lunes, 30 de abril de 2012
El odio a la razón y al derecho a la vida
Sigo considerando un gravísimo error que muchos españoles sigan pensando que la guerra civil española, es decir la derrota de la República española, es más que nada un acontecimiento sin mayor importancia, casi un hecho anecdótico en la historia reciente española. En los años 30 del siglo pasado, el franquismo ( de alguna manera hay que llamar al fascismo español) se confabuló con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, para acabar con aquel estallido de democracia y progreso en España. Aquella guerra civil fue seguida de cerca por las, por así llamarlas, democracias occidentales, en las que destacaron Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, que tampoco veían con buenos ojos un cambio de régimen en España. Estas potencias necesitaban un régimen dócil que no metiera las nacires en aquella guerra solapada contra el poder en la recién creada Unión Soviética. Esas potencias al principio mimaron de mil maneras al insaciable Hitler. Pretendían, como más tarde se confirmó, que atacara al régimen del "poder popular en Rusia", que estaba dando un mal ejemplo a las clases populares en todo el mundo... cosa que ellos nunca han podido permitir bajo ningún concepto. A punto estuvieron de perderlo todo, pues la guerra la ganaron los rusos y en otras circunstancias, Stalin, pudo acaparar o tener como zona de influencia a toda Europa. Por fortuna para París, Londres, Washington y el propio Berlín, Stalin se conformó con media Europa y dejó el resto en manos de las "democracias occidentales" capitaneadas desde entonces por los todopoderosos Estados Unidos. Los horrores de la guerra civil si fueron para estas "potencias" un hecho anecdótico, incluída la destrucción de Gernika, el millón de muertos de parte y parte, y el otro millón largo de españoles que huyeron de la represión franquista durante prácticamente toda la dictadura. Por eso me ha agradado el siguiente artículo,procedente de la Argentina y que los españoles que honramos nuestro origen tenemos el deber moral de al menos leerlo...
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Domingo 29 de abril de 2012
Por
Iñaki Hernaiz Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos –Cipdh-Unesco–, con sede en el Espacio para la Memoria, ex Esma.
Para los argentinos nietos de vascos, Gernika es parte de nuestra identidad. Como el valor de la palabra, la lealtad, la voluntad y la tenacidad (al ser peronista, se refuerzan estas características).
Cuando exactamente 60 años después del 26 de abril de 1937, Herzog pedía públicamente perdón reconociendo que aviones alemanes bombardearon Gernika, los testigos sobrevivientes declararon que aquella inexplicable masacre nos les dejó un sentimiento de odio o de venganza. Pero sí, un ferviente deseo de NUNCA MÁS. Y un claro deseo de que desde los muertos y los escombros debía surgir una “bandera de paz para todos los pueblos del mundo”.
Previamente recordaron la “lluvia de fuego, metralla y muerte” que destruyó Gernika. Aquel lunes era un día ajetreado de mercado. La ciudad era un hormiguero bullicioso donde los vecinos trataban de olvidar, al menos por un rato, los rigores de la guerra civil y conseguir los pocos alimentos que de ningún modo alcanzarían hasta el próximo lunes de feria. La semana anterior algunas bombas habían caído en Durango y el miedo ya se había instalado en los pueblos cercanos.
“Gernika, la ciudad más antigua de los vascos y el centro de su tradición cultural, fue completamente destruida ayer a la tarde por aviones bombarderos insurgentes. El bombardeo de esta ciudad abierta, lejos de las líneas ocupadas, duró exactamente tres horas y cuarto, tiempo durante el cual una fuerte flota de aviones alemanes de tres diferentes tipos no cesó de arrojar bombas sobre la ciudad. En la forma de ejecución y en la escala de la destrucción, la incursión de Gernika no tiene parangón en la historia militar. Gernika no era un objetivo militar, el objetivo del bombardeo fue aparentemente la desmoralización de la población civil y la destrucción de la cuna de la raza vasca.” Así narra su experiencia para The Times el corresponsal de guerra George Steer, británico, de 27 años (nacido en la Unión Sudafricana, una de las tantas colonias inglesas de aquel entonces). Junto a otros corresponsales, entre Marquina y Gernika vieron aparecer los primeros aviones sobre el monte. Dejaron el auto y se protegieron en un cráter de bomba cercano al camino.
“A las cuatro y cuarto, el vigilante de la cumbre del monte Kosnoaga, apostado por el precario sistema de Defensa Civil de la Junta Municipal, hizo flamear las banderas rojas de peligro. El segundo vigilante, desde el campanario de la iglesia de Santa María, tocó a rebato. Las industrias que poseían sirenas las hicieron sonar para alertar a la población. Apenas pasadas las cuatro y veinticinco de la tarde del 26 de abril, Von Richthofen dio la orden de abrir fuego a su escuadrón. A partir de las cuatro y media de la tarde cayeron sobre Gernika decenas de bombas medianas de 250 kilos y livianas de 50 y más de tres mil proyectiles incendiarios de aluminio de 1 kilogramo. Los cazas Heinkel He 51 dispararon en vuelo rasante sobre quienes trataban de huir de la locura. La bestial humareda provocada por el bombardeo hizo que las últimas descargas se hicieran a ciegas. Tres horas después, los aviones se retiraron. La ciudad ardía en llamas. El 70 por ciento de los edificios quedaron destruidos totalmente por las bombas o por el fuego, otro 20 por ciento se mantenían en pie, pero derruidos”.
La Legión Cóndor de la aviación alemana y aviones italianos cumplieron al pie de la letra las órdenes del ejército franquista (cuestión de amigos: Hitler y Mussolini ayudando a Franco). La Casa de Juntas, el Árbol de Gernika, las fábricas de material bélico y hasta el puente de Rentería, que supuestamente eran objetivos principales, sorprendentemente quedaron intactos.
Franco sabía que los dirigentes vascos no aceptarían ningún tipo de negociación. Ordenó las operaciones militares que incluyeron el asesinato de civiles, más el escarmiento de dirigentes y el temor sembrado en el resto de la población.
Franco, responsable de la destrucción de Gernika, cinco años después, ya finalizada su reconstrucción, se hizo nombrar “hijo adoptivo de la ciudad”.
Franco instauró la persecución y la represión ideológica y cultural, administrada por la guardia civil, el ejército y grupos paramilitares.
Sin embargo, Franco no logró que Gernika dejara de ser el símbolo de las libertades vascas. Sí, paradójicamente, logró que represente un grito de paz para todos los pueblos del mundo, surgido desde el horror y la muerte.
La difusión de los hechos acaecidos en Gernika aquel 26 de abril de 1937 fue desde los primeros momentos objeto de una profunda controversia. Algunos testigos del bombardeo, junto con las personalidades más representativas del Gobierno de Euzkadi y de la sociedad vasca, denunciaron al mundo la destrucción de la villa foral y la implicación de los ejércitos alemán y franquista. La noticia apareció publicada en los principales medios informativos europeos, gracias a la rápida actuación de algunos periodistas, entre los que destaca la figura de George Steer.
El bando nacional nunca reconoció su responsabilidad, al contrario, tergiversó las pruebas y utilizó la prensa franquista para acusar a los republicanos vascos, a quienes denominó rojos-separatistas, de haber provocado el incendio de la villa en su retirada hacia Bilbao. Hasta el día de hoy el ejército español no ha reconocido su implicación en el bombardeo de Gernika.
Picasso vivió con horror las noticias que le llegaban a través de la prensa francesa sobre la tragedia del bombardeo de Gernika, y finalmente el 1° de mayo de 1937 comenzó a trabajar con auténtica furia en la obra que el Gobierno de la República, en plena Guerra Civil, le encargó para la Exposición Internacional de París. Estas referencias sobre el inmortal Gernika de Picasso forman parte de la muestra didáctica realizada por el Museo de la Paz de Gernika y organizada por la delegación de Euzkadi en la Argentina, que se puede visitar en el ECuNhi (Espacio Cultural Nuestros Hijos) que dirige nuestra querida Teresa Parodi. El miércoles pasado, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, también en la ex Esma, se realizó un acto a 75 años del bombardeo. Sobrevivientes, “niños de la guerra”, referentes de la comunidad vasca y trabajadores del Espacio para la Memoria, compartieron emotivas reflexiones de Elvira Cortajarena, Marita Perceval y Eduardo Jozami. También presenciaron la magnífica obra Granos de uva en el paladar, dirigida por Susana Hornos y Zaida Rico: las seis actrices españolas hicieron vibrar al público en medio de fusiles, banderas rojas, cárceles y monasterios, amor y muerte. Las figuras del Gernika de Picasso, toros, caballos y cuerpos desgarrados, envolvieron al auditorio en una atmósfera de emoción y dramatismo.
Tuvo un sentido y muchas razones realizar el acto e inaugurar la muestra en la ex Esma. El Museo de la Paz de Gernika dio paso y cultivó la Memoria; el transcurrir de las décadas, parcialmente, fue dando paso a la Verdad; Justicia es una cuenta pendiente. La lucha de Madres y Abuelas, Familiares, Hijos y los organismos de DD.HH., las políticas de Memoria desarrolladas desde 2003, los juicios a los genocidas de la última dictadura cívico-militar, nos permiten soñar a vascos y argentinos, y a las sociedades democráticas del mundo, con MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA, por Gernika y por las víctimas del franquismo.
Agradecimiento especial por los aportes recibidos a Elvira Cortajarena, Mariana Satostegui, Miguel Russo y Ramón Burundarena / Artículo dedicado a la memoria de Eduardo Luis Duhalde.
domingo, 12 de febrero de 2012
Nada nuevo bajo el sol
domingo 5 de febrero de 2012
El "cambio" del PSOE al PP: un balance provisional (
Por Iohannes Maurus
Textos y reflexiones de John Brown
Hay aún quien se sorprende por el silencio de Mariano Rajoy respecto de su "programa económico". Lo sorprendente, sin embargo, es que haya sorpresa, pues, desde hace muchos años está claro que el "programa económico" no lo define el gobierno, sino que se elabora y decide "en otro escenario". Si el PSOE nunca cumplió su programa económico y social entre socialdemócrata y neoliberal y tuvo que apartar muy pronto en la segunda legislatura de Zapatero lo poco que quedaba de socialdemocracia en sus políticas, ello se debió a la supeditación de toda la acción de gobierno a los dictados del sector hegemónico del capital: el capital financiero. La deuda pública y privada se ha convertido así en el gran resorte del gobierno real de nuestras sociedades. Con la retórica de la "presión" de los mercados y la culpabilización colectiva a propósito de la deuda y del gasto excesivo "que nos nos podíamos permitir" se intentaba justificar el cambio de política como una reacción a un fenómeno a la vez natural y moral en el que los mercados castigaban nuestros "excesos" mediante la justicia inmanente del encarecimiento indefinido de la deuda. Tras esta moral natural es fácil reconocer la opción preferencial de los distintos gobiernos españoles y europeos por el capitalismo y su variante financiera. Es patético hoy escuchar a José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista reciente de la cadena SER afirmando que "incluso una política socialdemócrata determinada" tiene sus límites y que ese límite él lo encontró en la amenaza de intervención de la economía española. Para evitar esa intervención, todo fue doblegamiento ante el capital financiero y sus gestores, denominados púdicamente "los mercados". Era necesario poner todos los medios para salvar la banca y mantener la confianza de los mercados en la solvencia del Estado.
En otros términos, los mencionados "límites" residen en el hecho de que se ha optado por una política "socialdemócrata" cuya base económica es el neoliberalismo más extremo. La socialdemocracia de Zapatero -al igual que la de Felipe González- nunca fue una auténtica socialdemocracia, sino un régimen que contaba con la renta de la especulación financiera e inmobiliaria para redistribuir entre la masa de la población algo de riqueza, manteniendo o agravando la disparidad de ingresos entre las capas más altas y las más bajas. Era la política neoliberal del "trickle down", del "goteo" de arriba hacia abajo, basada en la la vieja idea de los fisiócratas de que el incremento de la riqueza de los más ricos tendría efectos positivos sobre los más pobres. Esa política no es, sin embargo, una política socialdemócrata, como tampoco lo es la compensación de la congelación de los salarios reales mediante la renta especulativa financiera o inmobiliaria, pues en ese caso habría que integrar en la socialdemocracia a George W. Bush o a José María Aznar. Tal vez el pequeño matiz socialdemócrata que añadió el zapaterismo a una práctica genuinamente neoliberal fue la gestión parcialmente estatal de esta riqueza financiera, aunque esto tuvo también su otra vertiente, que fue la financiación de redes clientelares mediante los propios instrumentos de redistribución.
Zapatero insiste, sin embargo, en su entrevista en los aspectos realmente "de izquierda" de sus políticas. Entre ellos destaca el cambio liberalizador de la ley del aborto, el matrimonio gay, la leyes contra la violencia "de género" etc. Lo que no se hizo a nivel económico quedaba así compensado a nivel "social" o de "costumbres" mediante la legislación más progresista de Europa o, tal vez del mundo. Ciertamente, estas leyes, a las que hay que añadir una tímida pero real ley de memoria histórica suscitaron gran escándalo en las filas de las derechas y en las jerarquías eclesiásticas, pero en lo esencial no afectaron en nada a la estructura de base del sistema económico y social que siguió rigiéndose por una fidelidad sin quiebras al mando del capital financiero y un discurso abiertamente neoliberal en política económica. En ningún momento se planteó Zapatero un cambio efectivo de las correlaciones de fuerzas económicas y sociales, un cambio en la constitución material como el que acometieron las auténticas socialdemocracias en los países nórdicos o en la propia Alemania.
El zapaterismo, como los demás neoliberalismos, de izquierdas o de derechas, mantuvo rígidamente las prioridades del capitalismo actual. Ya no se trataba de dar garantías a la población, en el marco de un régimen de seguridad social y en general de un Estado del bienestar, frente a los "excesos" del capitalismo, sino de fomentar estos propios excesos esperando poder redistribuir algo de la riqueza generada por la sobreexplotación de los trabajadores dentro y fuera de las fronteras. La seguridad y la garantía pública pasan de amparar al trabajador y el ciudadano a proteger al propio capital financiero. En el neoliberalismo, existe un sistema de "seguridad social" para el capital que se traduce en políticas de preservación de altas tasas de ganancia del capital financiero y de traslado de los riesgos de la especulación desde los titulares del capital financiero al conjunto de la población. No hay mejor ejemplo de estas políticas y de sus consecuencias que la salvación pública de los bancos amenazados de quiebra por la crisis de los "créditos basura" y la inscripción en la constitución del carácter prioritario del pago de la deuda. Desde la segunda legislatura de Zapatero, y hoy mismo con el gobierno del PP, la prioridad casi exclusiva es el pago de la deuda, lo que supone dar garantías al capital financiero de que sus títulos de deuda (inflados por la especulación) serán pagados religiosamente, a costa, por supuesto de los derechos sociales de los trabajadores y del gasto público en bienes de interés general como la enseñanza o la salud.
El silencio de Rajoy responde en gran medida a la estricta continuidad de su política económica con la del PSOE. Las prioridades son las mismas, aunque tal vez puedan ahora aplicarse de manera más descarnada, con menos matices. Ya se tuvo en Cataluña un anticipo de lo que el PP haría a escala estatal: una ofensiva brutal contra la enseñanza y la sanidad públicas y contra el conjunto de bienes comunes gestionados por el Estado. Esta ofensiva ya ha empezado a nivel estatal. El Estado recupera así de manera abierta su carácter de clase y se convierte en una máquina de liquidación de bienes públicos y en un gigantesco "cobrador del frac" que garantiza, a veces con métodos poco elegantes, el pago de la deuda pública o privada a las instituciones financieras y demás titulares de capital financiero. En cierto modo, nada nuevo respecto de lo que ya hiciera el PSOE, salvo una radicalización de las medidas de "austeridad" según el ya conocido sendero griego, que con toda seguridad el PSOE se habría visto obligado a tomar cabo en la hipótesis improbable de que hubiese ganado las elecciones. En lo esencial PSOE y PP tienen la misma política, porque en realidad no es su política, sino la dictada por el capital financiero. La más clara demostración de que no se trata de una "política" sino de la mera administración de la explotación financiera de la riqueza social la tenemos en aquellos casos como el italiano o el griego donde los ejecutivos están presididos por representantes directos de la banca y de las instituciones financieras. Hombres como Monti o Papadimos se presentan como "técnicos" y no ya como políticos, pero son los agentes directos de una "dictadura comisaria" del capital.
La alternancia izquierda-derecha carece así de cualquier contenido real a nivel social o económico. Para preservarla y para mantener con ella la "legitimidad" de la representación política en la partitocracia española, hay que desplazar la diferenciación a otro terreno que no es ya el económico sino el de las "costumbres". En este terreno, las "conquistas" de Zapatero corren hoy grave peligro, pues sólo en ese terreno, puede visibilizarse el "cambio" del PP. La jerarquía eclesiástica y el PP tienen abiertamente entre sus objetivos la reforma o la derogación de leyes como la del aborto o la del matrimonio gay que afectan al control biopolítico de la esfera de la reproducción. También en el terreno de la reproducción ideológica, es esencial en el caso español que la privatización progresiva de la enseñanza se vea acompañada por el control cada vez mayor de la Iglesia Católica sobre este negocio. En este aspecto, la polémica sobre la asignatura de "educación para la ciudadanía" es reveladora. La asignatura se planteaba como un contrapeso laico y cívico al adoctrinamiento religioso practicado en las escuelas a través de la asignatura de religión. La Iglesia siempre vio con recelo esta amenaza a su monopolio y acusó al goberno de Zapatero -sin ningún sentido del ridículo- de querer adoctrinar con ella a niños y adolescentes. Hoy, el nuevo ministro de educación se plantea suprimirla devolviendo así el monopolio ideológico a la doctrina católica.
Son sumamente ilustrativas del cambio ideológico que vivimos unas recientes declaraciones de la Viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, en las que se preguntaba si "tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema". A nadie escapa que una racionalización del sistema conforme a este planteamiento condenaría a muerte a numerosas personas y degradaría la calidad de vida de otras muchas. Esto parece contradictorio con el planteamiento de una corriente ideológica católica en la que se enmarca el PP, que defiende el "derecho a la vida" para oponerse al derecho al aborto. Sin embargo, la contradicción no es tal. Si se atiende a que la misma derecha católica también se opone al derecho a optar por una muerte digna, se puede inferir que lo que defiende el PP es una especie de autoritarismo biopolítico en el que la vida es obligatoria: es ilícito según este planteamiento no dar la vida o quitarse a sí mismo la vida, porque la vida es un don de Dios. Esto no significa, sin embargo que, los enfermos crónicos tengan derecho a asistencia para mantenerse en vida, pues con ello no cumplen la obligación de estar vivos mientras Dios lo quiera, sino que se aferran a un sospechoso y económicamente costoso deseo de vivir. A lo que se oponen estas políticas oscurantistas del PP es a la libertad del individuo de elegir en lo que a la vida se refiere, tanto respecto a su propia vida como a la vida que puede dar. La vida, según este planteamiento es obligatoria para el individuo, pero ello no implica que el poder no pueda dejarlo morir, sobre todo si ello va en interés de la austeridad y del pago de la deuda. La única vida verdaderamente tutelada es la que el poder puede imponer como obligatoria.
No cabe duda de que, movido por la misma prioridad de dar "seguridad" a los mercados, un hipotético gobierno del PSOE también habría recortado -como ya se hizo en Grecia con el gobierno socialdemócrata de Papandreu- la financiación de los tratamientos para los enfermos crónicos. Probablemente habría intentado disimular y maquillarlo como una racionalización administrativa, pero lo habría hecho. La diferencia del PP con el PSOE es que el PP es capaz de asumir ideológicamente estas medidas, de convertir lo que era para la pseudosocialdemocracia una especie de imperativo natural en una auténtica virtud moral en nada reñida con la racionalidad económica. Si el PSOE consideraba el imperio del capital financiero como una fatalidad natural, el PP lo interpreta como una virtud teológica, como el fuego donde todos purgamos el pecado de la deuda. Entre las necesidades de la naturaleza y de la teología, lo que ha desaparecido es la política.
El "cambio" del PSOE al PP: un balance provisional (
Por Iohannes Maurus
Textos y reflexiones de John Brown
Hay aún quien se sorprende por el silencio de Mariano Rajoy respecto de su "programa económico". Lo sorprendente, sin embargo, es que haya sorpresa, pues, desde hace muchos años está claro que el "programa económico" no lo define el gobierno, sino que se elabora y decide "en otro escenario". Si el PSOE nunca cumplió su programa económico y social entre socialdemócrata y neoliberal y tuvo que apartar muy pronto en la segunda legislatura de Zapatero lo poco que quedaba de socialdemocracia en sus políticas, ello se debió a la supeditación de toda la acción de gobierno a los dictados del sector hegemónico del capital: el capital financiero. La deuda pública y privada se ha convertido así en el gran resorte del gobierno real de nuestras sociedades. Con la retórica de la "presión" de los mercados y la culpabilización colectiva a propósito de la deuda y del gasto excesivo "que nos nos podíamos permitir" se intentaba justificar el cambio de política como una reacción a un fenómeno a la vez natural y moral en el que los mercados castigaban nuestros "excesos" mediante la justicia inmanente del encarecimiento indefinido de la deuda. Tras esta moral natural es fácil reconocer la opción preferencial de los distintos gobiernos españoles y europeos por el capitalismo y su variante financiera. Es patético hoy escuchar a José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista reciente de la cadena SER afirmando que "incluso una política socialdemócrata determinada" tiene sus límites y que ese límite él lo encontró en la amenaza de intervención de la economía española. Para evitar esa intervención, todo fue doblegamiento ante el capital financiero y sus gestores, denominados púdicamente "los mercados". Era necesario poner todos los medios para salvar la banca y mantener la confianza de los mercados en la solvencia del Estado.
En otros términos, los mencionados "límites" residen en el hecho de que se ha optado por una política "socialdemócrata" cuya base económica es el neoliberalismo más extremo. La socialdemocracia de Zapatero -al igual que la de Felipe González- nunca fue una auténtica socialdemocracia, sino un régimen que contaba con la renta de la especulación financiera e inmobiliaria para redistribuir entre la masa de la población algo de riqueza, manteniendo o agravando la disparidad de ingresos entre las capas más altas y las más bajas. Era la política neoliberal del "trickle down", del "goteo" de arriba hacia abajo, basada en la la vieja idea de los fisiócratas de que el incremento de la riqueza de los más ricos tendría efectos positivos sobre los más pobres. Esa política no es, sin embargo, una política socialdemócrata, como tampoco lo es la compensación de la congelación de los salarios reales mediante la renta especulativa financiera o inmobiliaria, pues en ese caso habría que integrar en la socialdemocracia a George W. Bush o a José María Aznar. Tal vez el pequeño matiz socialdemócrata que añadió el zapaterismo a una práctica genuinamente neoliberal fue la gestión parcialmente estatal de esta riqueza financiera, aunque esto tuvo también su otra vertiente, que fue la financiación de redes clientelares mediante los propios instrumentos de redistribución.
Zapatero insiste, sin embargo, en su entrevista en los aspectos realmente "de izquierda" de sus políticas. Entre ellos destaca el cambio liberalizador de la ley del aborto, el matrimonio gay, la leyes contra la violencia "de género" etc. Lo que no se hizo a nivel económico quedaba así compensado a nivel "social" o de "costumbres" mediante la legislación más progresista de Europa o, tal vez del mundo. Ciertamente, estas leyes, a las que hay que añadir una tímida pero real ley de memoria histórica suscitaron gran escándalo en las filas de las derechas y en las jerarquías eclesiásticas, pero en lo esencial no afectaron en nada a la estructura de base del sistema económico y social que siguió rigiéndose por una fidelidad sin quiebras al mando del capital financiero y un discurso abiertamente neoliberal en política económica. En ningún momento se planteó Zapatero un cambio efectivo de las correlaciones de fuerzas económicas y sociales, un cambio en la constitución material como el que acometieron las auténticas socialdemocracias en los países nórdicos o en la propia Alemania.
El zapaterismo, como los demás neoliberalismos, de izquierdas o de derechas, mantuvo rígidamente las prioridades del capitalismo actual. Ya no se trataba de dar garantías a la población, en el marco de un régimen de seguridad social y en general de un Estado del bienestar, frente a los "excesos" del capitalismo, sino de fomentar estos propios excesos esperando poder redistribuir algo de la riqueza generada por la sobreexplotación de los trabajadores dentro y fuera de las fronteras. La seguridad y la garantía pública pasan de amparar al trabajador y el ciudadano a proteger al propio capital financiero. En el neoliberalismo, existe un sistema de "seguridad social" para el capital que se traduce en políticas de preservación de altas tasas de ganancia del capital financiero y de traslado de los riesgos de la especulación desde los titulares del capital financiero al conjunto de la población. No hay mejor ejemplo de estas políticas y de sus consecuencias que la salvación pública de los bancos amenazados de quiebra por la crisis de los "créditos basura" y la inscripción en la constitución del carácter prioritario del pago de la deuda. Desde la segunda legislatura de Zapatero, y hoy mismo con el gobierno del PP, la prioridad casi exclusiva es el pago de la deuda, lo que supone dar garantías al capital financiero de que sus títulos de deuda (inflados por la especulación) serán pagados religiosamente, a costa, por supuesto de los derechos sociales de los trabajadores y del gasto público en bienes de interés general como la enseñanza o la salud.
El silencio de Rajoy responde en gran medida a la estricta continuidad de su política económica con la del PSOE. Las prioridades son las mismas, aunque tal vez puedan ahora aplicarse de manera más descarnada, con menos matices. Ya se tuvo en Cataluña un anticipo de lo que el PP haría a escala estatal: una ofensiva brutal contra la enseñanza y la sanidad públicas y contra el conjunto de bienes comunes gestionados por el Estado. Esta ofensiva ya ha empezado a nivel estatal. El Estado recupera así de manera abierta su carácter de clase y se convierte en una máquina de liquidación de bienes públicos y en un gigantesco "cobrador del frac" que garantiza, a veces con métodos poco elegantes, el pago de la deuda pública o privada a las instituciones financieras y demás titulares de capital financiero. En cierto modo, nada nuevo respecto de lo que ya hiciera el PSOE, salvo una radicalización de las medidas de "austeridad" según el ya conocido sendero griego, que con toda seguridad el PSOE se habría visto obligado a tomar cabo en la hipótesis improbable de que hubiese ganado las elecciones. En lo esencial PSOE y PP tienen la misma política, porque en realidad no es su política, sino la dictada por el capital financiero. La más clara demostración de que no se trata de una "política" sino de la mera administración de la explotación financiera de la riqueza social la tenemos en aquellos casos como el italiano o el griego donde los ejecutivos están presididos por representantes directos de la banca y de las instituciones financieras. Hombres como Monti o Papadimos se presentan como "técnicos" y no ya como políticos, pero son los agentes directos de una "dictadura comisaria" del capital.
La alternancia izquierda-derecha carece así de cualquier contenido real a nivel social o económico. Para preservarla y para mantener con ella la "legitimidad" de la representación política en la partitocracia española, hay que desplazar la diferenciación a otro terreno que no es ya el económico sino el de las "costumbres". En este terreno, las "conquistas" de Zapatero corren hoy grave peligro, pues sólo en ese terreno, puede visibilizarse el "cambio" del PP. La jerarquía eclesiástica y el PP tienen abiertamente entre sus objetivos la reforma o la derogación de leyes como la del aborto o la del matrimonio gay que afectan al control biopolítico de la esfera de la reproducción. También en el terreno de la reproducción ideológica, es esencial en el caso español que la privatización progresiva de la enseñanza se vea acompañada por el control cada vez mayor de la Iglesia Católica sobre este negocio. En este aspecto, la polémica sobre la asignatura de "educación para la ciudadanía" es reveladora. La asignatura se planteaba como un contrapeso laico y cívico al adoctrinamiento religioso practicado en las escuelas a través de la asignatura de religión. La Iglesia siempre vio con recelo esta amenaza a su monopolio y acusó al goberno de Zapatero -sin ningún sentido del ridículo- de querer adoctrinar con ella a niños y adolescentes. Hoy, el nuevo ministro de educación se plantea suprimirla devolviendo así el monopolio ideológico a la doctrina católica.
Son sumamente ilustrativas del cambio ideológico que vivimos unas recientes declaraciones de la Viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, en las que se preguntaba si "tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema". A nadie escapa que una racionalización del sistema conforme a este planteamiento condenaría a muerte a numerosas personas y degradaría la calidad de vida de otras muchas. Esto parece contradictorio con el planteamiento de una corriente ideológica católica en la que se enmarca el PP, que defiende el "derecho a la vida" para oponerse al derecho al aborto. Sin embargo, la contradicción no es tal. Si se atiende a que la misma derecha católica también se opone al derecho a optar por una muerte digna, se puede inferir que lo que defiende el PP es una especie de autoritarismo biopolítico en el que la vida es obligatoria: es ilícito según este planteamiento no dar la vida o quitarse a sí mismo la vida, porque la vida es un don de Dios. Esto no significa, sin embargo que, los enfermos crónicos tengan derecho a asistencia para mantenerse en vida, pues con ello no cumplen la obligación de estar vivos mientras Dios lo quiera, sino que se aferran a un sospechoso y económicamente costoso deseo de vivir. A lo que se oponen estas políticas oscurantistas del PP es a la libertad del individuo de elegir en lo que a la vida se refiere, tanto respecto a su propia vida como a la vida que puede dar. La vida, según este planteamiento es obligatoria para el individuo, pero ello no implica que el poder no pueda dejarlo morir, sobre todo si ello va en interés de la austeridad y del pago de la deuda. La única vida verdaderamente tutelada es la que el poder puede imponer como obligatoria.
No cabe duda de que, movido por la misma prioridad de dar "seguridad" a los mercados, un hipotético gobierno del PSOE también habría recortado -como ya se hizo en Grecia con el gobierno socialdemócrata de Papandreu- la financiación de los tratamientos para los enfermos crónicos. Probablemente habría intentado disimular y maquillarlo como una racionalización administrativa, pero lo habría hecho. La diferencia del PP con el PSOE es que el PP es capaz de asumir ideológicamente estas medidas, de convertir lo que era para la pseudosocialdemocracia una especie de imperativo natural en una auténtica virtud moral en nada reñida con la racionalidad económica. Si el PSOE consideraba el imperio del capital financiero como una fatalidad natural, el PP lo interpreta como una virtud teológica, como el fuego donde todos purgamos el pecado de la deuda. Entre las necesidades de la naturaleza y de la teología, lo que ha desaparecido es la política.
viernes, 3 de febrero de 2012
La reconciliación nacional se abre paso...
Por Emilio Silva Barrera *
Tras la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, las élites políticas que gestionaron el retorno de las libertades en España acordaron una amnistía que dejó en el cunetas del olvido a 113.000 hombres y mujeres asesinados por la represión de los militares fascistas.
El terror de la dictadura obligó a cientos de miles de personas a cavar una fosa en su memoria y enterrar en ella el recuerdo de los traumáticos acontecimientos que les tocó vivir. Cuando en 1979 conquistaron poder municipal partidos que habían sido clandestinos durante el franquismo, algunos familiares iniciaron la exhumación de fosas comunes. Lo hicieron sin medios técnicos, movidos por el impulso de dar un entierro digno a sus seres queridos.
En diferentes provincias españolas surgió un movimiento social que se vio truncado el 23 de febrero de 1981, con el golpe de Estado del teniente coronel Tejero, que, pistola en mano, entró en el Parlamento al grito de “¡Quieto todo el mundo!”. Así, como un reflejo condicionado, despertó el miedo acumulado por las familias que habían sufrido cuarenta años de vigilancia y castigo y se paralizó la relación con ese pasado traumático. Los partidos políticos convivieron perfectamente con el silencio, mientras la élite de la dictadura conservaba sus privilegios y blanqueaba su biografía. Al tiempo, comenzó a construirse el mito de la transición; el retorno a la democracia se había llevado a cabo en España y era el modelo a imitar. Una ficción que evitaba contar, por ejemplo, que entre 1976 y 1981 fueron asesinadas seiscientas personas, fundamentalmente por la extrema derecha. El repunte del miedo hizo que hubiera que esperar casi veinte años para que la generación de los nietos de los asesinados rompiera el silencio, cuestionara el relato oficial de la transición y mirara hacia el pasado a través de los derechos humanos.
El 21 de octubre de 2000, en un pequeño pueblo de la provincia de León llamado Priaranza del Bierzo, un grupo de arqueólogos y forenses exhumó los restos de trece civiles, militantes de izquierda. Allí se puso en marcha un movimiento social que no ha dejado de crecer y que, sin apenas apoyo institucional, ha exhumado en estos once años los restos de 5700 personas en más de trescientas fosas comunes a lo largo y ancho del territorio español.
A partir de julio del año 2002, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó decenas de casos ante el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la ONU, y, con el asesoramiento de alguno de los abogados argentinos que habían promovido los juicios desde España en los casos de Argentina y Chile, inició sus primeras denuncias. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, cuando aparecen restos humanos con signos de violencia un juez se tiene que presentar inmediatamente en ese lugar. Pero decenas de jueces en estos años han imcumplido conscientemente su obligación.
El 14 de diciembre de 2006, un grupo de asociaciones presentó en la Audiencia Nacional una denuncia acompañada de varios listados de desaparecidos. El reparto que se da en ese tribunal llevó el caso al Juzgado NO 5, del que entonces era titular Baltasar Garzón. El magistrado se declaró competente para investigar esos crímenes el 16 de octubre de 2006. A partir de ese momento comenzaron a producirse situaciones inverosímiles que lo obligaron a inhibirse y a repartir su causa por decenas de juzgados españoles.
Unos meses después, Garzón fue denunciado por el sindicato Manos Limpias, organización recientemente premiada por la Fundación Francisco Franco. Lo acusaban de prevaricación por haber iniciado la investigación sabiendo que la Ley de Amnistía le impedía hacerlo. En estos días, el juez que intentó ayudar a las familias de 113.000 desaparecidos está siendo juzgado y se enfrenta a la posibilidad de ser considerado un delincuente.
La sociedad española vive todavía marcada por el miedo. La élite del franquismo ha conservado todos sus privilegios, incluido el del olvido. La investigación de Garzón supuso una amenaza para una estructura social surgida de una terrible violencia. Mientras tanto, miles de víctimas han muerto sin existir para los poderes del Estado y eso aumenta la deuda con los descendientes de quienes crearon nuestra primera democracia durante la Segunda República.
* Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada mediante una prueba de ADN.
Tras la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, las élites políticas que gestionaron el retorno de las libertades en España acordaron una amnistía que dejó en el cunetas del olvido a 113.000 hombres y mujeres asesinados por la represión de los militares fascistas.
El terror de la dictadura obligó a cientos de miles de personas a cavar una fosa en su memoria y enterrar en ella el recuerdo de los traumáticos acontecimientos que les tocó vivir. Cuando en 1979 conquistaron poder municipal partidos que habían sido clandestinos durante el franquismo, algunos familiares iniciaron la exhumación de fosas comunes. Lo hicieron sin medios técnicos, movidos por el impulso de dar un entierro digno a sus seres queridos.
En diferentes provincias españolas surgió un movimiento social que se vio truncado el 23 de febrero de 1981, con el golpe de Estado del teniente coronel Tejero, que, pistola en mano, entró en el Parlamento al grito de “¡Quieto todo el mundo!”. Así, como un reflejo condicionado, despertó el miedo acumulado por las familias que habían sufrido cuarenta años de vigilancia y castigo y se paralizó la relación con ese pasado traumático. Los partidos políticos convivieron perfectamente con el silencio, mientras la élite de la dictadura conservaba sus privilegios y blanqueaba su biografía. Al tiempo, comenzó a construirse el mito de la transición; el retorno a la democracia se había llevado a cabo en España y era el modelo a imitar. Una ficción que evitaba contar, por ejemplo, que entre 1976 y 1981 fueron asesinadas seiscientas personas, fundamentalmente por la extrema derecha. El repunte del miedo hizo que hubiera que esperar casi veinte años para que la generación de los nietos de los asesinados rompiera el silencio, cuestionara el relato oficial de la transición y mirara hacia el pasado a través de los derechos humanos.
El 21 de octubre de 2000, en un pequeño pueblo de la provincia de León llamado Priaranza del Bierzo, un grupo de arqueólogos y forenses exhumó los restos de trece civiles, militantes de izquierda. Allí se puso en marcha un movimiento social que no ha dejado de crecer y que, sin apenas apoyo institucional, ha exhumado en estos once años los restos de 5700 personas en más de trescientas fosas comunes a lo largo y ancho del territorio español.
A partir de julio del año 2002, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó decenas de casos ante el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la ONU, y, con el asesoramiento de alguno de los abogados argentinos que habían promovido los juicios desde España en los casos de Argentina y Chile, inició sus primeras denuncias. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, cuando aparecen restos humanos con signos de violencia un juez se tiene que presentar inmediatamente en ese lugar. Pero decenas de jueces en estos años han imcumplido conscientemente su obligación.
El 14 de diciembre de 2006, un grupo de asociaciones presentó en la Audiencia Nacional una denuncia acompañada de varios listados de desaparecidos. El reparto que se da en ese tribunal llevó el caso al Juzgado NO 5, del que entonces era titular Baltasar Garzón. El magistrado se declaró competente para investigar esos crímenes el 16 de octubre de 2006. A partir de ese momento comenzaron a producirse situaciones inverosímiles que lo obligaron a inhibirse y a repartir su causa por decenas de juzgados españoles.
Unos meses después, Garzón fue denunciado por el sindicato Manos Limpias, organización recientemente premiada por la Fundación Francisco Franco. Lo acusaban de prevaricación por haber iniciado la investigación sabiendo que la Ley de Amnistía le impedía hacerlo. En estos días, el juez que intentó ayudar a las familias de 113.000 desaparecidos está siendo juzgado y se enfrenta a la posibilidad de ser considerado un delincuente.
La sociedad española vive todavía marcada por el miedo. La élite del franquismo ha conservado todos sus privilegios, incluido el del olvido. La investigación de Garzón supuso una amenaza para una estructura social surgida de una terrible violencia. Mientras tanto, miles de víctimas han muerto sin existir para los poderes del Estado y eso aumenta la deuda con los descendientes de quienes crearon nuestra primera democracia durante la Segunda República.
* Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada mediante una prueba de ADN.
sábado, 21 de enero de 2012
La degradación humana
Las tres décadas de neoliberalismo marcaron el triunfo de un individualismo que hundió el sistema de valores solidarios de la clase trabajadora. En 1979 había siete millones de obreros británicos. Hoy hay dos millones y medio.
Por Marcelo Justo
Desde Londres
La demonización de la clase trabajadora británica tiene un acrónimo indescifrable: “Chavs”. Nadie sabe qué significa, pero en páginas webs, en programas televisivos y en análisis mediáticos populares o “serios” sirve para estigmatizar a jóvenes que viven en viviendas municipales y tienen un tipo específico de acento y aspecto físico. “En realidad es una manera oblicua de definir al conjunto de la clase trabajadora y responsabilizar a los pobres de ser pobres”, escribe Owen Jones, autor de Chavs, un libro clave sobre el tema. En medio de la actual crisis, la justificación cae al dedillo. La pobreza no se debe a los problemas de la economía sino a las fallas del propio individuo o de su familia: a los hogares dislocados, a la falta de ambición o inteligencia.
Las tres décadas de neoliberalismo, inauguradas por Margaret Thatcher con una drástica desindustrialización en los ’80, marcaron el triunfo de un individualismo que hundió el sistema de valores solidarios de la clase trabajadora. En 1979 había 7 millones de obreros con un fuerte peso de los mineros, portuarios y automotrices. Hoy, hay dos millones y medio, las minas han desaparecido y solo la empresa automotriz, en manos extranjeras, está creciendo.
En este vacío de identidad de una clase obrera en retirada surgen los “chavs”. Objeto de escarnio en la prensa o de burla en programas televisivos y cenas de clase media, los “chavs” son presentados como parásitos enquistados en el tejido social. Según el estereotipo son desempleados crónicos, adolescentes que se embarazan para acceder a los beneficios sociales por hijo, responsables del déficit fiscal y moral, virtuales delincuentes con un coeficiente de inteligencia por el suelo y una familia disfuncional. “Lo que llamábamos la respetable clase trabajadora prácticamente ha desaparecido. Hoy la clase trabajadora en realidad no trabaja para nada y está sostenida por el Estado de bienestar”, señala el comentarista conservador Simon Heffer.
El estereotipo ha ayudado a justificar el draconiano ajuste fiscal de la coalición conservadora-liberal demócrata que encabeza el primer ministro David Cameron, pero también ha servido de base para propuestas decimonónicas de limpieza social. En 2008 un concejal conservador, John Ward, llamó a la esterilización obligatoria de las personas que tuvieran un segundo o tercer hijo mientras cobraban beneficios sociales, medida apoyada con entusiasmo por los lectores del conservador Daily Mail escandalizados por “estos aprovechadores y sinvergüenzas que están hundiendo el país”.
La obsesión clasista y el estereotipo han llevado a confusiones cuasicómicas. En un panfleto para las elecciones de 2010, los conservadores aseguraron que en algunas zonas pobres, “el embarazo adolescente de menores de 18 años es de un 54 por ciento”. En realidad era un 5,4 por ciento, cifra que representaba una caída respecto a lo que sucedía durante el thatcherismo. En el departamento de prensa conservador nadie se percató del error tipográfico. A pesar de que estaba hablando de más de la mitad de las menores de 18 años de esas zonas, el fenómeno ya había sido naturalizado por el prejuicio.
Una de las curiosidades es que se usa el término “chavs” con certeza de concepto sociológico, a pesar de que nadie puede decir a ciencia cierta qué significa el acrónimo. El diccionario de Oxford por Internet define al “chav” como “un joven de clase baja, de conducta estridente y patoteril que usa ropas de marca, reales o imitadas”. Otro diccionario de 2005 los define como “joven de clase trabajadora que se viste con ropa deportiva”. Un mito popular lo hace pasar como “Council Housed and Violent” (violento que vive en casas municipales)
Esta vaguedad permite englobar a amplios sectores sociales. En un libro que va por la novena edición y vendió más de 100 mil ejemplares, The Little book of Chavs, se identifican los típicos trabajos “chavs”. La “chavette” –mujer chav– es una aprendiz de peluquería, limpiadora o camarera mientras que los hombres son guardias de seguridad o mecánicos y plomeros “cowboys” (chantas). Según el libro, “chavs” de ambos sexos suelen ser cajeros en los supermercados o empleados de hamburgueserías.
Esta tipificación laboral corre paralela a los cambios que ha vivido la clase trabajadora británica en los últimos 30 años. Hoy una cuarta parte de la fuerza laboral trabaja part time y más de un millón y medio se encuentra en empleos temporarios. El salario medio de unas 170 mil peluqueras (“chavettes”) está apenas por encima de la mitad del promedio salarial de la población, medida que define la línea de la pobreza en el Reino Unido. En ciudades que alguna vez giraron en torno de la actividad fabril o minera, los escasos trabajos que hay son en supermercados o farmacias. “No solo son trabajos más inseguros. Están mucho peor pagos. Cuando Rover quebró en Birmingham con la pérdida de 6500 puestos, el ingreso promedio que cobraron los que consiguieron trabajo era una quinta parte menos que lo que ganaban en la automotriz”, apunta Owen Jones.
La paradoja es que en una sociedad tan clasista como la británica, en la que el acento y la universidad (Oxford, Cambridge) define el futuro de una persona, conservadores y nuevos laboristas propagan el mito de que hoy todos los británicos son “clase media”, salvo esa pequeña subclase disfuncional y patológica a la que le falta ambición o fibra moral: los “chavs”. En 1910 Winston Churchill, entonces ministro del Interior del Partido Laborista, propuso la esterilización de más de 100 mil personas a las que consideraba “débiles mentales y degenerados morales” para salvar al país de la decadencia. Un siglo más tarde la decadencia sigue amenazando al Reino Unido, pero la fórmula es más “civilizada”: un estigma que niega la existencia y el significado social de la clase trabajadora.
Por Marcelo Justo
Desde Londres
La demonización de la clase trabajadora británica tiene un acrónimo indescifrable: “Chavs”. Nadie sabe qué significa, pero en páginas webs, en programas televisivos y en análisis mediáticos populares o “serios” sirve para estigmatizar a jóvenes que viven en viviendas municipales y tienen un tipo específico de acento y aspecto físico. “En realidad es una manera oblicua de definir al conjunto de la clase trabajadora y responsabilizar a los pobres de ser pobres”, escribe Owen Jones, autor de Chavs, un libro clave sobre el tema. En medio de la actual crisis, la justificación cae al dedillo. La pobreza no se debe a los problemas de la economía sino a las fallas del propio individuo o de su familia: a los hogares dislocados, a la falta de ambición o inteligencia.
Las tres décadas de neoliberalismo, inauguradas por Margaret Thatcher con una drástica desindustrialización en los ’80, marcaron el triunfo de un individualismo que hundió el sistema de valores solidarios de la clase trabajadora. En 1979 había 7 millones de obreros con un fuerte peso de los mineros, portuarios y automotrices. Hoy, hay dos millones y medio, las minas han desaparecido y solo la empresa automotriz, en manos extranjeras, está creciendo.
En este vacío de identidad de una clase obrera en retirada surgen los “chavs”. Objeto de escarnio en la prensa o de burla en programas televisivos y cenas de clase media, los “chavs” son presentados como parásitos enquistados en el tejido social. Según el estereotipo son desempleados crónicos, adolescentes que se embarazan para acceder a los beneficios sociales por hijo, responsables del déficit fiscal y moral, virtuales delincuentes con un coeficiente de inteligencia por el suelo y una familia disfuncional. “Lo que llamábamos la respetable clase trabajadora prácticamente ha desaparecido. Hoy la clase trabajadora en realidad no trabaja para nada y está sostenida por el Estado de bienestar”, señala el comentarista conservador Simon Heffer.
El estereotipo ha ayudado a justificar el draconiano ajuste fiscal de la coalición conservadora-liberal demócrata que encabeza el primer ministro David Cameron, pero también ha servido de base para propuestas decimonónicas de limpieza social. En 2008 un concejal conservador, John Ward, llamó a la esterilización obligatoria de las personas que tuvieran un segundo o tercer hijo mientras cobraban beneficios sociales, medida apoyada con entusiasmo por los lectores del conservador Daily Mail escandalizados por “estos aprovechadores y sinvergüenzas que están hundiendo el país”.
La obsesión clasista y el estereotipo han llevado a confusiones cuasicómicas. En un panfleto para las elecciones de 2010, los conservadores aseguraron que en algunas zonas pobres, “el embarazo adolescente de menores de 18 años es de un 54 por ciento”. En realidad era un 5,4 por ciento, cifra que representaba una caída respecto a lo que sucedía durante el thatcherismo. En el departamento de prensa conservador nadie se percató del error tipográfico. A pesar de que estaba hablando de más de la mitad de las menores de 18 años de esas zonas, el fenómeno ya había sido naturalizado por el prejuicio.
Una de las curiosidades es que se usa el término “chavs” con certeza de concepto sociológico, a pesar de que nadie puede decir a ciencia cierta qué significa el acrónimo. El diccionario de Oxford por Internet define al “chav” como “un joven de clase baja, de conducta estridente y patoteril que usa ropas de marca, reales o imitadas”. Otro diccionario de 2005 los define como “joven de clase trabajadora que se viste con ropa deportiva”. Un mito popular lo hace pasar como “Council Housed and Violent” (violento que vive en casas municipales)
Esta vaguedad permite englobar a amplios sectores sociales. En un libro que va por la novena edición y vendió más de 100 mil ejemplares, The Little book of Chavs, se identifican los típicos trabajos “chavs”. La “chavette” –mujer chav– es una aprendiz de peluquería, limpiadora o camarera mientras que los hombres son guardias de seguridad o mecánicos y plomeros “cowboys” (chantas). Según el libro, “chavs” de ambos sexos suelen ser cajeros en los supermercados o empleados de hamburgueserías.
Esta tipificación laboral corre paralela a los cambios que ha vivido la clase trabajadora británica en los últimos 30 años. Hoy una cuarta parte de la fuerza laboral trabaja part time y más de un millón y medio se encuentra en empleos temporarios. El salario medio de unas 170 mil peluqueras (“chavettes”) está apenas por encima de la mitad del promedio salarial de la población, medida que define la línea de la pobreza en el Reino Unido. En ciudades que alguna vez giraron en torno de la actividad fabril o minera, los escasos trabajos que hay son en supermercados o farmacias. “No solo son trabajos más inseguros. Están mucho peor pagos. Cuando Rover quebró en Birmingham con la pérdida de 6500 puestos, el ingreso promedio que cobraron los que consiguieron trabajo era una quinta parte menos que lo que ganaban en la automotriz”, apunta Owen Jones.
La paradoja es que en una sociedad tan clasista como la británica, en la que el acento y la universidad (Oxford, Cambridge) define el futuro de una persona, conservadores y nuevos laboristas propagan el mito de que hoy todos los británicos son “clase media”, salvo esa pequeña subclase disfuncional y patológica a la que le falta ambición o fibra moral: los “chavs”. En 1910 Winston Churchill, entonces ministro del Interior del Partido Laborista, propuso la esterilización de más de 100 mil personas a las que consideraba “débiles mentales y degenerados morales” para salvar al país de la decadencia. Un siglo más tarde la decadencia sigue amenazando al Reino Unido, pero la fórmula es más “civilizada”: un estigma que niega la existencia y el significado social de la clase trabajadora.
domingo, 27 de noviembre de 2011
Argentinos quieren se investigue los crimenes de Franco
LA QUERELLA EN ARGENTINA POR CRIMENES DE LA GUERRA CIVIL
Exiliados y sus descendientes argentinos movilizan la investigación por los 113.000 desaparecidos y los 30.000 niños apropiados durante la guerra. Y que Servini se instale en la embajada en Madrid a interrogar testigos.
El régimen franquista se apropió de treinta mil niños. Chicos vueltos grandes, hoy abuelos que llevan un apellido impropio, una historia trunca. Ni hablar de las cifras de españoles fusilados, enterrados en fosas comunes y anónimas. España calla pero, contra la impunidad de esos crímenes, avanza una demanda impulsada desde Argentina. Esta semana, los querellantes –españoles radicados aquí y argentinos descendientes de las víctimas– pidieron a la jueza federal María Servini de Cubría que cruce el charco y “se constituya en la embajada argentina en España” para recibir denuncias y testimonios de víctimas. Además, sus abogados rechazaron, punto a punto, los argumentos de la Fiscalía General española que asegura que en ese país se “han tramitado y se están tramitando” los procedimientos judiciales en ese sentido.
“Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia, en España no sólo no existe siquiera una Comisión de la Verdad a modo de las que se instituyeron en numerosos países, incluido el nuestro, (si no que) no hay un solo niño a quien se haya restituido su identidad. No hay un solo victimario que haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado le haya tomado declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos”, argumenta el texto entregado por los denunciantes a la jueza, y al que tuvo acceso Página/12.
Entonces, señala el mismo documento, “corresponde” que la jurisdicción argentina investigue los delitos contra la humanidad ocurridos entre 1936 y 1977, procese a sus responsables y repare a las víctimas “de tanto crimen impune”. “Lo que solicitamos en esta última presentación son, ya no medidas probatorias, sino acciones concretas referidas a los querellantes y al pueblo español en sí”, explicó Máximo Castex, uno de los abogados del equipo de letrados que representa a los denunciantes. En esa línea, se instó a Servini de Cubría a que se traslade y reciba en la embajada nacional localizada en Madrid los testimonios y denuncias de víctimas.
La querella es acompañada entre otros organismos de derechos humanos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica e inició la demanda el 14 de abril de 2010. La causa se basa en los mismos principios de derecho universal que permitieron al juez español Baltasar Garzón juzgar las dictaduras de Argentina y Chile, e incluso detener en 1998 a Augusto Pinochet. El primer paso de los letrados argentinos fue pedir a España explicaciones, es decir, preguntar si en ese país “se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar a españoles, a través de su eliminación física, la desaparición ‘legalizada’ de menores de edad con pérdida de su identidad, entre 1936 y 1977”.
La respuesta enviada por la Fiscalía General española hace pocos meses destaca en el punto número 1 de sus conclusiones que “en España se han tramitado y se están tramitando en la actualidad numerosos procedimientos judiciales relativos a hechos delictivos cometidos durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura, tanto en la eliminación física de los ciudadanos partidarios de la República y de la forma democrática de gobierno, como la desaparición de menores”.
Sin embargo, las causas abiertas a las que se refieren las autoridades judiciales españolas “están paralizadas o archivadas”, puntualiza Castex, y detalla que además provienen “de la causa madre iniciada por Garzón”, que fue procesado y suspendido en su cargo por haber dado lugar al enjuiciamiento del franquismo. “Es absurdo –dispara– que se lo procese a Garzón por haber investigado y después se utilice su causa para decir que España está haciendo justicia.”
En tanto, “hay 113.000 cuerpos desaparecidos, 30.000 niños secuestrados, 2500 fosas sin abrir en las que se acumulan los cuerpos a montones”, contó a este diario Darío Rivas, de 91 años, cuyo padre murió fusilado por oficiales de La Falange en 1936, y es uno de los querellantes en esta causa. La fiscalía española asegura que están en curso “un importante número de supuestos de sustracciones o entregas ilegales de menores”, pero “no mencionan un solo tribunal actuante en esa línea de investigación, de lo cual se deduce sin dificultad que no existe ninguno”, responden los abogados argentinos.
Párrafo aparte, Castex critica que “queda a las claras que si realmente existiera voluntad de investigación, en vez de alegar que ‘ninguno de los denunciantes que presentó causas desde Argentina lo había hecho en España’, lo que tendrían que haber hecho (los fiscales españoles) es iniciar de oficio la investigación, como corresponde”.
Ese desinterés judicial se profundiza en el plano político. En julio último, el Congreso español rechazó una propuesta del Bloque Nacionalista Gallego que buscaba derogar la Ley de Amnistía española de 1977 para posibilitar la investigación de los crímenes de la dictadura franquista. Esa circunstancia, concluyen los abogados de la querella, “corrobora la falta de determinación y la imposibilidad de investigar por parte del Estado español”.
Exiliados y sus descendientes argentinos movilizan la investigación por los 113.000 desaparecidos y los 30.000 niños apropiados durante la guerra. Y que Servini se instale en la embajada en Madrid a interrogar testigos.
El régimen franquista se apropió de treinta mil niños. Chicos vueltos grandes, hoy abuelos que llevan un apellido impropio, una historia trunca. Ni hablar de las cifras de españoles fusilados, enterrados en fosas comunes y anónimas. España calla pero, contra la impunidad de esos crímenes, avanza una demanda impulsada desde Argentina. Esta semana, los querellantes –españoles radicados aquí y argentinos descendientes de las víctimas– pidieron a la jueza federal María Servini de Cubría que cruce el charco y “se constituya en la embajada argentina en España” para recibir denuncias y testimonios de víctimas. Además, sus abogados rechazaron, punto a punto, los argumentos de la Fiscalía General española que asegura que en ese país se “han tramitado y se están tramitando” los procedimientos judiciales en ese sentido.
“Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia, en España no sólo no existe siquiera una Comisión de la Verdad a modo de las que se instituyeron en numerosos países, incluido el nuestro, (si no que) no hay un solo niño a quien se haya restituido su identidad. No hay un solo victimario que haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado le haya tomado declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos”, argumenta el texto entregado por los denunciantes a la jueza, y al que tuvo acceso Página/12.
Entonces, señala el mismo documento, “corresponde” que la jurisdicción argentina investigue los delitos contra la humanidad ocurridos entre 1936 y 1977, procese a sus responsables y repare a las víctimas “de tanto crimen impune”. “Lo que solicitamos en esta última presentación son, ya no medidas probatorias, sino acciones concretas referidas a los querellantes y al pueblo español en sí”, explicó Máximo Castex, uno de los abogados del equipo de letrados que representa a los denunciantes. En esa línea, se instó a Servini de Cubría a que se traslade y reciba en la embajada nacional localizada en Madrid los testimonios y denuncias de víctimas.
La querella es acompañada entre otros organismos de derechos humanos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica e inició la demanda el 14 de abril de 2010. La causa se basa en los mismos principios de derecho universal que permitieron al juez español Baltasar Garzón juzgar las dictaduras de Argentina y Chile, e incluso detener en 1998 a Augusto Pinochet. El primer paso de los letrados argentinos fue pedir a España explicaciones, es decir, preguntar si en ese país “se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar a españoles, a través de su eliminación física, la desaparición ‘legalizada’ de menores de edad con pérdida de su identidad, entre 1936 y 1977”.
La respuesta enviada por la Fiscalía General española hace pocos meses destaca en el punto número 1 de sus conclusiones que “en España se han tramitado y se están tramitando en la actualidad numerosos procedimientos judiciales relativos a hechos delictivos cometidos durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura, tanto en la eliminación física de los ciudadanos partidarios de la República y de la forma democrática de gobierno, como la desaparición de menores”.
Sin embargo, las causas abiertas a las que se refieren las autoridades judiciales españolas “están paralizadas o archivadas”, puntualiza Castex, y detalla que además provienen “de la causa madre iniciada por Garzón”, que fue procesado y suspendido en su cargo por haber dado lugar al enjuiciamiento del franquismo. “Es absurdo –dispara– que se lo procese a Garzón por haber investigado y después se utilice su causa para decir que España está haciendo justicia.”
En tanto, “hay 113.000 cuerpos desaparecidos, 30.000 niños secuestrados, 2500 fosas sin abrir en las que se acumulan los cuerpos a montones”, contó a este diario Darío Rivas, de 91 años, cuyo padre murió fusilado por oficiales de La Falange en 1936, y es uno de los querellantes en esta causa. La fiscalía española asegura que están en curso “un importante número de supuestos de sustracciones o entregas ilegales de menores”, pero “no mencionan un solo tribunal actuante en esa línea de investigación, de lo cual se deduce sin dificultad que no existe ninguno”, responden los abogados argentinos.
Párrafo aparte, Castex critica que “queda a las claras que si realmente existiera voluntad de investigación, en vez de alegar que ‘ninguno de los denunciantes que presentó causas desde Argentina lo había hecho en España’, lo que tendrían que haber hecho (los fiscales españoles) es iniciar de oficio la investigación, como corresponde”.
Ese desinterés judicial se profundiza en el plano político. En julio último, el Congreso español rechazó una propuesta del Bloque Nacionalista Gallego que buscaba derogar la Ley de Amnistía española de 1977 para posibilitar la investigación de los crímenes de la dictadura franquista. Esa circunstancia, concluyen los abogados de la querella, “corrobora la falta de determinación y la imposibilidad de investigar por parte del Estado español”.
sábado, 19 de noviembre de 2011
La protesta de los indignados cobra vuelo
Por Boaventura de Sousa Santos *
Las huelgas generales eran comunes en Europa y en los Estados Unidos a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Provocaron grandes debates dentro del movimiento obrero y de los partidos y movimientos revolucionarios (anarquistas, comunistas, socialistas). Se discutía la importancia de la huelga general en las luchas sociales y políticas, las condiciones para su éxito, el papel de las fuerzas políticas en su organización. Rosa Luxemburgo (1871-1919) fue una de las más destacadas presencias en aquellos debates. La huelga general –que nunca dejó de estar presente en América latina y resurgió con fuerza en la Primavera del Norte de Africa– está de vuelta en Europa (Grecia, Italia, España y Portugal) y en los EE.UU. La ciudad de Oakland, en California, conocida por la huelga general de 1946, volvió a recurrir a esa medida el pasado 2 de noviembre, y a comienzos de este año los sindicatos del estado de Wisconsin aprobaron una huelga general cuando la ciudad de Madison se preparaba para ocupar el edificio del Parlamento estadual –lo que concretó con éxito– en lucha contra el gobernador y su propuesta de neutralizar a los sindicatos, eliminando la negociación colectiva en la administración pública. ¿Qué significa esta reaparición de la huelga general? Si bien es cierto que la historia no se repite, ¿qué paralelismos se pueden hacer con las condiciones y las luchas sociales del pasado?
En ámbitos diferentes (comunidades, ciudades, regiones, países), la huelga general siempre fue una manifestación de resistencia contra una condición gravosa e injusta de carácter general, o sea, una condición capaz de afectar a los trabajadores, a las clases populares o hasta a la sociedad en su conjunto, aun cuando algunos sectores sociales o profesionales fuesen afectados más directamente. Limitaciones de los derechos civiles y políticos, represión violenta de la protesta social, derrotas sindicales en cuestiones relacionadas con la protección social, la deslocalización de empresas con impacto directo en la vida de las comunidades, decisiones políticas contrarias al interés nacional o regional (“traiciones parlamentarias”, como la opción por la guerra o el militarismo): éstas fueron algunas de las condiciones que, en el pasado, llevaron a la decisión de realizar una huelga general. A principios del siglo XXI vivimos un tiempo diferente y las condiciones gravosas e injustas no son las mismas que en el pasado. Sin embargo, en el nivel de las lógicas sociales que las rigen hay paralelismos perturbadores que fluyen en las profundidades del movimiento por la huelga general y un ejemplo es la convocada el próximo 24 de noviembre en Portugal. Ayer fue la lucha por derechos de los que las clases populares se consideraban injustamente privadas; hoy es la lucha contra la pérdida injusta de derechos por los que tantas generaciones de trabajadores lucharon y que parecían una conquista irreversible. Ayer fue la lucha por un reparto más equitativo de la riqueza nacional que generaban el capital y el trabajo; hoy es la lucha contra un reparto cada vez más desigual de la riqueza (confiscación de salarios y jubilaciones, incremento de horarios y ritmos de trabajo, impuestos y rescates financieros a favor de los ricos –el “uno por ciento”, según los ocupantes de Wall Street– y una vida cotidiana de angustia e inseguridad, de colapso de las expectativas, de pérdida de la dignidad y la esperanza para el “99 por ciento”). Ayer fue la lucha por una democracia que representara los intereses de las mayorías sin voz; hoy es la lucha por una democracia que, después de ser parcialmente conquistada, fue destripada por la corrupción, por la mediocridad y la pusilanimidad de los dirigentes y por la tecnocracia en representación del capital financiero al que siempre sirvió. Ayer fue la lucha por alternativas (el socialismo) que las clases dirigentes reconocían como existentes y por eso reprimían brutalmente a quien las defendiera; hoy es la lucha contra el sentido común neoliberal, masivamente reproducido por los medios de comunicación al servicio del capital, que sostiene que no hay alternativas al empobrecimiento de las mayorías y al vaciamiento de las opciones democráticas.
En términos generales, podemos decir que la huelga general en la Europa de hoy es más defensiva que ofensiva, busca menos promover un avance de la civilización que impedir un retroceso. Es por eso que deja de ser una cuestión de los trabajadores en su conjunto para ser una cuestión de los ciudadanos empobrecidos en su conjunto, tanto de los que trabajan como de los que no encuentran trabajo, como también de los que trabajaron la vida entera y hoy ven amenazadas sus jubilaciones. En la calle, la única esfera pública que todavía no han ocupado los intereses financieros, se manifiestan los ciudadanos que mayoritariamente nunca participaron en sindicatos o en movimientos sociales, ni tampoco se imaginaron manifestándose a favor de causas ajenas. De repente, las causas ajenas son las propias.
* Doctor en Sociología del Derecho, profesor en las universidades de Coimbra (Portugal) y Wisconsin (EE.UU.).
Traducción: Javier Lorca.
Las huelgas generales eran comunes en Europa y en los Estados Unidos a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Provocaron grandes debates dentro del movimiento obrero y de los partidos y movimientos revolucionarios (anarquistas, comunistas, socialistas). Se discutía la importancia de la huelga general en las luchas sociales y políticas, las condiciones para su éxito, el papel de las fuerzas políticas en su organización. Rosa Luxemburgo (1871-1919) fue una de las más destacadas presencias en aquellos debates. La huelga general –que nunca dejó de estar presente en América latina y resurgió con fuerza en la Primavera del Norte de Africa– está de vuelta en Europa (Grecia, Italia, España y Portugal) y en los EE.UU. La ciudad de Oakland, en California, conocida por la huelga general de 1946, volvió a recurrir a esa medida el pasado 2 de noviembre, y a comienzos de este año los sindicatos del estado de Wisconsin aprobaron una huelga general cuando la ciudad de Madison se preparaba para ocupar el edificio del Parlamento estadual –lo que concretó con éxito– en lucha contra el gobernador y su propuesta de neutralizar a los sindicatos, eliminando la negociación colectiva en la administración pública. ¿Qué significa esta reaparición de la huelga general? Si bien es cierto que la historia no se repite, ¿qué paralelismos se pueden hacer con las condiciones y las luchas sociales del pasado?
En ámbitos diferentes (comunidades, ciudades, regiones, países), la huelga general siempre fue una manifestación de resistencia contra una condición gravosa e injusta de carácter general, o sea, una condición capaz de afectar a los trabajadores, a las clases populares o hasta a la sociedad en su conjunto, aun cuando algunos sectores sociales o profesionales fuesen afectados más directamente. Limitaciones de los derechos civiles y políticos, represión violenta de la protesta social, derrotas sindicales en cuestiones relacionadas con la protección social, la deslocalización de empresas con impacto directo en la vida de las comunidades, decisiones políticas contrarias al interés nacional o regional (“traiciones parlamentarias”, como la opción por la guerra o el militarismo): éstas fueron algunas de las condiciones que, en el pasado, llevaron a la decisión de realizar una huelga general. A principios del siglo XXI vivimos un tiempo diferente y las condiciones gravosas e injustas no son las mismas que en el pasado. Sin embargo, en el nivel de las lógicas sociales que las rigen hay paralelismos perturbadores que fluyen en las profundidades del movimiento por la huelga general y un ejemplo es la convocada el próximo 24 de noviembre en Portugal. Ayer fue la lucha por derechos de los que las clases populares se consideraban injustamente privadas; hoy es la lucha contra la pérdida injusta de derechos por los que tantas generaciones de trabajadores lucharon y que parecían una conquista irreversible. Ayer fue la lucha por un reparto más equitativo de la riqueza nacional que generaban el capital y el trabajo; hoy es la lucha contra un reparto cada vez más desigual de la riqueza (confiscación de salarios y jubilaciones, incremento de horarios y ritmos de trabajo, impuestos y rescates financieros a favor de los ricos –el “uno por ciento”, según los ocupantes de Wall Street– y una vida cotidiana de angustia e inseguridad, de colapso de las expectativas, de pérdida de la dignidad y la esperanza para el “99 por ciento”). Ayer fue la lucha por una democracia que representara los intereses de las mayorías sin voz; hoy es la lucha por una democracia que, después de ser parcialmente conquistada, fue destripada por la corrupción, por la mediocridad y la pusilanimidad de los dirigentes y por la tecnocracia en representación del capital financiero al que siempre sirvió. Ayer fue la lucha por alternativas (el socialismo) que las clases dirigentes reconocían como existentes y por eso reprimían brutalmente a quien las defendiera; hoy es la lucha contra el sentido común neoliberal, masivamente reproducido por los medios de comunicación al servicio del capital, que sostiene que no hay alternativas al empobrecimiento de las mayorías y al vaciamiento de las opciones democráticas.
En términos generales, podemos decir que la huelga general en la Europa de hoy es más defensiva que ofensiva, busca menos promover un avance de la civilización que impedir un retroceso. Es por eso que deja de ser una cuestión de los trabajadores en su conjunto para ser una cuestión de los ciudadanos empobrecidos en su conjunto, tanto de los que trabajan como de los que no encuentran trabajo, como también de los que trabajaron la vida entera y hoy ven amenazadas sus jubilaciones. En la calle, la única esfera pública que todavía no han ocupado los intereses financieros, se manifiestan los ciudadanos que mayoritariamente nunca participaron en sindicatos o en movimientos sociales, ni tampoco se imaginaron manifestándose a favor de causas ajenas. De repente, las causas ajenas son las propias.
* Doctor en Sociología del Derecho, profesor en las universidades de Coimbra (Portugal) y Wisconsin (EE.UU.).
Traducción: Javier Lorca.
lunes, 14 de noviembre de 2011
Yo comulgo plenamente con el pensamiento de Dario Rivas... Si por casualidad leyera estas líneas o alguien le halbara de mi, que tenga la seguridad de que siempre tendrá en mi todo el respeto que se merece, aunque personalmente no le conozca, pero las ideas y la justica que promueve me tocan en el alma... Le mando un abrazo y que vea en vida la culminación de esta lucha que encabeza. Miguel
Darío Rivas tiene 92 años. Llegó de niño a la Argentina y a los años se enteró de que su padre, alcalde en la provincia de Lugo, había sido fusilado por los fascistas. Hace un año inició una causa que pretende llevar a la justicia universal, ahora al otro lado del Atlántico. En una entrevista con Página/12 cuenta por qué lo decidió.
Por Rocío Magnani
Darío Rivas se despidió de su padre a los nueve años, cuando lo subieron a un barco rumbo a Buenos Aires. Lo volvió a perder a los 17, fusilado por oficiales franquistas, según le comunicaron en una carta; y le dijo adiós, por tercera vez, hace seis años, en el cementerio de Loentia, Galicia, donde logró enterrarlo tras décadas de búsqueda. Pero el hombre, gallego de raza, no se conforma ni olvida. Tiene casi 92 años y encabeza en la Argentina, donde vivió casi toda su vida, una denuncia para que los crímenes del franquismo no queden impunes. Pide justicia por su padre, Severino Rivas, que fue alcalde del ayuntamiento Castro de Rei, en la provincia de Lugo, cuando lo detuvieron y luego fusilaron “por traición a la patria”, el 29 de octubre de 1936.
El sol deslumbra la casita de rejas verdes de la calle Caxaraville, en Ituzaingó. Cruzando los primeros dormitorios, Darío Rivas espera en un banco de piedra del jardín, con la vista perdida o, quizás, la memoria aferrada a algún recuerdo. Viste de traje, corbata celeste y chaleco de lana. Acaba de regresar del centro porteño y, a pesar de los casi 92 años que cumplirá en febrero, lo hizo en tren. Sobre una mesa ratona de su living, amontona algunos artículos sobre su último viaje, en agosto pasado, a España, para participar de un foro en la Universidad de Salamanca. Además, aprovechó la visita para sumarse a la Ronda de la Dignidad en Puerta de Sol, que se hace cada jueves, en simultáneo con la que realizan las Madres de Plaza en torno de la Pirámide de Mayo. En esa manifestación denunció que a más de 75 años del inicio de la Guerra Civil, “los culpables no han sido juzgados, el gobierno de España no busca a sus desaparecidos y muchos niños secuestrados no conocen su verdadera identidad”. “Eso es una vergüenza, no de España sino de la humanidad –cree Rivas–. Es dejar vivo el antecedente de un genocidio impune que van a pagar las generaciones futuras. Por eso, si no lo hacen ellos, como debería ser, lo haremos desde aquí”, desde Argentina. “Lo haré yo, un viejo, desde Ituzaingó”, se ríe.
“(Francisco) Franco prometió antes de morir que detrás de él todo iba a quedar ‘bien atado’. Y así fue. En España siguen viviendo la dictadura franquista. El hizo las leyes, nos impuso el tipo de gobierno que quiso (monarquía parlamentaria) y nombró al rey (Juan Carlos de Borbón) como su sucesor. Dos años después de su muerte, en 1977, los funcionarios de la Falange sancionaron la Ley de Amnistía, que establece que nadie puede ser juzgado por crímenes políticos cometidos en esa época. Y desde entonces no cambió nada”, asegura Rivas a Página/12.
–Usted vino de muy chico a Buenos Aires...
–Cuando tenía nueve años.
–¿Qué recuerdos tiene de su padre?
–Y... de él me acuerdo mucho. Recuerdo que era un padre excepcional para esa época. Me ha llevado al teatro cuando yo era sólo un niñito de aldea para que conociera algo del mundo. Vivíamos bien. Yo era el más chico de nueve hermanos, mi madre había muerto cuando tenía cinco. Por ese tiempo, además de labrador, mi padre hacía durmientes para el ferrocarril. De todos modos, él sabía que mi futuro en España iba a ser malo y como acá tenía tres hermanos, me subió al barco. Cuando llegué al país, no había pisado nunca una escuela.
–Su padre, ¿ya era alcalde cuando usted emigró?
–No, eso fue unos años después, pero mi padre ya era un hombre de respeto. Cuando la República ganó las elecciones, lo primero que él hizo como gobernante fue traer un maestro del Estado y habilitar nuestra casa para poner la escuela. No cobraba ni alquiler, ni nada. En una oportunidad en que llego a España, un amigo mío me dice: “Oye, yo estudié en tu casa”. Y yo: “Mira qué negocio, tú estudiaste en mi casa, y yo tuve que hacer 12 mil kilómetros para ir al colegio”. Cuando llegó Franco, a los primeros que mataban era a los maestros, porque como daban un poco de inteligencia, los calculaban comunistas, rojos o lo que sea.
–Y él era socialista, ¿no?
–No. Ahí te equivocás, nena. A él le gustaba ayudar a los pobres y practicaba el socialismo del corazón, no como estos caudillitos de la sociedad española que dicen que son socialistas y no lo son. ¿Qué es ser socialista? ¿Zapatero es socialista? ¿El, que no hace nada para que se juzguen los crímenes de Franco? El socialismo hay que practicarlo con el corazón, no hablando. Si no, es una farsa. Hace algunos años, el ayuntamiento de Castro de Rei decidió ponerle el nombre de mi padre a una calle en homenaje a sus actos. Entonces, hicieron una evaluación de su gestión y lo que descubrieron es que le sobraban méritos. Así que allá está, la Rua Severino Rivas.
–¿Por qué actos lo distinguieron?
–Mi padre le daba algo de propiedad (de tierras) a la gente que no tenía nada que comer para que sembraran. Porque España fue un país feudal y se pasó hambre, aunque no lo dice nadie. Los únicos que comían eran los curas, los militares y los señores feudales. Estaba lleno de gente con tuberculosis. A mi padre primero lo procesaron por revolucionario porque no permitió que la gente pagara impuestos en una feria. El recaudador le preguntó por qué se metía y él respondió: “Pero si esta gente no vendió nada, ¡cómo le vas a pedir los impuestos y encima aumentados!”. Entonces el recaudador llamó a la Guardia Civil, que llegó a caballo, montando de a dos, y para reprenderlo, lo atropellaron. Mi padre no era hombre que se dejara tratar de esa forma, así que los bajó de la montura a los golpes. La conclusión del asunto: lo llevaron a la cárcel.
–¿Cómo se enteró de su asesinato?
–A los 17, por carta. Yo sabía que algo así podía pasar porque los militares en España siempre son los mismos: estudian para matar y casi toda la vida se les concreta la idea. Es un defecto de nacimiento, y no sólo de los españoles. Peor, si después no se condenan sus crímenes. En la Universidad de Salamanca me preguntaron si yo perdonaba a España... Y si perdonar significa callar u olvidar, no, yo no perdono. Yo acuso. Porque a España no le debo nada y porque si hago esto es por esperanza, jamás por rencor. Por eso, si el juicio no fuera bien o hubiera problemas, yo voy a renunciar a la ciudadanía española con una declaración por la permanente injusticia que se vive todavía.
Buscar verdad
“Papá, descansa en paz, te lo pide tu hijo mimado.” Esas palabras fueron las que, tras décadas de incertidumbre sobre el paradero de los restos de su padre, Darío logró grabar el 19 de agosto de 2005 sobre la lápida de la tumba de Severino Rivas Barja, a quien “asesinaron el 29 de octubre de 1936 los falangistas”. La placa concluye: “Volvió a casa para descansar en Paz”. Para ello, primero hubo que rastrear y exhumar sus restos.
–¿Cómo los encontró?
–Estaba de viaje en España en 2004, cuando entramos con mi sobrina a una casa de recuerdos en Portomarín. La mujer que atendía me contó que de muy joven había visto un hombre asesinado y tirado en la carretera, el cuerpo estaba tapado con un gabán. Yo recordaba que mi hermana le había regalado uno por esa época. Enseguida fui a ver al carnicero, que me llevó a ver a otro viejito que vivía al lado del cementerio y tenía enterrado a su padre allí. Pero mi padre resultó que estaba escondido detrás de una capilla de Cortepezas, a tres kilómetros de Puerto Marín.
–Empezó a investigar...
–Claro. Empecé con los viejos de esa zona y, entre ellos, uno recordaba haber visto su cuerpo tirado en la carretera y le tocó velarlo. El sabía dónde lo habían enterrado. El procedimiento de los falangistas era matemático para todo el mundo. Secuestraban, iban y sacaban a la persona de la casa, lo llevaban y lo mataban. Después, lo tiraban en la cuneta de la carretera boca arriba para escarmiento del pueblo. Y como no podía quedar el cuerpo allí, le avisaban a cualquiera para que después lo enterraran donde ellos decían.
–¿Hubo que reunir pruebas para que se autorizara la excavación?
–Sí, pero para eso estaban los registros del Archivo Histórico, que decían que lo fusilaban por “oposición a la autoridad” y “traición a la patria”. Están todas las constancias con las firmas de los falangistas, cuando le pedían al ejército y rogaban a Su Señoría que condenaran a Severino Rivas por traición a España. Cinco tiros le dieron los falangistas a mi padre, que por entonces tendría 58 años. Yo pensaba: “¡Pero cómo es que juzgan (así) a mi padre, si es que los traidores de la patria eran Franco y toda su camarilla!”. Finalmente, y con la ayuda de la Asociación de la Memoria, pudimos exhumar sus restos y enterrarlo en el panteón de la familia, en Loentia.
–Pasó casi dos tercios de su vida buscando a su padre, ¿cómo vivió las horas de exhumación?
–Tenía una gran ansiedad porque los restos habían quedado justo donde caía el agua desde la pendiente de un techo, fue muy poco lo que se recuperó y se tardó mucho tiempo. Pero sentí un gran alivio, estaba cumpliendo con mi padre. Mucha gente puede preguntarse para qué llevar flores al cementerio, si el muerto ni se entera. Pero soy yo el que necesito llevar las flores, no el muerto. Yo necesitaba encontrar algo de mi padre. Era como un mandato y una necesidad humana mía.
–¿Desde chico sentía esa necesidad?
–No, no te olvides que una cosa es cuando sos joven. Sabía que no me gustaba lo que había pasado y no pensaba volver a España nunca más. Era odio con el país porque me había tenido que ir para poder vivir, porque España no me mandaba al colegio, no me daba de comer y porque España me había robado a mi padre. Pero cuando fueron pasando los años, viajé a España y empecé a querer saber. Allá nadie me hablaba de mi padre. Había un silencio no cómplice, pero sí temeroso.
–¿Cómo es eso?
–Mis hermanos sabían dónde estaba y se llevaron el secreto a la tumba porque temían que yo hiciera algo y que me mataran a mí también. Recuerdo que la primera vez que volví a España fue en 1952, por pedido de mi mujer, que quería ver a una tía que tenía allá. Desembarcamos en el puerto de La Coruña y lo primero que vi fue a las mujeres de luto. Todas las mujeres y algún hombre de negro también, parados en la acera. Y es que iba a pasar un personaje, el mismísimo Franco, el animal ese en su coche blindado, rodeado de moros con capas de lujo haciéndole escolta. Ostentando, entre toda esa gente que había perdido a sus seres queridos. Todo era luto en España. Había mucho miedo.
Buscar justicia
Ahora, Darío Rivas quiere que los crímenes del franquismo no queden impunes. Aunque España no los juzgue, la causa que impulsó, que ya suma una decena de querellantes, apelará a los principios universales que impiden que los crímenes de guerra, por ser de lesa humanidad, prescriban.
–¿Por qué España nunca logró juzgar los crímenes de la Guerra Civil?
–Durante la dictadura, el pueblo no se animó a reclamar porque literalmente te cortaban la cabeza, ¿pero hoy? Por un lado, está la complicidad de ciertos sectores. Muestra de eso es que en el Parlamento se hayan negado en julio pasado a derogar la Ley de Amnistía de 1977 o que le hayan iniciado un prevaricato al juez (Baltasar) Garzón por tratar de investigar. Ni siquiera la Real Academia Española quiere reconocer a Franco como dictador.
–¿Y por la otra parte?
–Hay una idiotez del pueblo. En España se han perdido los sentimientos: los jóvenes no protestan por la impunidad y, a los viejos, Franco les puso tanto pánico que todavía algunos le temen hoy, en democracia.
–¿Qué quisiera que se logre con esta denuncia?
–Hay 113 mil cuerpos desaparecidos, 30 mil niños secuestrados, 2500 fosas sin abrir en las que se acumulan los cuerpos a montones. En el cementerio de Zaragoza se fusilaron 1500 contra el paredón. Es una vergüenza. Quiero que se juzgue al franquismo. Eso sería agarrar a los que queden vivos y hacer que Franco quede en la historia como un dictador y un criminal de lesa humanidad, y no en un mausoleo turístico del “Valle de los Caídos”. Que los cadáveres se recuperen para ser entregados a sus familias como héroes, y no como víctimas, porque no murieron producto de un accidente, fueron asesinados por un dictador. Muchos españoles piensan que si hay cuerpos en fosas comunes, “por algo será”. Yo no quiero que ese pensamiento exista. Me recuerda lo que escuchábamos acá en la dictadura: “Algo habrán hecho”.
Darío Rivas tiene 92 años. Llegó de niño a la Argentina y a los años se enteró de que su padre, alcalde en la provincia de Lugo, había sido fusilado por los fascistas. Hace un año inició una causa que pretende llevar a la justicia universal, ahora al otro lado del Atlántico. En una entrevista con Página/12 cuenta por qué lo decidió.
Por Rocío Magnani
Darío Rivas se despidió de su padre a los nueve años, cuando lo subieron a un barco rumbo a Buenos Aires. Lo volvió a perder a los 17, fusilado por oficiales franquistas, según le comunicaron en una carta; y le dijo adiós, por tercera vez, hace seis años, en el cementerio de Loentia, Galicia, donde logró enterrarlo tras décadas de búsqueda. Pero el hombre, gallego de raza, no se conforma ni olvida. Tiene casi 92 años y encabeza en la Argentina, donde vivió casi toda su vida, una denuncia para que los crímenes del franquismo no queden impunes. Pide justicia por su padre, Severino Rivas, que fue alcalde del ayuntamiento Castro de Rei, en la provincia de Lugo, cuando lo detuvieron y luego fusilaron “por traición a la patria”, el 29 de octubre de 1936.
El sol deslumbra la casita de rejas verdes de la calle Caxaraville, en Ituzaingó. Cruzando los primeros dormitorios, Darío Rivas espera en un banco de piedra del jardín, con la vista perdida o, quizás, la memoria aferrada a algún recuerdo. Viste de traje, corbata celeste y chaleco de lana. Acaba de regresar del centro porteño y, a pesar de los casi 92 años que cumplirá en febrero, lo hizo en tren. Sobre una mesa ratona de su living, amontona algunos artículos sobre su último viaje, en agosto pasado, a España, para participar de un foro en la Universidad de Salamanca. Además, aprovechó la visita para sumarse a la Ronda de la Dignidad en Puerta de Sol, que se hace cada jueves, en simultáneo con la que realizan las Madres de Plaza en torno de la Pirámide de Mayo. En esa manifestación denunció que a más de 75 años del inicio de la Guerra Civil, “los culpables no han sido juzgados, el gobierno de España no busca a sus desaparecidos y muchos niños secuestrados no conocen su verdadera identidad”. “Eso es una vergüenza, no de España sino de la humanidad –cree Rivas–. Es dejar vivo el antecedente de un genocidio impune que van a pagar las generaciones futuras. Por eso, si no lo hacen ellos, como debería ser, lo haremos desde aquí”, desde Argentina. “Lo haré yo, un viejo, desde Ituzaingó”, se ríe.
“(Francisco) Franco prometió antes de morir que detrás de él todo iba a quedar ‘bien atado’. Y así fue. En España siguen viviendo la dictadura franquista. El hizo las leyes, nos impuso el tipo de gobierno que quiso (monarquía parlamentaria) y nombró al rey (Juan Carlos de Borbón) como su sucesor. Dos años después de su muerte, en 1977, los funcionarios de la Falange sancionaron la Ley de Amnistía, que establece que nadie puede ser juzgado por crímenes políticos cometidos en esa época. Y desde entonces no cambió nada”, asegura Rivas a Página/12.
–Usted vino de muy chico a Buenos Aires...
–Cuando tenía nueve años.
–¿Qué recuerdos tiene de su padre?
–Y... de él me acuerdo mucho. Recuerdo que era un padre excepcional para esa época. Me ha llevado al teatro cuando yo era sólo un niñito de aldea para que conociera algo del mundo. Vivíamos bien. Yo era el más chico de nueve hermanos, mi madre había muerto cuando tenía cinco. Por ese tiempo, además de labrador, mi padre hacía durmientes para el ferrocarril. De todos modos, él sabía que mi futuro en España iba a ser malo y como acá tenía tres hermanos, me subió al barco. Cuando llegué al país, no había pisado nunca una escuela.
–Su padre, ¿ya era alcalde cuando usted emigró?
–No, eso fue unos años después, pero mi padre ya era un hombre de respeto. Cuando la República ganó las elecciones, lo primero que él hizo como gobernante fue traer un maestro del Estado y habilitar nuestra casa para poner la escuela. No cobraba ni alquiler, ni nada. En una oportunidad en que llego a España, un amigo mío me dice: “Oye, yo estudié en tu casa”. Y yo: “Mira qué negocio, tú estudiaste en mi casa, y yo tuve que hacer 12 mil kilómetros para ir al colegio”. Cuando llegó Franco, a los primeros que mataban era a los maestros, porque como daban un poco de inteligencia, los calculaban comunistas, rojos o lo que sea.
–Y él era socialista, ¿no?
–No. Ahí te equivocás, nena. A él le gustaba ayudar a los pobres y practicaba el socialismo del corazón, no como estos caudillitos de la sociedad española que dicen que son socialistas y no lo son. ¿Qué es ser socialista? ¿Zapatero es socialista? ¿El, que no hace nada para que se juzguen los crímenes de Franco? El socialismo hay que practicarlo con el corazón, no hablando. Si no, es una farsa. Hace algunos años, el ayuntamiento de Castro de Rei decidió ponerle el nombre de mi padre a una calle en homenaje a sus actos. Entonces, hicieron una evaluación de su gestión y lo que descubrieron es que le sobraban méritos. Así que allá está, la Rua Severino Rivas.
–¿Por qué actos lo distinguieron?
–Mi padre le daba algo de propiedad (de tierras) a la gente que no tenía nada que comer para que sembraran. Porque España fue un país feudal y se pasó hambre, aunque no lo dice nadie. Los únicos que comían eran los curas, los militares y los señores feudales. Estaba lleno de gente con tuberculosis. A mi padre primero lo procesaron por revolucionario porque no permitió que la gente pagara impuestos en una feria. El recaudador le preguntó por qué se metía y él respondió: “Pero si esta gente no vendió nada, ¡cómo le vas a pedir los impuestos y encima aumentados!”. Entonces el recaudador llamó a la Guardia Civil, que llegó a caballo, montando de a dos, y para reprenderlo, lo atropellaron. Mi padre no era hombre que se dejara tratar de esa forma, así que los bajó de la montura a los golpes. La conclusión del asunto: lo llevaron a la cárcel.
–¿Cómo se enteró de su asesinato?
–A los 17, por carta. Yo sabía que algo así podía pasar porque los militares en España siempre son los mismos: estudian para matar y casi toda la vida se les concreta la idea. Es un defecto de nacimiento, y no sólo de los españoles. Peor, si después no se condenan sus crímenes. En la Universidad de Salamanca me preguntaron si yo perdonaba a España... Y si perdonar significa callar u olvidar, no, yo no perdono. Yo acuso. Porque a España no le debo nada y porque si hago esto es por esperanza, jamás por rencor. Por eso, si el juicio no fuera bien o hubiera problemas, yo voy a renunciar a la ciudadanía española con una declaración por la permanente injusticia que se vive todavía.
Buscar verdad
“Papá, descansa en paz, te lo pide tu hijo mimado.” Esas palabras fueron las que, tras décadas de incertidumbre sobre el paradero de los restos de su padre, Darío logró grabar el 19 de agosto de 2005 sobre la lápida de la tumba de Severino Rivas Barja, a quien “asesinaron el 29 de octubre de 1936 los falangistas”. La placa concluye: “Volvió a casa para descansar en Paz”. Para ello, primero hubo que rastrear y exhumar sus restos.
–¿Cómo los encontró?
–Estaba de viaje en España en 2004, cuando entramos con mi sobrina a una casa de recuerdos en Portomarín. La mujer que atendía me contó que de muy joven había visto un hombre asesinado y tirado en la carretera, el cuerpo estaba tapado con un gabán. Yo recordaba que mi hermana le había regalado uno por esa época. Enseguida fui a ver al carnicero, que me llevó a ver a otro viejito que vivía al lado del cementerio y tenía enterrado a su padre allí. Pero mi padre resultó que estaba escondido detrás de una capilla de Cortepezas, a tres kilómetros de Puerto Marín.
–Empezó a investigar...
–Claro. Empecé con los viejos de esa zona y, entre ellos, uno recordaba haber visto su cuerpo tirado en la carretera y le tocó velarlo. El sabía dónde lo habían enterrado. El procedimiento de los falangistas era matemático para todo el mundo. Secuestraban, iban y sacaban a la persona de la casa, lo llevaban y lo mataban. Después, lo tiraban en la cuneta de la carretera boca arriba para escarmiento del pueblo. Y como no podía quedar el cuerpo allí, le avisaban a cualquiera para que después lo enterraran donde ellos decían.
–¿Hubo que reunir pruebas para que se autorizara la excavación?
–Sí, pero para eso estaban los registros del Archivo Histórico, que decían que lo fusilaban por “oposición a la autoridad” y “traición a la patria”. Están todas las constancias con las firmas de los falangistas, cuando le pedían al ejército y rogaban a Su Señoría que condenaran a Severino Rivas por traición a España. Cinco tiros le dieron los falangistas a mi padre, que por entonces tendría 58 años. Yo pensaba: “¡Pero cómo es que juzgan (así) a mi padre, si es que los traidores de la patria eran Franco y toda su camarilla!”. Finalmente, y con la ayuda de la Asociación de la Memoria, pudimos exhumar sus restos y enterrarlo en el panteón de la familia, en Loentia.
–Pasó casi dos tercios de su vida buscando a su padre, ¿cómo vivió las horas de exhumación?
–Tenía una gran ansiedad porque los restos habían quedado justo donde caía el agua desde la pendiente de un techo, fue muy poco lo que se recuperó y se tardó mucho tiempo. Pero sentí un gran alivio, estaba cumpliendo con mi padre. Mucha gente puede preguntarse para qué llevar flores al cementerio, si el muerto ni se entera. Pero soy yo el que necesito llevar las flores, no el muerto. Yo necesitaba encontrar algo de mi padre. Era como un mandato y una necesidad humana mía.
–¿Desde chico sentía esa necesidad?
–No, no te olvides que una cosa es cuando sos joven. Sabía que no me gustaba lo que había pasado y no pensaba volver a España nunca más. Era odio con el país porque me había tenido que ir para poder vivir, porque España no me mandaba al colegio, no me daba de comer y porque España me había robado a mi padre. Pero cuando fueron pasando los años, viajé a España y empecé a querer saber. Allá nadie me hablaba de mi padre. Había un silencio no cómplice, pero sí temeroso.
–¿Cómo es eso?
–Mis hermanos sabían dónde estaba y se llevaron el secreto a la tumba porque temían que yo hiciera algo y que me mataran a mí también. Recuerdo que la primera vez que volví a España fue en 1952, por pedido de mi mujer, que quería ver a una tía que tenía allá. Desembarcamos en el puerto de La Coruña y lo primero que vi fue a las mujeres de luto. Todas las mujeres y algún hombre de negro también, parados en la acera. Y es que iba a pasar un personaje, el mismísimo Franco, el animal ese en su coche blindado, rodeado de moros con capas de lujo haciéndole escolta. Ostentando, entre toda esa gente que había perdido a sus seres queridos. Todo era luto en España. Había mucho miedo.
Buscar justicia
Ahora, Darío Rivas quiere que los crímenes del franquismo no queden impunes. Aunque España no los juzgue, la causa que impulsó, que ya suma una decena de querellantes, apelará a los principios universales que impiden que los crímenes de guerra, por ser de lesa humanidad, prescriban.
–¿Por qué España nunca logró juzgar los crímenes de la Guerra Civil?
–Durante la dictadura, el pueblo no se animó a reclamar porque literalmente te cortaban la cabeza, ¿pero hoy? Por un lado, está la complicidad de ciertos sectores. Muestra de eso es que en el Parlamento se hayan negado en julio pasado a derogar la Ley de Amnistía de 1977 o que le hayan iniciado un prevaricato al juez (Baltasar) Garzón por tratar de investigar. Ni siquiera la Real Academia Española quiere reconocer a Franco como dictador.
–¿Y por la otra parte?
–Hay una idiotez del pueblo. En España se han perdido los sentimientos: los jóvenes no protestan por la impunidad y, a los viejos, Franco les puso tanto pánico que todavía algunos le temen hoy, en democracia.
–¿Qué quisiera que se logre con esta denuncia?
–Hay 113 mil cuerpos desaparecidos, 30 mil niños secuestrados, 2500 fosas sin abrir en las que se acumulan los cuerpos a montones. En el cementerio de Zaragoza se fusilaron 1500 contra el paredón. Es una vergüenza. Quiero que se juzgue al franquismo. Eso sería agarrar a los que queden vivos y hacer que Franco quede en la historia como un dictador y un criminal de lesa humanidad, y no en un mausoleo turístico del “Valle de los Caídos”. Que los cadáveres se recuperen para ser entregados a sus familias como héroes, y no como víctimas, porque no murieron producto de un accidente, fueron asesinados por un dictador. Muchos españoles piensan que si hay cuerpos en fosas comunes, “por algo será”. Yo no quiero que ese pensamiento exista. Me recuerda lo que escuchábamos acá en la dictadura: “Algo habrán hecho”.
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