Cometario al artículo de Diego Martínez...

Los crímenes son crímenes y no se puede tolerar que queden impunes... aún cuando no se pueda castigar al asesino (s) porque ya no viva, al menos se debe dejar constancia jurídica y civil del crimen y que la autoridades expresen públicamente su condena a estos hechos por encima de las creencias políticas, religiosas y de todo orden. De lo contrario el régimen democrático cojea de las dos patas y se convierte en realidad en una caricatura de lo que debe ser. El régimen franquista (fascista) persiguió a los españoles republicanos, liquidándolos incluso físicamente, muchos años después de terminada la guerra civil. De hecho, para Franco, la guerra civil terminó con su muerte en 1975. Hasta ese año tuvo secuestrados y manipulados todos los poderes de Estado. Tan sólo con su muerte fue posible dar los primeros pasos para ir construyendo las estructuras de un régimen "democrático", que al final resultó un régimen fuertemente condicionado con la herencia franquista, con unos poderes "fácticos" que siguen hasta hoy día imponiendo su ley ( o egoísmo sin límites), como quedó más que claro con el caso del juez Baltasar Garzón. Aplaudo esta iniciativa de los letrados argentinos que insta al Gobierno español a tomar la iniciativa en la investigación y la recuperación de la memoria histórica de los Españoles. Eso precisamente lo que no quieren las castas-fascistas españolas y tantísimo españoles que no comprenden (por pura ignorancia) el alcance de lo que quería conseguir Garzón y la “terquedad” de tantos españoles que quieren saber dónde están sus parientes asesinados, a los que Franco robó incluso sus restos mortales...
Miguel Fernández.

Por Diego Martínez
Los crímenes del franquismo no quedarán impunes. Aun si todos los funcionarios, militares y dirigentes de la Falange estuvieran muertos, los familiares de las miles de víctimas podrán ejercer el derecho a conocer el destino final de sus seres queridos. Si no lo investiga la Justicia de España, lo hará la Justicia argentina. La decisión, un hito en la historia de la aplicación de la jurisdicción universal para juzgar delitos de lesa humanidad, la tomaron ayer los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, al declarar la nulidad de la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría que, a instancias del fiscal Federico Delgado, había rechazado un pedido de investigar presentado por descendientes de víctimas y por organismos de derechos humanos de la Argentina.
El intento de investigar los crímenes del dictador Francisco Franco entre 1936 y 1952 le costó al juez Baltasar Garzón una acusación por prevaricato, la suspensión temporaria en el cargo y un proceso que podría concluir con su inhabilitación. La actuación del magistrado que en los ’90 impulsó la investigación de los crímenes en Sudamérica, sin embargo, fortaleció el reclamo de los descendientes de las víctimas, que comenzaron a organizarse hace quince años, y derivó en movilizaciones masivas en toda España.
Ante la parálisis del proceso y la persecución al juez, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica de España, junto con familiares de víctimas de dirigentes asesinados y organismos de derechos humanos, presentaron en Argentina, el 14 de abril, una denuncia para terminar con más de setenta años de impunidad. La primera negativa corrió por cuenta de Delgado, quien no rechazó el principio de jurisdicción universal, pero consideró que la investigación de Garzón no estaba cerrada, sino “a la espera de que el Tribunal Supremo se expida sobre el punto”. El 7 de mayo, en base al dictamen fiscal, Servini de Cubría sostuvo que no podía investigar de oficio y rechazó el pedido.
Cattani e Irurzun, miembros de la Sala II de la Cámara Federal, consideraron que la resolución de Servini de Cubría “carece de fundamentación y sustento” y cuestionaron la decisión por no controlar la legalidad del dictamen fiscal que la jueza consideró vinculante. También la criticaron (e indirectamente al fiscal) por “no haber evaluado si la información en la que el fiscal basó su postura desestimatoria –obtenida en Internet– representa sustento suficiente” para rechazar la apertura de la investigación.
Además de declarar la nulidad de la resolución, los camaristas le ordenaron a Servini librar exhorto al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que informe “si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física, llevado a cabo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.
El detalle de las fechas no es menor: Garzón extendió su investigación hasta 1952, cuando terminaron las mayores matanzas del régimen; los abogados encabezados por el argentino Carlos Slepoy pidieron que la investigación alcanzara hasta el fin del régimen en 1977. Extender la indagación un cuarto de siglo implica ampliar el universo de imputados. Mientras España se tome su tiempo para responder, los querellantes le pedirán a la jueza que solicite todas las medidas de pruebas requeridas, comenzando por la identificación de todos los ministros, altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Civil y dirigentes de la Falange.
La segunda buena nueva de la Cámara fue su aceptación de un criterio amplio en materia de legitimación para querellar. Servini había aceptado en el rol a Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, ejecutado cuando era alcalde de Castro de Rei, pero había rechazado a Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado cuando también era alcalde en Salamanca. Los jueces destacaron que debe aplicarse el principio general por el cual toda persona ofendida por un delito de acción pública tiene derecho a constituirse como querellante, más allá del grado de parentesco, y recordaron que todos tienen idéntico derecho a la verdad, que es parte de un más amplio derecho a la Justicia.
“Esperemos que la jueza esté a la altura de la enorme trascendencia internacional que tiene esta causa”, se esperanzó Slepoy. El abogado recordó especialmente que, igual que las Madres de Plaza de Mayo, entre doscientas y trescientas personas caminan en ronda, todos los jueves, en la Puerta del Sol, en Madrid, con pancartas de sus seres queridos asesinados. “El proceso está naciendo con enorme fuerza. Lo que pueda hacer la Justicia argentina va a ser de enorme trascendencia.”

Por Atilio A. Boron

Con tal de crear las condiciones para producir un “golpe de Estado institucional” como el que derrocara a Mel Zelaya en Honduras, el Congreso paraguayo parece dispuesto a convertirse en el hazmerreír de América al responsabilizar al ministro de Defensa, Luis Bareiro Spaini, por la desaparición de... ¡tres fusiles en el cuartel del Comando de Estado Mayor del Ejército en Campo Grande! La acusación y el eventual juicio político, que tendrá que ser aprobado por la Cámara de Senadores donde ya fue girado, ignora olímpicamente algo que los señores diputados deberían saber: en Paraguay, el ministro de Defensa no tiene mando de tropa, de modo que no tiene injerencia alguna en los cuarteles o destacamentos militares. Lo que en ellos ocurra es algo que excede sus atribuciones. Pero esta nimiedad no disuadió a los conspiradores, que necesitan valerse de cualquier pretexto para despojar al presidente Fernando Lugo de uno de sus más leales colaboradores y, de ese modo, abrir la puerta para declarar su inhabilitación y, en caso de que el ex obispo católico se resistiera, apelar a las fuerzas armadas para hacer cumplir la resolución del Congreso y rematar su ofensiva destituyente. En otras palabras, reeditar el libreto preparado por Washington y exitosamente aplicado en Tegucigalpa, y dar un paso más en la “normalización” de la situación política en las díscolas comarcas al sur del Río Grande.

Pese a las incoherencias y vacilaciones de la gestión del presidente Lugo, su sola presencia –producto de una inédita movilización popular en repudio al sofocante legado del stroessnismo– es un inaceptable estorbo para los designios estadounidenses en la región. Si bien hasta el momento Lugo se ha cuidado de mantener muy cordiales relaciones con la Casa Blanca y consentido el irritante protagonismo de la embajada en los asuntos internos del Paraguay, un amplio espectro del establishment norteamericano lo percibe con mucha aprensión y lo sataniza como el peligroso bienhechor que, a pesar suyo, puede convertirse en el catalizador de procesos políticos mucho más radicales, al estilo de los que existen en la vecina Bolivia o en el más lejano Ecuador. En las afiebradas alucinaciones de los halcones del Pentágono y el Departamento de Estado, Lugo aparece como una suerte de Kerensky tropical que al igual que su predecesor ruso terminará abriendo la puerta a una insurgencia plebeya de incalculables proyecciones y grávida de serias repercusiones en la geopolítica regional. Esto es así porque Paraguay ocupa un lugar privilegiado para cerrar, desde el Sur, el anillo de bases militares que rodea la gran cuenca amazónica, fuente de toda clase de recursos energéticos, biodiversidad, minerales estratégicos y agua, sobre todo agua. Esa es la razón por la que aprovechando la increíble distracción de la Cancillería y el alto mando militar brasileño, dos bases ya se han instalado en ese país, en Pedro Juan Caballero y en Mariscal Estigarribia. Si algo sobra en Paraguay es agua, el “oro azul” cada vez más escaso y que según los expertos será causante de las principales guerras que habrán de librarse en el presente siglo.

Y no sólo el agua que fluye por la superficie sino también la que lo hace bajo tierra, en el imponente Acuífero Guaraní. Si a esto se le suman las buenas relaciones que Lugo mantiene con Chávez, Morales y Correa; el papel de algunos proyectos conjuntos de cooperación internacional que irritan de sobremanera al imperio, como por ejemplo el ALBA Cultural, o el intercambio de petróleo por alimentos entre Pdvsa y el Paraguay; su colaboración con otros gobiernos progresistas de la región y su apoyo a la Unasur, se comprende la urgencia de Washington y sus peones narcofascistas paraguayos en desprenderse cuanto antes de su indeseable presencia. El eventual juicio político a Bareiro Spaini será la antesala de la destitución de Lugo. Por eso es necesario unir fuerzas en toda América latina para frustrar los planes golpistas del imperialismo y sus aliados. Si el modelo destituyente instalado en Honduras se reitera una vez más, el futuro de los gobiernos democráticos y populares de la región se verá muy seriamente comprometido. Destituir a Lugo, aun con las argucias leguleyas con que se lo intentará, es un ataque no sólo al pueblo paraguayo que lo eligió como presidente sino a todos los gobiernos de la región, cuya activa solidaridad con el Paraguay es hoy más urgente que nunca.

* Politólogo.

Por Juan Gelman

Se producen en soledad y secreto entre los efectivos estadounidenses que combaten o combatieron en las guerras que W. Bush lanzó y Barack Obama continúa. Junio fue el mes más cruel: se suicidaron 32 soldados, un número superior al de cualquier mes de la guerra de Vietnam. Once no estaban en actividad y siete de los restantes cumplían servicio en Irak y/o Afganistán. Son cifras oficiales (www.defense.gov, 15-7-10). En el 2009 segaron su propia vida 245 efectivos y la cifra se superaría este año: 145 se suicidaron en el primer semestre y 1713 lo intentaron sin éxito. La tasa es más alta que la correspondiente a la población civil de EE.UU.

El militar Tim Embree testimonió el 25 de febrero ante la Comisión de Asuntos relativos a los Veteranos de la Cámara de Representantes. Declaró en nombre de los 180.000 asociados de Veteranos Estadounidenses de Irak y Afganistán (IAVA, por sus siglas en inglés), países a los que fue enviado a combatir dos veces. “El año pasado se quitaron la vida con sus propias manos más efectivos de los que cayeron en combate en Afganistán –señaló–. La mayoría de nosotros conoce a un compañero que lo hizo al regresar a casa y los guarismos no incluyen siquiera a quienes se suicidan al terminar su servicio: están fuera del sistema y sus muertes suelen ser ignoradas” (//iava.org, 15-7-10). Tal vez no fueran seres humanos, apenas material desechable.

Embree recordó las cifras publicadas por el semanario Army Times, que divulga noticias del ejército y posibilidades de carrera en la institución: “18 veteranos se suicidan cada día y se registra un promedio mensual de 950 intentos suicidas entre veteranos que reciben del departamento federal correspondiente algún tipo de tratamiento (www.armytimes.com, 26-4-10)”. Se trata de veteranos de todas las guerras que EE.UU. desató en tierras extranjeras y padecen, en general, de PTSD. Antes se lo llamaba neurosis de guerra o fatiga de combate o shock y aun otros nombres. El PTSD los reúne a todos.

La publicación mensual Archives of General Psychiatry dio a conocer una investigación independiente sobre 18.300 soldados examinados a los tres meses y al año de ser enviados a Irak: del 20 al 30 por ciento sufrían de PTSD y una depresión profunda agobiaba al 16 por ciento (//archpsyc.amaassn.org, junio de 2010). Se explica la dificultad de los veteranos para reintegrarse a la vida civil, la violencia hogareña que protagonizan, los matrimonios rotos, la drogadicción y los suicidios. A fines del 2009, según cifras del Departamento de Veteranos del gobierno, más de 537 mil de los 2,04 millones que sirvieron en Irak y Afganistán pidieron atención médica (www.ptsd.va.gov, febrero 2010).

La dificultad se agrava porque regresan a un país con un desempleo cada vez mayor. Según una investigación de la IAVA, el 14,7 de los veteranos son desocupados, un 5 por ciento superior al promedio nacional (//iava.org, 2-4-10). Aumenta así el número de los que han perdido su vivienda. Un informe de la National Coalition for the Homeless indica que el 33 por ciento vive a la intemperie y que un millón y medio corre el riesgo de quedarse sin techo debido a la pobreza y la falta de apoyo oficial (www.nchv.org, septiembre 2009). Están ausentes de estas cifras los veteranos físicamente incapacitados para buscar y mantener un trabajo.

Kevin y George Lucey, padres de un soldado que se quitó la vida, contaron una de las tantas historias que los números ocultan. El 22 de junio del 2004, su hijo Jeff, de 23 años, se colgó en el sótano de la casa (www.democracynow.org, 9-8-10). Era cabo del cuerpo de marines y había regresado de Irak en julio del año anterior. La madre relató que al mes de participar en la invasión enviaba cartas a su novia en las que hablaba de las “cosas inmorales” que él estaba haciendo. Una vez en el hogar, Jeff comenzó a soltar frases inconexas sobre Nasiriya, la ciudad al sudeste de Bagdad en la que tuvo lugar la primera gran batalla de los invasores contra el ejército regular iraquí. Un día recibió a su hermana Amy con lágrimas en los ojos diciéndole que era un asesino. Antes de suicidarse, dejó sobre su cama las chapas de identificación de dos efectivos iraquíes que había matado aunque no portaban armas. Jeff solía mirarlas con frecuencia.

Los psiquiatras y psicólogos militares carecen de conocimientos para enfrentar estas dolencias. Mark Russel, comandante de la Marina especializado en enfermedades mentales, descubrió que el 90 por ciento del personal que cumple esas funciones no tiene la formación necesaria para atender el PTSD. Se limita a prescribir drogas como el Paxil, el Prozac o el Neurontin, que acentúan y hasta producen los síntomas, y a devolver a los soldados a sus unidades (www.usatoday, 17-1-07).

El lunes pasado, el presidente Obama declaró ante una convención de veteranos discapacitados en Atlanta que su gobierno estaba haciendo los máximos esfuerzos para prevenir el suicidio y otras consecuencias del PTSD. Para el padre de Jeff, eso es pura hipocresía.

Por Atilio A. Boron

Incondicional peón del imperio, Alvaro Uribe se despide de la presidencia de Colombia con una nueva provocación: la denuncia de la existencia de campamentos de las FARC en territorio venezolano. Ni lerdo ni perezoso, el Departamento de Estado salió a respaldar sin reservas la acusación formulada por Bogotá en la OEA, alentado por la supuesta “contundencia” de las pruebas presentadas por Uribe que denuncian al gobierno de Hugo Chávez por permitir la instalación de campamentos de la FARC y la realización de diversos programas de entrenamiento militar de unos 1500 efectivos de la guerrilla en territorio venezolano. El vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró con singular insolencia que “Venezuela ha mostrado una conducta desafortunada e insolente” con su vecino y amenazó que si ese país “no coopera, Estados Unidos y los demás países obviamente lo tomarán en cuenta.” En la misma línea se manifestó el subsecretario adjunto para América latina, Arturo Valenzuela, declarando que la denuncia hecha por Uribe era “muy seria.” Ambas declaraciones hablan elocuentemente sobre el talante moral de ambos funcionarios.

Fueron los administradores imperiales quienes le pidieron a Uribe una última “prueba de amor” pocos días antes de abandonar la presidencia. Como es de público conocimiento, el prontuario que la DEA, la CIA y el FBI han venido construyendo sobre Uribe por sus íntimas y prolongadas vinculaciones con los narcos no le permite desobedecer ninguna orden originada en Washington, so pena de correr la misma suerte que el ex presidente panameño Manuel A. Noriega y terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos.

Miente Uribe porque, en primer lugar, si las FARC controlan cerca del 30 por ciento del territorio nacional (como el propio gobierno colombiano lo ha reconocido más de una vez) no se entiende qué sentido puede tener distraer nada menos que 1500 hombres del teatro de operaciones en Colombia y organizar 85 campamentos guerrilleros en Venezuela. Es en la propia Colombia donde la crisis y putrefacción del Estado oligárquico permite que amplias franjas de su territorio, especialmente en las zonas selváticas, estén controladas por la guerrilla, los narcos y los paramilitares. Diversas autoridades ecuatorianas comentaron luego del ataque que las fuerzas colombianas realizaron en su territorio que Ecuador no limita al norte con Colombia sino con una tierra de nadie controlada por las organizaciones descriptas más arriba. Con una necedad sin límites Uribe acusa a sus vecinos de no hacer lo que él mismo ha dado sobradas muestras de ser incapaz de hacer: controlar su propio país. Cerrando los ojos ante esta realidad Estados Unidos se monta sobre esta falaz denuncia para, desde allí, acosar al gobierno bolivariano por su falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, obviando el molesto hecho de que el mayor exportador mundial de cocaína –y, ahora, de narcotraficantes– es la Colombia militarizada por Uribe y devenida gracias a su invalorable colaboración en un protectorado norteamericano.

Ante semejante cuadro de descomposición política, denunciar que las FARC se instalan en Venezuela –¡y para colmo con el aval y la complicidad del gobierno de Hugo Chávez!– es una vulgar engañifa al servicio del imperio que carece por completo de entidad como para ser tomada mínimamente en serio.

En segundo lugar, ¿cómo olvidar que Uribe fue el hombre que mintió alevosamente cuando sus fuerzas, apoyadas por las de Estados Unidos, incursionaron en territorio ecuatoriano aduciendo que iban en persecución de una columna de las FARC. Las pruebas demostraron que los guerrilleros a los que supuestamente se perseguía luego de un enfrentamiento ocurrido en territorio colombiano estaban durmiendo –vestidos inclusive con pijamas– al momento de producirse el ataque y que, en consecuencia, lo que tuvo lugar en Santa Rosa de Sucumbíos no fue un combate sino lisa y llanamente una masacre indiscriminada.

Tercero, ¿cómo se le puede creer a un hombre que desde la presidencia convalidó la acción de los paramilitares y del terrorismo de Estado? El 16 de febrero de este año la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía colombiana publicó un informe en el que se revela que algo más de 4000 paramilitares de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, aseguraron haber perpetrado 30.470 asesinatos en el período comprendido desde mediados de los ochenta hasta su “desmovilización” en 2003-2006. Agréguese a esto que tan sólo en el año 2009 los paracos y las “fuerzas de seguridad” asesinaron a 40 sindicalistas, convirtiendo a Colombia en el país más peligroso del mundo para ese tipo de actividad.

Cuarto, el denunciante es nada menos que el responsable intelectual y político de la masacre serial conocida con el nombre de “falsos positivos”. Durante los tres últimos años de gobierno de Uribe se comprobó que –ante el acoso del gobierno para que mostrara resultados concretos en la lucha contra la guerrilla– el ejército diseñó y ejecutó un plan criminal: recorrer las comunidades y aldeas más pobres del país ofreciendo trabajo a la enorme masa de desocupados y reclutando a un elevado número de indigentes, campesinos indefensos y jóvenes marginados, que luego eran asesinados a sangre fría y a sus cadáveres se los hacía pasar como pertenecientes a guerrilleros ejecutados en combate para cobrar la recompensa establecida por el gobierno u obtener estímulos o ascensos en su carrera militar. Según estimaciones muy conservadoras estos crímenes de Estado superan los mil casos.

Como ocurrió con todos los terrorismos de Estado que asolaron la región, los crímenes de lesa humanidad cometidos tenían también un trasfondo económico. En el caso de la Colombia de Uribe, entre las corruptas fuerzas armadas, los paramilitares y el narco se repartieron millones de hectáreas que en su desesperado éxodo dejaban tras de sí los campesinos desplazados por los bombardeos y masacres indiscriminadas a que estaban sometidos. La cifra de los campesinos desplazados ascendería a 4.500.000 y sus tierras –por lo menos unos seis millones de hectáreas– fueron luego transferidas, con gran provecho para los encargados de desalojarlos, a los terratenientes y el agronegocio, auspiciantes y cofinanciadores del paramilitarismo.

Este es el hombre que hoy levanta su dedo acusador en contra de la revolución bolivariana. Es evidente que lo suyo es una maniobra más, dictada por los estrategas del imperio, para acosar al gobierno de Hugo Chávez y para legitimar la violenta militarización de la política exterior norteamericana. Por eso Washington insiste en desplegar su impresionante dispositivo militar: allí están las siete bases en Colombia; en Aruba y Curazao, a pocos kilómetros del litoral marítimo venezolano; en El Salvador y en Honduras y, ahora, la autorización para introducir nada menos que 7000 marines y toda clase de armamento en la vecina Costa Rica. Por eso también la Cuarta Flota. El gobierno de Uribe cumple así un servicio de extraordinaria importancia tratando de crear las condiciones que justifiquen la intervención militar norteamericana en América del Sur y, en lo inmediato, mantener viva la tensión entre Colombia y Venezuela luego del recambio presidencial y perjudicar las chances electorales de Chávez.

Preocupado por su futuro y agobiado por el espectro de Noriega pudriéndose en una cárcel gringa, Uribe se esmera hasta el último día de su mandato para mostrar su total sumisión a los dictados de los imperialistas. Por eso es importante desenmascarar y denunciar al denunciante, y exigir la pronta intervención de la Unasur para desbaratar los planes de Washington en nuestra América. Este no es un tema para la OEA, que además no supo manejar la provocación uribista, sino para la Unasur, que será puesta a prueba con este incidente.

*Politólogo.

Por Atilio A. Boron *

Pocos medios difundieron la noticia del fulminante despido de la periodista de la CNN, Octavia Nasr, por haber lamentado en su Twitter la reciente muerte del clérigo chiíta Hussein Fadlalá, a quien el gobierno de Estados Unidos tenía incluido en una lista de “terroristas internacionales”. Al parecer, Nasr no compartía ese juicio; además, en su desdichado mensaje decía que este clérigo se había destacado por defender los derechos de la mujer, habitualmente menoscabados por la ortodoxia chiíta. En efecto, Fadlalá se oponía a la ablación del clítoris, una tradición muy extendida en algunos países musulmanes, y no compartía la misoginia prevaleciente en las interpretaciones hegemónicas al interior del Islam.

Dos lecciones pueden extraerse de este incidente. Primero, que la autoproclamada “prensa libre e independiente”, de la cual la CNN sienta cátedra cotidianamente, es una piadosa (o, mejor, perversa) mentira. Es una “libertad” que sólo puede ejercerse cuando se dice o se transmite lo que quiere la clase dominante, expresada en la línea oficial establecida por la Casa Blanca. Recuérdese, si no, la insolente entrevista de Patricia Janiot al secretario general de la OEA, en donde la presentadora asumía descaradamente el papel de vocera oficial de Hillary Clinton durante la crisis hondureña.

En el caso que nos ocupa, bastó que Nasr se apartara de la línea establecida por el gobierno norteamericano –¡y en un Twitter!– para que la transgresora fuera despedida de inmediato, haciendo caso omiso de su extensa trayectoria en la cadena televisiva. Pese a ello, los ardientes defensores de la “libertad de prensa”, o de la “prensa independiente”, no se privan de fustigar a diario a gobiernos como los de Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador por sus presuntas agresiones al periodismo libre e independiente. No practican en sus casas lo que con tanta vehemencia exigen a quienes resisten sus designios imperialistas. Por supuesto, jamás escucharemos una queja del Departamento de Estado sobre la absoluta falta de libertad de prensa en países como Arabia Saudita o Malawi, dóciles clientes de Washington.

Segundo: la preocupante gravitación de los lobbies pro-israelíes en los grandes medios de Estados Unidos, privando al público norteamericano e internacional de acceder a información genuina. Sólo se publica, y bajo la forma y el tono acordes con lo establecido por el gobierno, aquello que es congruente con las “mentiras verdaderas” construidas por el Gran Hermano, que dictamina lo que existe y lo que no existe, y lo que hay que decir acerca de uno y otro. Ya no se habla más del feroz bombardeo a Gaza de hace poco más de un año, o de la criminal agresión a la flotilla humanitaria en aguas del Mediterráneo. En estos días la estrella mediática es... ¡el pulpo Paul! Como ya lo demostró hace décadas Noam Chomsky, la función de los medios no es facilitar la difusión de lo que ocurre y sus causas, alimentando la discusión democrática dentro del espacio público, sino confundir a las masas e impedir que ellas adquieran conciencia de lo que ocurre a su alrededor. Esa es la verdadera misión de la autodenominada “prensa libre” en Estados Unidos.

* Director del PLED/Centro Cultural de la Cooperación.

España: Una democracia cautiva

Ramón Sáez Valcárcel es juez de la Audiencia Nacional española, al igual que el actualmente suspendido Baltasar Garzón. La suya fue una de las tantas voces que se alzaron para defender al magistrado, que tras su intento de terminar con la impunidad de los crímenes del franquismo debió migrar como consultor al Tribunal Penal Internacional.

En medio de un viaje relámpago a Buenos Aires para participar de mesas debate y de asistir a juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura argentina, el juez Sáez Valcárcel dialogó con Página/12 e hizo un balance de lo hecho y lo que falta en materia de reparación y memoria en la península ibérica.

–¿Cómo evaluaron la suspensión de Garzón y su procesamiento por prevaricato?

–Su intento de juzgar los crímenes del franquismo fue interrumpido desde el principio. No parece creíble que haya sido perseguido ese intento como un delito de prevaricación y que se haya abierto un juicio oral contra él por el delito que es más grave para un juez, el de dictar una resolución injusta. No ha habido ningún perjuicio sino, al contrario, se trataba de reparar a las víctimas de crímenes masivos. Cuestionar la Ley de Amnistía como él lo había hecho desde las categorías del derecho internacional es algo que está dentro de la razón jurídica. El derecho internacional de los derechos humanos declara que los delitos como genocidio y crímenes de guerra no prescriben y no pueden ser objeto de perdón ni de amnistía, sino después de verdad, de justicia y de reparación. Lo paradójico es que el único procesado por los crímenes del franquismo es el juez que trata de investigarlos.

–¿Por qué el supremo Luciano Varela y los sectores de la derecha invocan la Ley de Amnistía de 1977, que Garzón consideró no aplicable para delitos de lesa humanidad?

–La Ley de Amnistía no fue una ley de punto final ni una ley de reconciliación. La amnistía era el reclamo de la oposición democrática en el momento de la transición de la dictadura del franquismo al estado de derecho, para que los presos políticos salieran de las cárceles y se cerraran los procedimientos pendientes contra quienes luchaban por la libertad y los derechos. Por lo tanto, no se puede acudir 33 años después, despreciando la historia y afirmando que era una ley de perdón cuando no hay reconciliación. En aquel momento, las fuerzas de la oposición democrática no tenían capacidad suficiente como para señalar que los criminales eran los que tenían el poder.

–¿Qué es lo que se puso en juego con la suspensión del juez Garzón?

–La persecución contra Garzón ha profundizado contradicciones que existían, ha hecho visible lo invisible. Ha hecho visible una transición que se vendió en España como modélica. Si algo tuvo de modélica, fue de injusticia y de impunidad. Una sociedad no se puede construir sobre la impunidad de los grandes crímenes. Se ha hecho visible lo que no querían los que siguen negando que hubo un exterminio del enemigo, que fue un proyecto criminal: que se hable de los crímenes de la dictadura y ahora se habla como nunca.

–¿Cuáles son los pasos a seguir ahora para conseguir justicia?

–El propio Estado español está obligado a dar una solución. De momento, las denuncias de las víctimas no tienen sede en la jurisdicción española: no hay ningún proceso abierto. Incluso jueces que recibieron parte de la causa de Garzón plantearon conflictos de competencia, afirmando que era de la Audiencia Nacional porque eran crímenes internacionales por su carácter masivo. Esos conflictos están pendientes ante el tribunal supremo. Habrá que ver qué recorrido tiene. Está también la corte constitucional española y también nosotros estamos en el contexto de un sistema regional que nos obliga, que es el europeo. Si no hay solución dentro del contexto del Estado, las víctimas deberán buscarla en el Tribunal europeo.

–¿Ve como factible el intento que en Argentina se hizo de la mano de algunos organismos de derechos humanos para abrir una causa aquí por los crímenes del franquismo?

–Sí. La jurisdicción internacional es un instrumento al servicio de los derechos humanos y para que no queden impunes los grandes crímenes contra la humanidad, que no toleran la existencia de fronteras ni la de vacíos de jurisdicción. Son los Estados dispuestos a perseguir los graves crímenes un dispositivo esencial para la persecución de delitos universales.

–¿Algo así como lo que hizo Garzón con el dictador Augusto Pinochet y con los represores argentinos?

–En Argentina y en Chile, en aquellos momentos, no era factible juzgarlos. En el Estado donde se había cometido el crimen, como es un crimen de Estado, los autores seguían en el poder o tenían capacidad de neutralizar las investigaciones. Se encontraron tribunales dispuestos a actuar por la comunidad internacional porque ésa es la grandeza de la jurisdicción universal.

–¿Qué cambios notó desde la promulgación de la Ley de Memoria Histórica durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero?

–Significa un avance porque, por fin, el Estado viene a reconocer que hubo campos de concentración, fosas comunes y que hay gente indecentemente enterrada a lo largo de todo el territorio. Pero el Estado privatiza esas obligaciones, entrega la pala a las familias y lo único que hace es subvencionar los trabajos. Fue un paso adelante pero insuficiente.

–¿Qué es lo que falta para construir memoria en España?

–España no ha sido capaz de afrontar su pasado desde varias perspectivas. Por un lado, de respetar y responder a las obligaciones que le impone el derecho internacional y, por otro, parece poco deseable que 35 años después de la muerte del dictador en la cama, no se resuelvan problemas tan básicos como son el descubrimiento de la suerte de los desaparecidos, el rescatar los restos de los que fueron asesinados y ejecutados extrajudicialmente y que yacen en fosas comunes. España tiene pendiente que el espacio público se adecente en el sentido de que se eliminen todos los símbolos que exaltan el crimen y a los criminales. También, le resta que las sentencias de los tribunales de la represión sean expulsadas del ordenamiento jurídico.

Informe: Luciana Bertoia.

El franquismo, que no es otra cosa que la derecha montaraz española, la de siempre, la que no conoce más ley legítima que la del "látigo y no te muevas", nuevamente se apunta un triunfo más en detrimento de la justicia y del futuro democrático de España. Lo que en principio la gran mayoría de la sociedad española aplaudió entusiasmada, ese intento del JUEZ (así con letras grandes) Baltasar Garzón por poner los puntos a las ies de los crímenes del franquismo, se ha visto abortado por los jueces nombrados por Franco y por los no menos reaccionarios investidos después durante los gobiernos postfranquistas o pseudodemócratas. La reconciliación nacional, que supuestamente hizo posible la instauración de la “democracia”, fue un contrato social y político que debería beneficiar por igual a las dos partes contractuales... pero de ninguna manera servir como tapadera “por los siglos de los siglos” a tanta violencia y crímenes cometidos durante la larga noche de la dictadura franquista. Fueron demasiadas injusticias, un verdadero genocidio en el cuerpo de la sociedad española. No hay perdón posible para los criminales que siguen hasta hoy día imponiendo su ley, como es ahora esa nueva injusticia cometida con el “JUEZ” Garzón. Vaya mi condena a esos jueces que levantaron la mano para castigar a Garzón. Con ese acto ellos mismos se han degradado al nivel de los verdugos del franquismo... cuanta miseria. ¿Habrá levantado la voz contra este nuevo crimen algún lúcido prelado de la sacrosanta iglesia católica española? Lo dudo, pero sería un buen momento para, al menos por una vez, intentaran lavar un poco su maltrecha cara y hacerla más presentable...pero no caerá esa breva. Pongo a continuación una reseña de la destitución del JUEZ Garzón para el inquieto lector que se digne leer estas líneas. Saludos, Miguel Fernández.


Por Oscar Guisoni

Desde Madrid

“Ustedes, fascistas, sois los terroristas”, “Garzón, amigo, el pueblo está contigo”, “Queremos justicia”. Los manifestantes espontáneos que ayer acudieron a la sede madrileña de la Audiencia Nacional no se ahorraron broncas ni emociones cuando por la tarde Baltasar Garzón abandonó su puesto de trabajo, luego de que le notificaran su suspensión por parte del Consejo General del Poder Judicial. Mientras los grupos franquistas como Falange y el sindicato ultraderechista Manos Limpias valoraban positivamente la medida y hablaban con suma hipocresía de “un triunfo de la sociedad”, la indignación se hacía carne en miles de manifestantes que se volcaron durante la tarde en las grandes ciudades a manifestar frente a los tribunales de justicia. El día más negro de la Justicia española estuvo plagado de tensiones.

El predecible linchamiento público al que sus propios colegas han sometido a Baltasar Garzón por haberse atrevido a abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo tuvo su primer acto en horas de la mañana, cuando se reunión el Consejo General del Poder Judicial. La asamblea había sido convocada de urgencia durante el transcurso de la semana gracias a la movilización de los vocales conservadores, que no ahorraron prisas para llevarla a cabo antes de que se le diera el visto bueno a Garzón para marcharse al Tribunal Penal Internacional en calidad de asesor del fiscal Luis María Ocampo, una puerta de salida digna que sus enemigos no están dispuestos a concederle.

El único objetivo de la reunión del CGPJ era suspender a Garzón, por lo cual la reunión se llevó a cabo en un clima de gran tensión, sobre todo en las horas previas, ya que los vocales progresistas intentaban por todos los medios garantizar la salida del juez a La Haya, mientras que la derecha judicial no quiere ni oír hablar de ponerle semejante alfombra roja bajo los pies.

Al mismo tiempo que los vocales del CGPJ estaban reunidos, se activaban las redes sociales, que durante los últimos meses han sido las plataformas donde se desarrolló el mayor activismo a favor del magistrado de la Audiencia Nacional. En Facebook, las asociaciones de la Memoria Histórica y ciudadanos de a pie comenzaron a convocar a manifestaciones espontáneas apenas se hizo patente que el Consejo se disponía a suspender a Garzón de sus funciones. En Twitter, el tag #Garzón llegó a ser a lo largo del día uno de los diez trending topics (los temas más comentados) en todo el mundo y la mayor parte de las marchas que se hicieron a lo largo y ancho del país fueron convocadas a través de esta herramienta.

Luego de dos horas de deliberaciones, el CGPJ adoptó por unanimidad la decisión de suspender al juez de sus funciones, la única medida que según los especialistas podían tomar luego de que el juez Luciano Varela le hubiera iniciado el proceso oral el martes pasado. En medio de la reunión hubo una tentativa inútil del sector progresista para que el Consejo Permanente, el órgano que toma las decisiones del día a día dentro del CGPJ, diera su visto bueno a la marcha de Garzón a La Haya. Lo único que lograron es que esa decisión quedara aplazada, solicitando informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, al propio Tribunal Penal Internacional, a la Fiscalía General del Estado y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que den su opinión sobre si procede otorgarle a Garzón este beneficio mientras está siendo procesado.

Mientras tanto, en la Audiencia Nacional, Garzón se encontraba en su juzgado tomando declaraciones a un empresario vinculado con una trama de corrupción cuando a las 13.19 recibió una llamada del secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez Padrón, para comunicarle que había sido suspendido. A esa hora se encontraban ya en la Audiencia muchos de sus compañeros, jueces, asistentes, simpatizantes, que habían acudido a brindarle su apoyo. Desde la calle llegaba una algarabía de manifestantes que expresaban a los gritos su indignación por lo ocurrido mientras cortaban la calle frente a la Audiencia.

Un rato más tarde, Garzón abandonó el juzgado. Se acababan de ese modo más de veintidós años de servicio en los que el juez alcanzó dimensión internacional al procesar a dictadores como Augusto Pinochet y notorios jerarcas de la dictadura argentina. Una vez en la calle, seguido por un par de custodios que no lo dejan ni a sol ni a sombra –el juez ha sido amenazado por ETA y tiene poderosos enemigos en las redes del narcotráfico y del terrorismo islámico, fruto de sus investigaciones durante las últimas dos décadas–, Garzón se encaminó a su vehículo, saludando tímidamente con su mano a los manifestantes, pero guardando la compostura y la frialdad que caracterizan sus gestos en público. Pero cuando ya parecía que se marchaba, dejó abierta la puerta de su coche y volvió hacia atrás para fundirse en un emotivo abrazo con sus compañeros. Ahí estaba los jueces Santiago Pedraz, Fernando Grande Marlaska y Fernando Andreu, de los pocos colegas de profesión que se animaron a brindarle su apoyo eludiendo las envidias y enconos del resto del mundillo judicial. Estaban también sus colaboradores más cercanos, las secretarias que no podían contener las lágrimas y los fiscales y abogados asiduos de la Audiencia que no quisieron dejar pasar este día sin estar su lado. Un grupo de enardecidos manifestantes preocuparon por su efusividad a los custodios del magistrado, pero el juez se saltó los protocolos y los miedos sin disimular su emoción. Eran las dos de la tarde de un día frío y ventoso en Madrid. El día más oscuro de la Justicia española desde la muerte del dictador Francisco Franco.

Al caer el sol se multiplicaban los manifestantes frente a los edificios del Poder Judicial y ante la sede del Partido Popular, que apoyó sin disimulos el proceso, al tiempo que voces prestigiosas en todo el mundo se pronunciaban a favor del juez y un grupo de artistas e intelectuales anunciaban la grabación de un corto publicitario que se emitirá por televisión para llamar la atención sobre lo que algunos no han dudado en llamar “un auténtico golpe de Estado judicial, un episodio oscuro que deja por los suelos la credibilidad internacional de la Justicia española. Y para que la llama de la indignación no se apague, los familiares de las víctimas del franquismo anunciaban por la noche que a partir de ahora comenzarán a manifestarse semanalmente frente a la Puerta del Sol en Madrid, emulando a las Madres de Plaza de Mayo. Como decía la cadena de SMS que arrasó en los teléfonos celulares durante la tarde, “Para que Franco no se vaya de rositas”.