sí, paradójicamente, logró que represente un grito de paz para todos los pueblos del mundo, surgido desde el horror y la muerte.
La difusión de los hechos acaecidos en Gernika aquel 26 de abril de 1937 fue desde los primeros momentos objeto de una profunda controversia. Algunos testigos del bombardeo, junto con las personalidades más representativas del Gobierno de Euzkadi y de la sociedad vasca, denunciaron al mundo la destrucción de la villa foral y la implicación de los ejércitos alemán y franquista. La noticia apareció publicada en los principales medios informativos europeos, gracias a la rápida actuación de algunos periodistas, entre los que destaca la figura de George Steer.
El bando nacional nunca reconoció su responsabilidad, al contrario, tergiversó las pruebas y utilizó la prensa franquista para acusar a los republicanos vascos, a quienes denominó rojos-separatistas, de haber provocado el incendio de la villa en su retirada hacia Bilbao. Hasta el día de hoy el ejército español no ha reconocido su implicación en el bombardeo de Gernika.
Picasso vivió con horror las noticias que le llegaban a través de la prensa francesa sobre la tragedia del bombardeo de Gernika, y finalmente el 1° de mayo de 1937 comenzó a trabajar con auténtica furia en la obra que el Gobierno de la República, en plena Guerra Civil, le encargó para la Exposición Internacional de París. Estas referencias sobre el inmortal Gernika de Picasso forman parte de la muestra didáctica realizada por el Museo de la Paz de Gernika y organizada por la delegación de Euzkadi en la Argentina, que se puede visitar en el ECuNhi (Espacio Cultural Nuestros Hijos) que dirige nuestra querida Teresa Parodi. El miércoles pasado, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, también en la ex Esma, se realizó un acto a 75 años del bombardeo. Sobrevivientes, “niños de la guerra”, referentes de la comunidad vasca y trabajadores del Espacio para la Memoria, compartieron emotivas reflexiones de Elvira Cortajarena, Marita Perceval y Eduardo Jozami. También presenciaron la magnífica obra Granos de uva en el paladar, dirigida por Susana Hornos y Zaida Rico: las seis actrices españolas hicieron vibrar al público en medio de fusiles, banderas rojas, cárceles y monasterios, amor y muerte. Las figuras del Gernika de Picasso, toros, caballos y cuerpos desgarrados, envolvieron al auditorio en una atmósfera de emoción y dramatismo.
Tuvo un sentido y muchas razones realizar el acto e inaugurar la muestra en la ex Esma. El Museo de la Paz de Gernika dio paso y cultivó la Memoria; el transcurrir de las décadas, parcialmente, fue dando paso a la Verdad; Justicia es una cuenta pendiente. La lucha de Madres y Abuelas, Familiares, Hijos y los organismos de DD.HH., las políticas de Memoria desarrolladas desde 2003, los juicios a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, nos permiten soñar a vascos y argentinos, y a las sociedades democráticas del mundo, con MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA, por Gernika y por las víctimas del franquismo.
Agradecimiento especial por los aportes recibidos a Elvira Cortajarena, Mariana Satostegui, Miguel Russo y Ramón Burundarena / Artículo dedicado a la memoria de Eduardo Luis Duhalde.
domingo, 12 de febrero de 2012
Nada nuevo bajo el sol
domingo 5 de febrero de 2012
El "cambio" del PSOE al PP: un balance provisional (
Por Iohannes Maurus
Textos y reflexiones de John Brown
Hay aún quien se sorprende por el silencio de Mariano Rajoy respecto de su "programa económico". Lo sorprendente, sin embargo, es que haya sorpresa, pues, desde hace muchos años está claro que el "programa económico" no lo define el gobierno, sino que se elabora y decide "en otro escenario". Si el PSOE nunca cumplió su programa económico y social entre socialdemócrata y neoliberal y tuvo que apartar muy pronto en la segunda legislatura de Zapatero lo poco que quedaba de socialdemocracia en sus políticas, ello se debió a la supeditación de toda la acción de gobierno a los dictados del sector hegemónico del capital: el capital financiero. La deuda pública y privada se ha convertido así en el gran resorte del gobierno real de nuestras sociedades. Con la retórica de la "presión" de los mercados y la culpabilización colectiva a propósito de la deuda y del gasto excesivo "que nos nos podíamos permitir" se intentaba justificar el cambio de política como una reacción a un fenómeno a la vez natural y moral en el que los mercados castigaban nuestros "excesos" mediante la justicia inmanente del encarecimiento indefinido de la deuda. Tras esta moral natural es fácil reconocer la opción preferencial de los distintos gobiernos españoles y europeos por el capitalismo y su variante financiera. Es patético hoy escuchar a José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista reciente de la cadena SER afirmando que "incluso una política socialdemócrata determinada" tiene sus límites y que ese límite él lo encontró en la amenaza de intervención de la economía española. Para evitar esa intervención, todo fue doblegamiento ante el capital financiero y sus gestores, denominados púdicamente "los mercados". Era necesario poner todos los medios para salvar la banca y mantener la confianza de los mercados en la solvencia del Estado.
En otros términos, los mencionados "límites" residen en el hecho de que se ha optado por una política "socialdemócrata" cuya base económica es el neoliberalismo más extremo. La socialdemocracia de Zapatero -al igual que la de Felipe González- nunca fue una auténtica socialdemocracia, sino un régimen que contaba con la renta de la especulación financiera e inmobiliaria para redistribuir entre la masa de la población algo de riqueza, manteniendo o agravando la disparidad de ingresos entre las capas más altas y las más bajas. Era la política neoliberal del "trickle down", del "goteo" de arriba hacia abajo, basada en la la vieja idea de los fisiócratas de que el incremento de la riqueza de los más ricos tendría efectos positivos sobre los más pobres. Esa política no es, sin embargo, una política socialdemócrata, como tampoco lo es la compensación de la congelación de los salarios reales mediante la renta especulativa financiera o inmobiliaria, pues en ese caso habría que integrar en la socialdemocracia a George W. Bush o a José María Aznar. Tal vez el pequeño matiz socialdemócrata que añadió el zapaterismo a una práctica genuinamente neoliberal fue la gestión parcialmente estatal de esta riqueza financiera, aunque esto tuvo también su otra vertiente, que fue la financiación de redes clientelares mediante los propios instrumentos de redistribución.
Zapatero insiste, sin embargo, en su entrevista en los aspectos realmente "de izquierda" de sus políticas. Entre ellos destaca el cambio liberalizador de la ley del aborto, el matrimonio gay, la leyes contra la violencia "de género" etc. Lo que no se hizo a nivel económico quedaba así compensado a nivel "social" o de "costumbres" mediante la legislación más progresista de Europa o, tal vez del mundo. Ciertamente, estas leyes, a las que hay que añadir una tímida pero real ley de memoria histórica suscitaron gran escándalo en las filas de las derechas y en las jerarquías eclesiásticas, pero en lo esencial no afectaron en nada a la estructura de base del sistema económico y social que siguió rigiéndose por una fidelidad sin quiebras al mando del capital financiero y un discurso abiertamente neoliberal en política económica. En ningún momento se planteó Zapatero un cambio efectivo de las correlaciones de fuerzas económicas y sociales, un cambio en la constitución material como el que acometieron las auténticas socialdemocracias en los países nórdicos o en la propia Alemania.
El zapaterismo, como los demás neoliberalismos, de izquierdas o de derechas, mantuvo rígidamente las prioridades del capitalismo actual. Ya no se trataba de dar garantías a la población, en el marco de un régimen de seguridad social y en general de un Estado del bienestar, frente a los "excesos" del capitalismo, sino de fomentar estos propios excesos esperando poder redistribuir algo de la riqueza generada por la sobreexplotación de los trabajadores dentro y fuera de las fronteras. La seguridad y la garantía pública pasan de amparar al trabajador y el ciudadano a proteger al propio capital financiero. En el neoliberalismo, existe un sistema de "seguridad social" para el capital que se traduce en políticas de preservación de altas tasas de ganancia del capital financiero y de traslado de los riesgos de la especulación desde los titulares del capital financiero al conjunto de la población. No hay mejor ejemplo de estas políticas y de sus consecuencias que la salvación pública de los bancos amenazados de quiebra por la crisis de los "créditos basura" y la inscripción en la constitución del carácter prioritario del pago de la deuda. Desde la segunda legislatura de Zapatero, y hoy mismo con el gobierno del PP, la prioridad casi exclusiva es el pago de la deuda, lo que supone dar garantías al capital financiero de que sus títulos de deuda (inflados por la especulación) serán pagados religiosamente, a costa, por supuesto de los derechos sociales de los trabajadores y del gasto público en bienes de interés general como la enseñanza o la salud.
El silencio de Rajoy responde en gran medida a la estricta continuidad de su política económica con la del PSOE. Las prioridades son las mismas, aunque tal vez puedan ahora aplicarse de manera más descarnada, con menos matices. Ya se tuvo en Cataluña un anticipo de lo que el PP haría a escala estatal: una ofensiva brutal contra la enseñanza y la sanidad públicas y contra el conjunto de bienes comunes gestionados por el Estado. Esta ofensiva ya ha empezado a nivel estatal. El Estado recupera así de manera abierta su carácter de clase y se convierte en una máquina de liquidación de bienes públicos y en un gigantesco "cobrador del frac" que garantiza, a veces con métodos poco elegantes, el pago de la deuda pública o privada a las instituciones financieras y demás titulares de capital financiero. En cierto modo, nada nuevo respecto de lo que ya hiciera el PSOE, salvo una radicalización de las medidas de "austeridad" según el ya conocido sendero griego, que con toda seguridad el PSOE se habría visto obligado a tomar cabo en la hipótesis improbable de que hubiese ganado las elecciones. En lo esencial PSOE y PP tienen la misma política, porque en realidad no es su política, sino la dictada por el capital financiero. La más clara demostración de que no se trata de una "política" sino de la mera administración de la explotación financiera de la riqueza social la tenemos en aquellos casos como el italiano o el griego donde los ejecutivos están presididos por representantes directos de la banca y de las instituciones financieras. Hombres como Monti o Papadimos se presentan como "técnicos" y no ya como políticos, pero son los agentes directos de una "dictadura comisaria" del capital.
La alternancia izquierda-derecha carece así de cualquier contenido real a nivel social o económico. Para preservarla y para mantener con ella la "legitimidad" de la representación política en la partitocracia española, hay que desplazar la diferenciación a otro terreno que no es ya el económico sino el de las "costumbres". En este terreno, las "conquistas" de Zapatero corren hoy grave peligro, pues sólo en ese terreno, puede visibilizarse el "cambio" del PP. La jerarquía eclesiástica y el PP tienen abiertamente entre sus objetivos la reforma o la derogación de leyes como la del aborto o la del matrimonio gay que afectan al control biopolítico de la esfera de la reproducción. También en el terreno de la reproducción ideológica, es esencial en el caso español que la privatización progresiva de la enseñanza se vea acompañada por el control cada vez mayor de la Iglesia Católica sobre este negocio. En este aspecto, la polémica sobre la asignatura de "educación para la ciudadanía" es reveladora. La asignatura se planteaba como un contrapeso laico y cívico al adoctrinamiento religioso practicado en las escuelas a través de la asignatura de religión. La Iglesia siempre vio con recelo esta amenaza a su monopolio y acusó al goberno de Zapatero -sin ningún sentido del ridículo- de querer adoctrinar con ella a niños y adolescentes. Hoy, el nuevo ministro de educación se plantea suprimirla devolviendo así el monopolio ideológico a la doctrina católica.
Son sumamente ilustrativas del cambio ideológico que vivimos unas recientes declaraciones de la Viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, en las que se preguntaba si "tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema". A nadie escapa que una racionalización del sistema conforme a este planteamiento condenaría a muerte a numerosas personas y degradaría la calidad de vida de otras muchas. Esto parece contradictorio con el planteamiento de una corriente ideológica católica en la que se enmarca el PP, que defiende el "derecho a la vida" para oponerse al derecho al aborto. Sin embargo, la contradicción no es tal. Si se atiende a que la misma derecha católica también se opone al derecho a optar por una muerte digna, se puede inferir que lo que defiende el PP es una especie de autoritarismo biopolítico en el que la vida es obligatoria: es ilícito según este planteamiento no dar la vida o quitarse a sí mismo la vida, porque la vida es un don de Dios. Esto no significa, sin embargo que, los enfermos crónicos tengan derecho a asistencia para mantenerse en vida, pues con ello no cumplen la obligación de estar vivos mientras Dios lo quiera, sino que se aferran a un sospechoso y económicamente costoso deseo de vivir. A lo que se oponen estas políticas oscurantistas del PP es a la libertad del individuo de elegir en lo que a la vida se refiere, tanto respecto a su propia vida como a la vida que puede dar. La vida, según este planteamiento es obligatoria para el individuo, pero ello no implica que el poder no pueda dejarlo morir, sobre todo si ello va en interés de la austeridad y del pago de la deuda. La única vida verdaderamente tutelada es la que el poder puede imponer como obligatoria.
No cabe duda de que, movido por la misma prioridad de dar "seguridad" a los mercados, un hipotético gobierno del PSOE también habría recortado -como ya se hizo en Grecia con el gobierno socialdemócrata de Papandreu- la financiación de los tratamientos para los enfermos crónicos. Probablemente habría intentado disimular y maquillarlo como una racionalización administrativa, pero lo habría hecho. La diferencia del PP con el PSOE es que el PP es capaz de asumir ideológicamente estas medidas, de convertir lo que era para la pseudosocialdemocracia una especie de imperativo natural en una auténtica virtud moral en nada reñida con la racionalidad económica. Si el PSOE consideraba el imperio del capital financiero como una fatalidad natural, el PP lo interpreta como una virtud teológica, como el fuego donde todos purgamos el pecado de la deuda. Entre las necesidades de la naturaleza y de la teología, lo que ha desaparecido es la política.
El "cambio" del PSOE al PP: un balance provisional (
Por Iohannes Maurus
Textos y reflexiones de John Brown
Hay aún quien se sorprende por el silencio de Mariano Rajoy respecto de su "programa económico". Lo sorprendente, sin embargo, es que haya sorpresa, pues, desde hace muchos años está claro que el "programa económico" no lo define el gobierno, sino que se elabora y decide "en otro escenario". Si el PSOE nunca cumplió su programa económico y social entre socialdemócrata y neoliberal y tuvo que apartar muy pronto en la segunda legislatura de Zapatero lo poco que quedaba de socialdemocracia en sus políticas, ello se debió a la supeditación de toda la acción de gobierno a los dictados del sector hegemónico del capital: el capital financiero. La deuda pública y privada se ha convertido así en el gran resorte del gobierno real de nuestras sociedades. Con la retórica de la "presión" de los mercados y la culpabilización colectiva a propósito de la deuda y del gasto excesivo "que nos nos podíamos permitir" se intentaba justificar el cambio de política como una reacción a un fenómeno a la vez natural y moral en el que los mercados castigaban nuestros "excesos" mediante la justicia inmanente del encarecimiento indefinido de la deuda. Tras esta moral natural es fácil reconocer la opción preferencial de los distintos gobiernos españoles y europeos por el capitalismo y su variante financiera. Es patético hoy escuchar a José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista reciente de la cadena SER afirmando que "incluso una política socialdemócrata determinada" tiene sus límites y que ese límite él lo encontró en la amenaza de intervención de la economía española. Para evitar esa intervención, todo fue doblegamiento ante el capital financiero y sus gestores, denominados púdicamente "los mercados". Era necesario poner todos los medios para salvar la banca y mantener la confianza de los mercados en la solvencia del Estado.
En otros términos, los mencionados "límites" residen en el hecho de que se ha optado por una política "socialdemócrata" cuya base económica es el neoliberalismo más extremo. La socialdemocracia de Zapatero -al igual que la de Felipe González- nunca fue una auténtica socialdemocracia, sino un régimen que contaba con la renta de la especulación financiera e inmobiliaria para redistribuir entre la masa de la población algo de riqueza, manteniendo o agravando la disparidad de ingresos entre las capas más altas y las más bajas. Era la política neoliberal del "trickle down", del "goteo" de arriba hacia abajo, basada en la la vieja idea de los fisiócratas de que el incremento de la riqueza de los más ricos tendría efectos positivos sobre los más pobres. Esa política no es, sin embargo, una política socialdemócrata, como tampoco lo es la compensación de la congelación de los salarios reales mediante la renta especulativa financiera o inmobiliaria, pues en ese caso habría que integrar en la socialdemocracia a George W. Bush o a José María Aznar. Tal vez el pequeño matiz socialdemócrata que añadió el zapaterismo a una práctica genuinamente neoliberal fue la gestión parcialmente estatal de esta riqueza financiera, aunque esto tuvo también su otra vertiente, que fue la financiación de redes clientelares mediante los propios instrumentos de redistribución.
Zapatero insiste, sin embargo, en su entrevista en los aspectos realmente "de izquierda" de sus políticas. Entre ellos destaca el cambio liberalizador de la ley del aborto, el matrimonio gay, la leyes contra la violencia "de género" etc. Lo que no se hizo a nivel económico quedaba así compensado a nivel "social" o de "costumbres" mediante la legislación más progresista de Europa o, tal vez del mundo. Ciertamente, estas leyes, a las que hay que añadir una tímida pero real ley de memoria histórica suscitaron gran escándalo en las filas de las derechas y en las jerarquías eclesiásticas, pero en lo esencial no afectaron en nada a la estructura de base del sistema económico y social que siguió rigiéndose por una fidelidad sin quiebras al mando del capital financiero y un discurso abiertamente neoliberal en política económica. En ningún momento se planteó Zapatero un cambio efectivo de las correlaciones de fuerzas económicas y sociales, un cambio en la constitución material como el que acometieron las auténticas socialdemocracias en los países nórdicos o en la propia Alemania.
El zapaterismo, como los demás neoliberalismos, de izquierdas o de derechas, mantuvo rígidamente las prioridades del capitalismo actual. Ya no se trataba de dar garantías a la población, en el marco de un régimen de seguridad social y en general de un Estado del bienestar, frente a los "excesos" del capitalismo, sino de fomentar estos propios excesos esperando poder redistribuir algo de la riqueza generada por la sobreexplotación de los trabajadores dentro y fuera de las fronteras. La seguridad y la garantía pública pasan de amparar al trabajador y el ciudadano a proteger al propio capital financiero. En el neoliberalismo, existe un sistema de "seguridad social" para el capital que se traduce en políticas de preservación de altas tasas de ganancia del capital financiero y de traslado de los riesgos de la especulación desde los titulares del capital financiero al conjunto de la población. No hay mejor ejemplo de estas políticas y de sus consecuencias que la salvación pública de los bancos amenazados de quiebra por la crisis de los "créditos basura" y la inscripción en la constitución del carácter prioritario del pago de la deuda. Desde la segunda legislatura de Zapatero, y hoy mismo con el gobierno del PP, la prioridad casi exclusiva es el pago de la deuda, lo que supone dar garantías al capital financiero de que sus títulos de deuda (inflados por la especulación) serán pagados religiosamente, a costa, por supuesto de los derechos sociales de los trabajadores y del gasto público en bienes de interés general como la enseñanza o la salud.
El silencio de Rajoy responde en gran medida a la estricta continuidad de su política económica con la del PSOE. Las prioridades son las mismas, aunque tal vez puedan ahora aplicarse de manera más descarnada, con menos matices. Ya se tuvo en Cataluña un anticipo de lo que el PP haría a escala estatal: una ofensiva brutal contra la enseñanza y la sanidad públicas y contra el conjunto de bienes comunes gestionados por el Estado. Esta ofensiva ya ha empezado a nivel estatal. El Estado recupera así de manera abierta su carácter de clase y se convierte en una máquina de liquidación de bienes públicos y en un gigantesco "cobrador del frac" que garantiza, a veces con métodos poco elegantes, el pago de la deuda pública o privada a las instituciones financieras y demás titulares de capital financiero. En cierto modo, nada nuevo respecto de lo que ya hiciera el PSOE, salvo una radicalización de las medidas de "austeridad" según el ya conocido sendero griego, que con toda seguridad el PSOE se habría visto obligado a tomar cabo en la hipótesis improbable de que hubiese ganado las elecciones. En lo esencial PSOE y PP tienen la misma política, porque en realidad no es su política, sino la dictada por el capital financiero. La más clara demostración de que no se trata de una "política" sino de la mera administración de la explotación financiera de la riqueza social la tenemos en aquellos casos como el italiano o el griego donde los ejecutivos están presididos por representantes directos de la banca y de las instituciones financieras. Hombres como Monti o Papadimos se presentan como "técnicos" y no ya como políticos, pero son los agentes directos de una "dictadura comisaria" del capital.
La alternancia izquierda-derecha carece así de cualquier contenido real a nivel social o económico. Para preservarla y para mantener con ella la "legitimidad" de la representación política en la partitocracia española, hay que desplazar la diferenciación a otro terreno que no es ya el económico sino el de las "costumbres". En este terreno, las "conquistas" de Zapatero corren hoy grave peligro, pues sólo en ese terreno, puede visibilizarse el "cambio" del PP. La jerarquía eclesiástica y el PP tienen abiertamente entre sus objetivos la reforma o la derogación de leyes como la del aborto o la del matrimonio gay que afectan al control biopolítico de la esfera de la reproducción. También en el terreno de la reproducción ideológica, es esencial en el caso español que la privatización progresiva de la enseñanza se vea acompañada por el control cada vez mayor de la Iglesia Católica sobre este negocio. En este aspecto, la polémica sobre la asignatura de "educación para la ciudadanía" es reveladora. La asignatura se planteaba como un contrapeso laico y cívico al adoctrinamiento religioso practicado en las escuelas a través de la asignatura de religión. La Iglesia siempre vio con recelo esta amenaza a su monopolio y acusó al goberno de Zapatero -sin ningún sentido del ridículo- de querer adoctrinar con ella a niños y adolescentes. Hoy, el nuevo ministro de educación se plantea suprimirla devolviendo así el monopolio ideológico a la doctrina católica.
Son sumamente ilustrativas del cambio ideológico que vivimos unas recientes declaraciones de la Viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, en las que se preguntaba si "tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema". A nadie escapa que una racionalización del sistema conforme a este planteamiento condenaría a muerte a numerosas personas y degradaría la calidad de vida de otras muchas. Esto parece contradictorio con el planteamiento de una corriente ideológica católica en la que se enmarca el PP, que defiende el "derecho a la vida" para oponerse al derecho al aborto. Sin embargo, la contradicción no es tal. Si se atiende a que la misma derecha católica también se opone al derecho a optar por una muerte digna, se puede inferir que lo que defiende el PP es una especie de autoritarismo biopolítico en el que la vida es obligatoria: es ilícito según este planteamiento no dar la vida o quitarse a sí mismo la vida, porque la vida es un don de Dios. Esto no significa, sin embargo que, los enfermos crónicos tengan derecho a asistencia para mantenerse en vida, pues con ello no cumplen la obligación de estar vivos mientras Dios lo quiera, sino que se aferran a un sospechoso y económicamente costoso deseo de vivir. A lo que se oponen estas políticas oscurantistas del PP es a la libertad del individuo de elegir en lo que a la vida se refiere, tanto respecto a su propia vida como a la vida que puede dar. La vida, según este planteamiento es obligatoria para el individuo, pero ello no implica que el poder no pueda dejarlo morir, sobre todo si ello va en interés de la austeridad y del pago de la deuda. La única vida verdaderamente tutelada es la que el poder puede imponer como obligatoria.
No cabe duda de que, movido por la misma prioridad de dar "seguridad" a los mercados, un hipotético gobierno del PSOE también habría recortado -como ya se hizo en Grecia con el gobierno socialdemócrata de Papandreu- la financiación de los tratamientos para los enfermos crónicos. Probablemente habría intentado disimular y maquillarlo como una racionalización administrativa, pero lo habría hecho. La diferencia del PP con el PSOE es que el PP es capaz de asumir ideológicamente estas medidas, de convertir lo que era para la pseudosocialdemocracia una especie de imperativo natural en una auténtica virtud moral en nada reñida con la racionalidad económica. Si el PSOE consideraba el imperio del capital financiero como una fatalidad natural, el PP lo interpreta como una virtud teológica, como el fuego donde todos purgamos el pecado de la deuda. Entre las necesidades de la naturaleza y de la teología, lo que ha desaparecido es la política.
viernes, 3 de febrero de 2012
La reconciliación nacional se abre paso...
Por Emilio Silva Barrera *
Tras la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, las élites políticas que gestionaron el retorno de las libertades en España acordaron una amnistía que dejó en el cunetas del olvido a 113.000 hombres y mujeres asesinados por la represión de los militares fascistas.
El terror de la dictadura obligó a cientos de miles de personas a cavar una fosa en su memoria y enterrar en ella el recuerdo de los traumáticos acontecimientos que les tocó vivir. Cuando en 1979 conquistaron poder municipal partidos que habían sido clandestinos durante el franquismo, algunos familiares iniciaron la exhumación de fosas comunes. Lo hicieron sin medios técnicos, movidos por el impulso de dar un entierro digno a sus seres queridos.
En diferentes provincias españolas surgió un movimiento social que se vio truncado el 23 de febrero de 1981, con el golpe de Estado del teniente coronel Tejero, que, pistola en mano, entró en el Parlamento al grito de “¡Quieto todo el mundo!”. Así, como un reflejo condicionado, despertó el miedo acumulado por las familias que habían sufrido cuarenta años de vigilancia y castigo y se paralizó la relación con ese pasado traumático. Los partidos políticos convivieron perfectamente con el silencio, mientras la élite de la dictadura conservaba sus privilegios y blanqueaba su biografía. Al tiempo, comenzó a construirse el mito de la transición; el retorno a la democracia se había llevado a cabo en España y era el modelo a imitar. Una ficción que evitaba contar, por ejemplo, que entre 1976 y 1981 fueron asesinadas seiscientas personas, fundamentalmente por la extrema derecha. El repunte del miedo hizo que hubiera que esperar casi veinte años para que la generación de los nietos de los asesinados rompiera el silencio, cuestionara el relato oficial de la transición y mirara hacia el pasado a través de los derechos humanos.
El 21 de octubre de 2000, en un pequeño pueblo de la provincia de León llamado Priaranza del Bierzo, un grupo de arqueólogos y forenses exhumó los restos de trece civiles, militantes de izquierda. Allí se puso en marcha un movimiento social que no ha dejado de crecer y que, sin apenas apoyo institucional, ha exhumado en estos once años los restos de 5700 personas en más de trescientas fosas comunes a lo largo y ancho del territorio español.
A partir de julio del año 2002, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó decenas de casos ante el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la ONU, y, con el asesoramiento de alguno de los abogados argentinos que habían promovido los juicios desde España en los casos de Argentina y Chile, inició sus primeras denuncias. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, cuando aparecen restos humanos con signos de violencia un juez se tiene que presentar inmediatamente en ese lugar. Pero decenas de jueces en estos años han imcumplido conscientemente su obligación.
El 14 de diciembre de 2006, un grupo de asociaciones presentó en la Audiencia Nacional una denuncia acompañada de varios listados de desaparecidos. El reparto que se da en ese tribunal llevó el caso al Juzgado NO 5, del que entonces era titular Baltasar Garzón. El magistrado se declaró competente para investigar esos crímenes el 16 de octubre de 2006. A partir de ese momento comenzaron a producirse situaciones inverosímiles que lo obligaron a inhibirse y a repartir su causa por decenas de juzgados españoles.
Unos meses después, Garzón fue denunciado por el sindicato Manos Limpias, organización recientemente premiada por la Fundación Francisco Franco. Lo acusaban de prevaricación por haber iniciado la investigación sabiendo que la Ley de Amnistía le impedía hacerlo. En estos días, el juez que intentó ayudar a las familias de 113.000 desaparecidos está siendo juzgado y se enfrenta a la posibilidad de ser considerado un delincuente.
La sociedad española vive todavía marcada por el miedo. La élite del franquismo ha conservado todos sus privilegios, incluido el del olvido. La investigación de Garzón supuso una amenaza para una estructura social surgida de una terrible violencia. Mientras tanto, miles de víctimas han muerto sin existir para los poderes del Estado y eso aumenta la deuda con los descendientes de quienes crearon nuestra primera democracia durante la Segunda República.
* Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada mediante una prueba de ADN.
Tras la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, las élites políticas que gestionaron el retorno de las libertades en España acordaron una amnistía que dejó en el cunetas del olvido a 113.000 hombres y mujeres asesinados por la represión de los militares fascistas.
El terror de la dictadura obligó a cientos de miles de personas a cavar una fosa en su memoria y enterrar en ella el recuerdo de los traumáticos acontecimientos que les tocó vivir. Cuando en 1979 conquistaron poder municipal partidos que habían sido clandestinos durante el franquismo, algunos familiares iniciaron la exhumación de fosas comunes. Lo hicieron sin medios técnicos, movidos por el impulso de dar un entierro digno a sus seres queridos.
En diferentes provincias españolas surgió un movimiento social que se vio truncado el 23 de febrero de 1981, con el golpe de Estado del teniente coronel Tejero, que, pistola en mano, entró en el Parlamento al grito de “¡Quieto todo el mundo!”. Así, como un reflejo condicionado, despertó el miedo acumulado por las familias que habían sufrido cuarenta años de vigilancia y castigo y se paralizó la relación con ese pasado traumático. Los partidos políticos convivieron perfectamente con el silencio, mientras la élite de la dictadura conservaba sus privilegios y blanqueaba su biografía. Al tiempo, comenzó a construirse el mito de la transición; el retorno a la democracia se había llevado a cabo en España y era el modelo a imitar. Una ficción que evitaba contar, por ejemplo, que entre 1976 y 1981 fueron asesinadas seiscientas personas, fundamentalmente por la extrema derecha. El repunte del miedo hizo que hubiera que esperar casi veinte años para que la generación de los nietos de los asesinados rompiera el silencio, cuestionara el relato oficial de la transición y mirara hacia el pasado a través de los derechos humanos.
El 21 de octubre de 2000, en un pequeño pueblo de la provincia de León llamado Priaranza del Bierzo, un grupo de arqueólogos y forenses exhumó los restos de trece civiles, militantes de izquierda. Allí se puso en marcha un movimiento social que no ha dejado de crecer y que, sin apenas apoyo institucional, ha exhumado en estos once años los restos de 5700 personas en más de trescientas fosas comunes a lo largo y ancho del territorio español.
A partir de julio del año 2002, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó decenas de casos ante el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la ONU, y, con el asesoramiento de alguno de los abogados argentinos que habían promovido los juicios desde España en los casos de Argentina y Chile, inició sus primeras denuncias. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, cuando aparecen restos humanos con signos de violencia un juez se tiene que presentar inmediatamente en ese lugar. Pero decenas de jueces en estos años han imcumplido conscientemente su obligación.
El 14 de diciembre de 2006, un grupo de asociaciones presentó en la Audiencia Nacional una denuncia acompañada de varios listados de desaparecidos. El reparto que se da en ese tribunal llevó el caso al Juzgado NO 5, del que entonces era titular Baltasar Garzón. El magistrado se declaró competente para investigar esos crímenes el 16 de octubre de 2006. A partir de ese momento comenzaron a producirse situaciones inverosímiles que lo obligaron a inhibirse y a repartir su causa por decenas de juzgados españoles.
Unos meses después, Garzón fue denunciado por el sindicato Manos Limpias, organización recientemente premiada por la Fundación Francisco Franco. Lo acusaban de prevaricación por haber iniciado la investigación sabiendo que la Ley de Amnistía le impedía hacerlo. En estos días, el juez que intentó ayudar a las familias de 113.000 desaparecidos está siendo juzgado y se enfrenta a la posibilidad de ser considerado un delincuente.
La sociedad española vive todavía marcada por el miedo. La élite del franquismo ha conservado todos sus privilegios, incluido el del olvido. La investigación de Garzón supuso una amenaza para una estructura social surgida de una terrible violencia. Mientras tanto, miles de víctimas han muerto sin existir para los poderes del Estado y eso aumenta la deuda con los descendientes de quienes crearon nuestra primera democracia durante la Segunda República.
* Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada mediante una prueba de ADN.
sábado, 21 de enero de 2012
La degradación humana
Las tres décadas de neoliberalismo marcaron el triunfo de un individualismo que hundió el sistema de valores solidarios de la clase trabajadora. En 1979 había siete millones de obreros británicos. Hoy hay dos millones y medio.
Por Marcelo Justo
Desde Londres
La demonización de la clase trabajadora británica tiene un acrónimo indescifrable: “Chavs”. Nadie sabe qué significa, pero en páginas webs, en programas televisivos y en análisis mediáticos populares o “serios” sirve para estigmatizar a jóvenes que viven en viviendas municipales y tienen un tipo específico de acento y aspecto físico. “En realidad es una manera oblicua de definir al conjunto de la clase trabajadora y responsabilizar a los pobres de ser pobres”, escribe Owen Jones, autor de Chavs, un libro clave sobre el tema. En medio de la actual crisis, la justificación cae al dedillo. La pobreza no se debe a los problemas de la economía sino a las fallas del propio individuo o de su familia: a los hogares dislocados, a la falta de ambición o inteligencia.
Las tres décadas de neoliberalismo, inauguradas por Margaret Thatcher con una drástica desindustrialización en los ’80, marcaron el triunfo de un individualismo que hundió el sistema de valores solidarios de la clase trabajadora. En 1979 había 7 millones de obreros con un fuerte peso de los mineros, portuarios y automotrices. Hoy, hay dos millones y medio, las minas han desaparecido y solo la empresa automotriz, en manos extranjeras, está creciendo.
En este vacío de identidad de una clase obrera en retirada surgen los “chavs”. Objeto de escarnio en la prensa o de burla en programas televisivos y cenas de clase media, los “chavs” son presentados como parásitos enquistados en el tejido social. Según el estereotipo son desempleados crónicos, adolescentes que se embarazan para acceder a los beneficios sociales por hijo, responsables del déficit fiscal y moral, virtuales delincuentes con un coeficiente de inteligencia por el suelo y una familia disfuncional. “Lo que llamábamos la respetable clase trabajadora prácticamente ha desaparecido. Hoy la clase trabajadora en realidad no trabaja para nada y está sostenida por el Estado de bienestar”, señala el comentarista conservador Simon Heffer.
El estereotipo ha ayudado a justificar el draconiano ajuste fiscal de la coalición conservadora-liberal demócrata que encabeza el primer ministro David Cameron, pero también ha servido de base para propuestas decimonónicas de limpieza social. En 2008 un concejal conservador, John Ward, llamó a la esterilización obligatoria de las personas que tuvieran un segundo o tercer hijo mientras cobraban beneficios sociales, medida apoyada con entusiasmo por los lectores del conservador Daily Mail escandalizados por “estos aprovechadores y sinvergüenzas que están hundiendo el país”.
La obsesión clasista y el estereotipo han llevado a confusiones cuasicómicas. En un panfleto para las elecciones de 2010, los conservadores aseguraron que en algunas zonas pobres, “el embarazo adolescente de menores de 18 años es de un 54 por ciento”. En realidad era un 5,4 por ciento, cifra que representaba una caída respecto a lo que sucedía durante el thatcherismo. En el departamento de prensa conservador nadie se percató del error tipográfico. A pesar de que estaba hablando de más de la mitad de las menores de 18 años de esas zonas, el fenómeno ya había sido naturalizado por el prejuicio.
Una de las curiosidades es que se usa el término “chavs” con certeza de concepto sociológico, a pesar de que nadie puede decir a ciencia cierta qué significa el acrónimo. El diccionario de Oxford por Internet define al “chav” como “un joven de clase baja, de conducta estridente y patoteril que usa ropas de marca, reales o imitadas”. Otro diccionario de 2005 los define como “joven de clase trabajadora que se viste con ropa deportiva”. Un mito popular lo hace pasar como “Council Housed and Violent” (violento que vive en casas municipales)
Esta vaguedad permite englobar a amplios sectores sociales. En un libro que va por la novena edición y vendió más de 100 mil ejemplares, The Little book of Chavs, se identifican los típicos trabajos “chavs”. La “chavette” –mujer chav– es una aprendiz de peluquería, limpiadora o camarera mientras que los hombres son guardias de seguridad o mecánicos y plomeros “cowboys” (chantas). Según el libro, “chavs” de ambos sexos suelen ser cajeros en los supermercados o empleados de hamburgueserías.
Esta tipificación laboral corre paralela a los cambios que ha vivido la clase trabajadora británica en los últimos 30 años. Hoy una cuarta parte de la fuerza laboral trabaja part time y más de un millón y medio se encuentra en empleos temporarios. El salario medio de unas 170 mil peluqueras (“chavettes”) está apenas por encima de la mitad del promedio salarial de la población, medida que define la línea de la pobreza en el Reino Unido. En ciudades que alguna vez giraron en torno de la actividad fabril o minera, los escasos trabajos que hay son en supermercados o farmacias. “No solo son trabajos más inseguros. Están mucho peor pagos. Cuando Rover quebró en Birmingham con la pérdida de 6500 puestos, el ingreso promedio que cobraron los que consiguieron trabajo era una quinta parte menos que lo que ganaban en la automotriz”, apunta Owen Jones.
La paradoja es que en una sociedad tan clasista como la británica, en la que el acento y la universidad (Oxford, Cambridge) define el futuro de una persona, conservadores y nuevos laboristas propagan el mito de que hoy todos los británicos son “clase media”, salvo esa pequeña subclase disfuncional y patológica a la que le falta ambición o fibra moral: los “chavs”. En 1910 Winston Churchill, entonces ministro del Interior del Partido Laborista, propuso la esterilización de más de 100 mil personas a las que consideraba “débiles mentales y degenerados morales” para salvar al país de la decadencia. Un siglo más tarde la decadencia sigue amenazando al Reino Unido, pero la fórmula es más “civilizada”: un estigma que niega la existencia y el significado social de la clase trabajadora.
Por Marcelo Justo
Desde Londres
La demonización de la clase trabajadora británica tiene un acrónimo indescifrable: “Chavs”. Nadie sabe qué significa, pero en páginas webs, en programas televisivos y en análisis mediáticos populares o “serios” sirve para estigmatizar a jóvenes que viven en viviendas municipales y tienen un tipo específico de acento y aspecto físico. “En realidad es una manera oblicua de definir al conjunto de la clase trabajadora y responsabilizar a los pobres de ser pobres”, escribe Owen Jones, autor de Chavs, un libro clave sobre el tema. En medio de la actual crisis, la justificación cae al dedillo. La pobreza no se debe a los problemas de la economía sino a las fallas del propio individuo o de su familia: a los hogares dislocados, a la falta de ambición o inteligencia.
Las tres décadas de neoliberalismo, inauguradas por Margaret Thatcher con una drástica desindustrialización en los ’80, marcaron el triunfo de un individualismo que hundió el sistema de valores solidarios de la clase trabajadora. En 1979 había 7 millones de obreros con un fuerte peso de los mineros, portuarios y automotrices. Hoy, hay dos millones y medio, las minas han desaparecido y solo la empresa automotriz, en manos extranjeras, está creciendo.
En este vacío de identidad de una clase obrera en retirada surgen los “chavs”. Objeto de escarnio en la prensa o de burla en programas televisivos y cenas de clase media, los “chavs” son presentados como parásitos enquistados en el tejido social. Según el estereotipo son desempleados crónicos, adolescentes que se embarazan para acceder a los beneficios sociales por hijo, responsables del déficit fiscal y moral, virtuales delincuentes con un coeficiente de inteligencia por el suelo y una familia disfuncional. “Lo que llamábamos la respetable clase trabajadora prácticamente ha desaparecido. Hoy la clase trabajadora en realidad no trabaja para nada y está sostenida por el Estado de bienestar”, señala el comentarista conservador Simon Heffer.
El estereotipo ha ayudado a justificar el draconiano ajuste fiscal de la coalición conservadora-liberal demócrata que encabeza el primer ministro David Cameron, pero también ha servido de base para propuestas decimonónicas de limpieza social. En 2008 un concejal conservador, John Ward, llamó a la esterilización obligatoria de las personas que tuvieran un segundo o tercer hijo mientras cobraban beneficios sociales, medida apoyada con entusiasmo por los lectores del conservador Daily Mail escandalizados por “estos aprovechadores y sinvergüenzas que están hundiendo el país”.
La obsesión clasista y el estereotipo han llevado a confusiones cuasicómicas. En un panfleto para las elecciones de 2010, los conservadores aseguraron que en algunas zonas pobres, “el embarazo adolescente de menores de 18 años es de un 54 por ciento”. En realidad era un 5,4 por ciento, cifra que representaba una caída respecto a lo que sucedía durante el thatcherismo. En el departamento de prensa conservador nadie se percató del error tipográfico. A pesar de que estaba hablando de más de la mitad de las menores de 18 años de esas zonas, el fenómeno ya había sido naturalizado por el prejuicio.
Una de las curiosidades es que se usa el término “chavs” con certeza de concepto sociológico, a pesar de que nadie puede decir a ciencia cierta qué significa el acrónimo. El diccionario de Oxford por Internet define al “chav” como “un joven de clase baja, de conducta estridente y patoteril que usa ropas de marca, reales o imitadas”. Otro diccionario de 2005 los define como “joven de clase trabajadora que se viste con ropa deportiva”. Un mito popular lo hace pasar como “Council Housed and Violent” (violento que vive en casas municipales)
Esta vaguedad permite englobar a amplios sectores sociales. En un libro que va por la novena edición y vendió más de 100 mil ejemplares, The Little book of Chavs, se identifican los típicos trabajos “chavs”. La “chavette” –mujer chav– es una aprendiz de peluquería, limpiadora o camarera mientras que los hombres son guardias de seguridad o mecánicos y plomeros “cowboys” (chantas). Según el libro, “chavs” de ambos sexos suelen ser cajeros en los supermercados o empleados de hamburgueserías.
Esta tipificación laboral corre paralela a los cambios que ha vivido la clase trabajadora británica en los últimos 30 años. Hoy una cuarta parte de la fuerza laboral trabaja part time y más de un millón y medio se encuentra en empleos temporarios. El salario medio de unas 170 mil peluqueras (“chavettes”) está apenas por encima de la mitad del promedio salarial de la población, medida que define la línea de la pobreza en el Reino Unido. En ciudades que alguna vez giraron en torno de la actividad fabril o minera, los escasos trabajos que hay son en supermercados o farmacias. “No solo son trabajos más inseguros. Están mucho peor pagos. Cuando Rover quebró en Birmingham con la pérdida de 6500 puestos, el ingreso promedio que cobraron los que consiguieron trabajo era una quinta parte menos que lo que ganaban en la automotriz”, apunta Owen Jones.
La paradoja es que en una sociedad tan clasista como la británica, en la que el acento y la universidad (Oxford, Cambridge) define el futuro de una persona, conservadores y nuevos laboristas propagan el mito de que hoy todos los británicos son “clase media”, salvo esa pequeña subclase disfuncional y patológica a la que le falta ambición o fibra moral: los “chavs”. En 1910 Winston Churchill, entonces ministro del Interior del Partido Laborista, propuso la esterilización de más de 100 mil personas a las que consideraba “débiles mentales y degenerados morales” para salvar al país de la decadencia. Un siglo más tarde la decadencia sigue amenazando al Reino Unido, pero la fórmula es más “civilizada”: un estigma que niega la existencia y el significado social de la clase trabajadora.
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