Por Atilio A. Boron *
Pocos medios difundieron la noticia del fulminante despido de la periodista de la CNN, Octavia Nasr, por haber lamentado en su Twitter la reciente muerte del clérigo chiíta Hussein Fadlalá, a quien el gobierno de Estados Unidos tenía incluido en una lista de “terroristas internacionales”. Al parecer, Nasr no compartía ese juicio; además, en su desdichado mensaje decía que este clérigo se había destacado por defender los derechos de la mujer, habitualmente menoscabados por la ortodoxia chiíta. En efecto, Fadlalá se oponía a la ablación del clítoris, una tradición muy extendida en algunos países musulmanes, y no compartía la misoginia prevaleciente en las interpretaciones hegemónicas al interior del Islam.
Dos lecciones pueden extraerse de este incidente. Primero, que la autoproclamada “prensa libre e independiente”, de la cual la CNN sienta cátedra cotidianamente, es una piadosa (o, mejor, perversa) mentira. Es una “libertad” que sólo puede ejercerse cuando se dice o se transmite lo que quiere la clase dominante, expresada en la línea oficial establecida por la Casa Blanca. Recuérdese, si no, la insolente entrevista de Patricia Janiot al secretario general de la OEA, en donde la presentadora asumía descaradamente el papel de vocera oficial de Hillary Clinton durante la crisis hondureña.
En el caso que nos ocupa, bastó que Nasr se apartara de la línea establecida por el gobierno norteamericano –¡y en un Twitter!– para que la transgresora fuera despedida de inmediato, haciendo caso omiso de su extensa trayectoria en la cadena televisiva. Pese a ello, los ardientes defensores de la “libertad de prensa”, o de la “prensa independiente”, no se privan de fustigar a diario a gobiernos como los de Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador por sus presuntas agresiones al periodismo libre e independiente. No practican en sus casas lo que con tanta vehemencia exigen a quienes resisten sus designios imperialistas. Por supuesto, jamás escucharemos una queja del Departamento de Estado sobre la absoluta falta de libertad de prensa en países como Arabia Saudita o Malawi, dóciles clientes de Washington.
Segundo: la preocupante gravitación de los lobbies pro-israelíes en los grandes medios de Estados Unidos, privando al público norteamericano e internacional de acceder a información genuina. Sólo se publica, y bajo la forma y el tono acordes con lo establecido por el gobierno, aquello que es congruente con las “mentiras verdaderas” construidas por el Gran Hermano, que dictamina lo que existe y lo que no existe, y lo que hay que decir acerca de uno y otro. Ya no se habla más del feroz bombardeo a Gaza de hace poco más de un año, o de la criminal agresión a la flotilla humanitaria en aguas del Mediterráneo. En estos días la estrella mediática es... ¡el pulpo Paul! Como ya lo demostró hace décadas Noam Chomsky, la función de los medios no es facilitar la difusión de lo que ocurre y sus causas, alimentando la discusión democrática dentro del espacio público, sino confundir a las masas e impedir que ellas adquieran conciencia de lo que ocurre a su alrededor. Esa es la verdadera misión de la autodenominada “prensa libre” en Estados Unidos.
* Director del PLED/Centro Cultural de la Cooperación.
miércoles, 14 de julio de 2010
sábado, 29 de mayo de 2010
España: Una democracia cautiva
Ramón Sáez Valcárcel es juez de la Audiencia Nacional española, al igual que el actualmente suspendido Baltasar Garzón. La suya fue una de las tantas voces que se alzaron para defender al magistrado, que tras su intento de terminar con la impunidad de los crímenes del franquismo debió migrar como consultor al Tribunal Penal Internacional.
En medio de un viaje relámpago a Buenos Aires para participar de mesas debate y de asistir a juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura argentina, el juez Sáez Valcárcel dialogó con Página/12 e hizo un balance de lo hecho y lo que falta en materia de reparación y memoria en la península ibérica.
–¿Cómo evaluaron la suspensión de Garzón y su procesamiento por prevaricato?
–Su intento de juzgar los crímenes del franquismo fue interrumpido desde el principio. No parece creíble que haya sido perseguido ese intento como un delito de prevaricación y que se haya abierto un juicio oral contra él por el delito que es más grave para un juez, el de dictar una resolución injusta. No ha habido ningún perjuicio sino, al contrario, se trataba de reparar a las víctimas de crímenes masivos. Cuestionar la Ley de Amnistía como él lo había hecho desde las categorías del derecho internacional es algo que está dentro de la razón jurídica. El derecho internacional de los derechos humanos declara que los delitos como genocidio y crímenes de guerra no prescriben y no pueden ser objeto de perdón ni de amnistía, sino después de verdad, de justicia y de reparación. Lo paradójico es que el único procesado por los crímenes del franquismo es el juez que trata de investigarlos.
–¿Por qué el supremo Luciano Varela y los sectores de la derecha invocan la Ley de Amnistía de 1977, que Garzón consideró no aplicable para delitos de lesa humanidad?
–La Ley de Amnistía no fue una ley de punto final ni una ley de reconciliación. La amnistía era el reclamo de la oposición democrática en el momento de la transición de la dictadura del franquismo al estado de derecho, para que los presos políticos salieran de las cárceles y se cerraran los procedimientos pendientes contra quienes luchaban por la libertad y los derechos. Por lo tanto, no se puede acudir 33 años después, despreciando la historia y afirmando que era una ley de perdón cuando no hay reconciliación. En aquel momento, las fuerzas de la oposición democrática no tenían capacidad suficiente como para señalar que los criminales eran los que tenían el poder.
–¿Qué es lo que se puso en juego con la suspensión del juez Garzón?
–La persecución contra Garzón ha profundizado contradicciones que existían, ha hecho visible lo invisible. Ha hecho visible una transición que se vendió en España como modélica. Si algo tuvo de modélica, fue de injusticia y de impunidad. Una sociedad no se puede construir sobre la impunidad de los grandes crímenes. Se ha hecho visible lo que no querían los que siguen negando que hubo un exterminio del enemigo, que fue un proyecto criminal: que se hable de los crímenes de la dictadura y ahora se habla como nunca.
–¿Cuáles son los pasos a seguir ahora para conseguir justicia?
–El propio Estado español está obligado a dar una solución. De momento, las denuncias de las víctimas no tienen sede en la jurisdicción española: no hay ningún proceso abierto. Incluso jueces que recibieron parte de la causa de Garzón plantearon conflictos de competencia, afirmando que era de la Audiencia Nacional porque eran crímenes internacionales por su carácter masivo. Esos conflictos están pendientes ante el tribunal supremo. Habrá que ver qué recorrido tiene. Está también la corte constitucional española y también nosotros estamos en el contexto de un sistema regional que nos obliga, que es el europeo. Si no hay solución dentro del contexto del Estado, las víctimas deberán buscarla en el Tribunal europeo.
–¿Ve como factible el intento que en Argentina se hizo de la mano de algunos organismos de derechos humanos para abrir una causa aquí por los crímenes del franquismo?
–Sí. La jurisdicción internacional es un instrumento al servicio de los derechos humanos y para que no queden impunes los grandes crímenes contra la humanidad, que no toleran la existencia de fronteras ni la de vacíos de jurisdicción. Son los Estados dispuestos a perseguir los graves crímenes un dispositivo esencial para la persecución de delitos universales.
–¿Algo así como lo que hizo Garzón con el dictador Augusto Pinochet y con los represores argentinos?
–En Argentina y en Chile, en aquellos momentos, no era factible juzgarlos. En el Estado donde se había cometido el crimen, como es un crimen de Estado, los autores seguían en el poder o tenían capacidad de neutralizar las investigaciones. Se encontraron tribunales dispuestos a actuar por la comunidad internacional porque ésa es la grandeza de la jurisdicción universal.
–¿Qué cambios notó desde la promulgación de la Ley de Memoria Histórica durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero?
–Significa un avance porque, por fin, el Estado viene a reconocer que hubo campos de concentración, fosas comunes y que hay gente indecentemente enterrada a lo largo de todo el territorio. Pero el Estado privatiza esas obligaciones, entrega la pala a las familias y lo único que hace es subvencionar los trabajos. Fue un paso adelante pero insuficiente.
–¿Qué es lo que falta para construir memoria en España?
–España no ha sido capaz de afrontar su pasado desde varias perspectivas. Por un lado, de respetar y responder a las obligaciones que le impone el derecho internacional y, por otro, parece poco deseable que 35 años después de la muerte del dictador en la cama, no se resuelvan problemas tan básicos como son el descubrimiento de la suerte de los desaparecidos, el rescatar los restos de los que fueron asesinados y ejecutados extrajudicialmente y que yacen en fosas comunes. España tiene pendiente que el espacio público se adecente en el sentido de que se eliminen todos los símbolos que exaltan el crimen y a los criminales. También, le resta que las sentencias de los tribunales de la represión sean expulsadas del ordenamiento jurídico.
Informe: Luciana Bertoia.
En medio de un viaje relámpago a Buenos Aires para participar de mesas debate y de asistir a juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura argentina, el juez Sáez Valcárcel dialogó con Página/12 e hizo un balance de lo hecho y lo que falta en materia de reparación y memoria en la península ibérica.
–¿Cómo evaluaron la suspensión de Garzón y su procesamiento por prevaricato?
–Su intento de juzgar los crímenes del franquismo fue interrumpido desde el principio. No parece creíble que haya sido perseguido ese intento como un delito de prevaricación y que se haya abierto un juicio oral contra él por el delito que es más grave para un juez, el de dictar una resolución injusta. No ha habido ningún perjuicio sino, al contrario, se trataba de reparar a las víctimas de crímenes masivos. Cuestionar la Ley de Amnistía como él lo había hecho desde las categorías del derecho internacional es algo que está dentro de la razón jurídica. El derecho internacional de los derechos humanos declara que los delitos como genocidio y crímenes de guerra no prescriben y no pueden ser objeto de perdón ni de amnistía, sino después de verdad, de justicia y de reparación. Lo paradójico es que el único procesado por los crímenes del franquismo es el juez que trata de investigarlos.
–¿Por qué el supremo Luciano Varela y los sectores de la derecha invocan la Ley de Amnistía de 1977, que Garzón consideró no aplicable para delitos de lesa humanidad?
–La Ley de Amnistía no fue una ley de punto final ni una ley de reconciliación. La amnistía era el reclamo de la oposición democrática en el momento de la transición de la dictadura del franquismo al estado de derecho, para que los presos políticos salieran de las cárceles y se cerraran los procedimientos pendientes contra quienes luchaban por la libertad y los derechos. Por lo tanto, no se puede acudir 33 años después, despreciando la historia y afirmando que era una ley de perdón cuando no hay reconciliación. En aquel momento, las fuerzas de la oposición democrática no tenían capacidad suficiente como para señalar que los criminales eran los que tenían el poder.
–¿Qué es lo que se puso en juego con la suspensión del juez Garzón?
–La persecución contra Garzón ha profundizado contradicciones que existían, ha hecho visible lo invisible. Ha hecho visible una transición que se vendió en España como modélica. Si algo tuvo de modélica, fue de injusticia y de impunidad. Una sociedad no se puede construir sobre la impunidad de los grandes crímenes. Se ha hecho visible lo que no querían los que siguen negando que hubo un exterminio del enemigo, que fue un proyecto criminal: que se hable de los crímenes de la dictadura y ahora se habla como nunca.
–¿Cuáles son los pasos a seguir ahora para conseguir justicia?
–El propio Estado español está obligado a dar una solución. De momento, las denuncias de las víctimas no tienen sede en la jurisdicción española: no hay ningún proceso abierto. Incluso jueces que recibieron parte de la causa de Garzón plantearon conflictos de competencia, afirmando que era de la Audiencia Nacional porque eran crímenes internacionales por su carácter masivo. Esos conflictos están pendientes ante el tribunal supremo. Habrá que ver qué recorrido tiene. Está también la corte constitucional española y también nosotros estamos en el contexto de un sistema regional que nos obliga, que es el europeo. Si no hay solución dentro del contexto del Estado, las víctimas deberán buscarla en el Tribunal europeo.
–¿Ve como factible el intento que en Argentina se hizo de la mano de algunos organismos de derechos humanos para abrir una causa aquí por los crímenes del franquismo?
–Sí. La jurisdicción internacional es un instrumento al servicio de los derechos humanos y para que no queden impunes los grandes crímenes contra la humanidad, que no toleran la existencia de fronteras ni la de vacíos de jurisdicción. Son los Estados dispuestos a perseguir los graves crímenes un dispositivo esencial para la persecución de delitos universales.
–¿Algo así como lo que hizo Garzón con el dictador Augusto Pinochet y con los represores argentinos?
–En Argentina y en Chile, en aquellos momentos, no era factible juzgarlos. En el Estado donde se había cometido el crimen, como es un crimen de Estado, los autores seguían en el poder o tenían capacidad de neutralizar las investigaciones. Se encontraron tribunales dispuestos a actuar por la comunidad internacional porque ésa es la grandeza de la jurisdicción universal.
–¿Qué cambios notó desde la promulgación de la Ley de Memoria Histórica durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero?
–Significa un avance porque, por fin, el Estado viene a reconocer que hubo campos de concentración, fosas comunes y que hay gente indecentemente enterrada a lo largo de todo el territorio. Pero el Estado privatiza esas obligaciones, entrega la pala a las familias y lo único que hace es subvencionar los trabajos. Fue un paso adelante pero insuficiente.
–¿Qué es lo que falta para construir memoria en España?
–España no ha sido capaz de afrontar su pasado desde varias perspectivas. Por un lado, de respetar y responder a las obligaciones que le impone el derecho internacional y, por otro, parece poco deseable que 35 años después de la muerte del dictador en la cama, no se resuelvan problemas tan básicos como son el descubrimiento de la suerte de los desaparecidos, el rescatar los restos de los que fueron asesinados y ejecutados extrajudicialmente y que yacen en fosas comunes. España tiene pendiente que el espacio público se adecente en el sentido de que se eliminen todos los símbolos que exaltan el crimen y a los criminales. También, le resta que las sentencias de los tribunales de la represión sean expulsadas del ordenamiento jurídico.
Informe: Luciana Bertoia.
domingo, 16 de mayo de 2010
El franquismo, que no es otra cosa que la derecha montaraz española, la de siempre, la que no conoce más ley legítima que la del "látigo y no te muevas", nuevamente se apunta un triunfo más en detrimento de la justicia y del futuro democrático de España. Lo que en principio la gran mayoría de la sociedad española aplaudió entusiasmada, ese intento del JUEZ (así con letras grandes) Baltasar Garzón por poner los puntos a las ies de los crímenes del franquismo, se ha visto abortado por los jueces nombrados por Franco y por los no menos reaccionarios investidos después durante los gobiernos postfranquistas o pseudodemócratas. La reconciliación nacional, que supuestamente hizo posible la instauración de la “democracia”, fue un contrato social y político que debería beneficiar por igual a las dos partes contractuales... pero de ninguna manera servir como tapadera “por los siglos de los siglos” a tanta violencia y crímenes cometidos durante la larga noche de la dictadura franquista. Fueron demasiadas injusticias, un verdadero genocidio en el cuerpo de la sociedad española. No hay perdón posible para los criminales que siguen hasta hoy día imponiendo su ley, como es ahora esa nueva injusticia cometida con el “JUEZ” Garzón. Vaya mi condena a esos jueces que levantaron la mano para castigar a Garzón. Con ese acto ellos mismos se han degradado al nivel de los verdugos del franquismo... cuanta miseria. ¿Habrá levantado la voz contra este nuevo crimen algún lúcido prelado de la sacrosanta iglesia católica española? Lo dudo, pero sería un buen momento para, al menos por una vez, intentaran lavar un poco su maltrecha cara y hacerla más presentable...pero no caerá esa breva. Pongo a continuación una reseña de la destitución del JUEZ Garzón para el inquieto lector que se digne leer estas líneas. Saludos, Miguel Fernández.
Por Oscar Guisoni
Desde Madrid
“Ustedes, fascistas, sois los terroristas”, “Garzón, amigo, el pueblo está contigo”, “Queremos justicia”. Los manifestantes espontáneos que ayer acudieron a la sede madrileña de la Audiencia Nacional no se ahorraron broncas ni emociones cuando por la tarde Baltasar Garzón abandonó su puesto de trabajo, luego de que le notificaran su suspensión por parte del Consejo General del Poder Judicial. Mientras los grupos franquistas como Falange y el sindicato ultraderechista Manos Limpias valoraban positivamente la medida y hablaban con suma hipocresía de “un triunfo de la sociedad”, la indignación se hacía carne en miles de manifestantes que se volcaron durante la tarde en las grandes ciudades a manifestar frente a los tribunales de justicia. El día más negro de la Justicia española estuvo plagado de tensiones.
El predecible linchamiento público al que sus propios colegas han sometido a Baltasar Garzón por haberse atrevido a abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo tuvo su primer acto en horas de la mañana, cuando se reunión el Consejo General del Poder Judicial. La asamblea había sido convocada de urgencia durante el transcurso de la semana gracias a la movilización de los vocales conservadores, que no ahorraron prisas para llevarla a cabo antes de que se le diera el visto bueno a Garzón para marcharse al Tribunal Penal Internacional en calidad de asesor del fiscal Luis María Ocampo, una puerta de salida digna que sus enemigos no están dispuestos a concederle.
El único objetivo de la reunión del CGPJ era suspender a Garzón, por lo cual la reunión se llevó a cabo en un clima de gran tensión, sobre todo en las horas previas, ya que los vocales progresistas intentaban por todos los medios garantizar la salida del juez a La Haya, mientras que la derecha judicial no quiere ni oír hablar de ponerle semejante alfombra roja bajo los pies.
Al mismo tiempo que los vocales del CGPJ estaban reunidos, se activaban las redes sociales, que durante los últimos meses han sido las plataformas donde se desarrolló el mayor activismo a favor del magistrado de la Audiencia Nacional. En Facebook, las asociaciones de la Memoria Histórica y ciudadanos de a pie comenzaron a convocar a manifestaciones espontáneas apenas se hizo patente que el Consejo se disponía a suspender a Garzón de sus funciones. En Twitter, el tag #Garzón llegó a ser a lo largo del día uno de los diez trending topics (los temas más comentados) en todo el mundo y la mayor parte de las marchas que se hicieron a lo largo y ancho del país fueron convocadas a través de esta herramienta.
Luego de dos horas de deliberaciones, el CGPJ adoptó por unanimidad la decisión de suspender al juez de sus funciones, la única medida que según los especialistas podían tomar luego de que el juez Luciano Varela le hubiera iniciado el proceso oral el martes pasado. En medio de la reunión hubo una tentativa inútil del sector progresista para que el Consejo Permanente, el órgano que toma las decisiones del día a día dentro del CGPJ, diera su visto bueno a la marcha de Garzón a La Haya. Lo único que lograron es que esa decisión quedara aplazada, solicitando informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, al propio Tribunal Penal Internacional, a la Fiscalía General del Estado y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que den su opinión sobre si procede otorgarle a Garzón este beneficio mientras está siendo procesado.
Mientras tanto, en la Audiencia Nacional, Garzón se encontraba en su juzgado tomando declaraciones a un empresario vinculado con una trama de corrupción cuando a las 13.19 recibió una llamada del secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez Padrón, para comunicarle que había sido suspendido. A esa hora se encontraban ya en la Audiencia muchos de sus compañeros, jueces, asistentes, simpatizantes, que habían acudido a brindarle su apoyo. Desde la calle llegaba una algarabía de manifestantes que expresaban a los gritos su indignación por lo ocurrido mientras cortaban la calle frente a la Audiencia.
Un rato más tarde, Garzón abandonó el juzgado. Se acababan de ese modo más de veintidós años de servicio en los que el juez alcanzó dimensión internacional al procesar a dictadores como Augusto Pinochet y notorios jerarcas de la dictadura argentina. Una vez en la calle, seguido por un par de custodios que no lo dejan ni a sol ni a sombra –el juez ha sido amenazado por ETA y tiene poderosos enemigos en las redes del narcotráfico y del terrorismo islámico, fruto de sus investigaciones durante las últimas dos décadas–, Garzón se encaminó a su vehículo, saludando tímidamente con su mano a los manifestantes, pero guardando la compostura y la frialdad que caracterizan sus gestos en público. Pero cuando ya parecía que se marchaba, dejó abierta la puerta de su coche y volvió hacia atrás para fundirse en un emotivo abrazo con sus compañeros. Ahí estaba los jueces Santiago Pedraz, Fernando Grande Marlaska y Fernando Andreu, de los pocos colegas de profesión que se animaron a brindarle su apoyo eludiendo las envidias y enconos del resto del mundillo judicial. Estaban también sus colaboradores más cercanos, las secretarias que no podían contener las lágrimas y los fiscales y abogados asiduos de la Audiencia que no quisieron dejar pasar este día sin estar su lado. Un grupo de enardecidos manifestantes preocuparon por su efusividad a los custodios del magistrado, pero el juez se saltó los protocolos y los miedos sin disimular su emoción. Eran las dos de la tarde de un día frío y ventoso en Madrid. El día más oscuro de la Justicia española desde la muerte del dictador Francisco Franco.
Al caer el sol se multiplicaban los manifestantes frente a los edificios del Poder Judicial y ante la sede del Partido Popular, que apoyó sin disimulos el proceso, al tiempo que voces prestigiosas en todo el mundo se pronunciaban a favor del juez y un grupo de artistas e intelectuales anunciaban la grabación de un corto publicitario que se emitirá por televisión para llamar la atención sobre lo que algunos no han dudado en llamar “un auténtico golpe de Estado judicial, un episodio oscuro que deja por los suelos la credibilidad internacional de la Justicia española. Y para que la llama de la indignación no se apague, los familiares de las víctimas del franquismo anunciaban por la noche que a partir de ahora comenzarán a manifestarse semanalmente frente a la Puerta del Sol en Madrid, emulando a las Madres de Plaza de Mayo. Como decía la cadena de SMS que arrasó en los teléfonos celulares durante la tarde, “Para que Franco no se vaya de rositas”.
Por Oscar Guisoni
Desde Madrid
“Ustedes, fascistas, sois los terroristas”, “Garzón, amigo, el pueblo está contigo”, “Queremos justicia”. Los manifestantes espontáneos que ayer acudieron a la sede madrileña de la Audiencia Nacional no se ahorraron broncas ni emociones cuando por la tarde Baltasar Garzón abandonó su puesto de trabajo, luego de que le notificaran su suspensión por parte del Consejo General del Poder Judicial. Mientras los grupos franquistas como Falange y el sindicato ultraderechista Manos Limpias valoraban positivamente la medida y hablaban con suma hipocresía de “un triunfo de la sociedad”, la indignación se hacía carne en miles de manifestantes que se volcaron durante la tarde en las grandes ciudades a manifestar frente a los tribunales de justicia. El día más negro de la Justicia española estuvo plagado de tensiones.
El predecible linchamiento público al que sus propios colegas han sometido a Baltasar Garzón por haberse atrevido a abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo tuvo su primer acto en horas de la mañana, cuando se reunión el Consejo General del Poder Judicial. La asamblea había sido convocada de urgencia durante el transcurso de la semana gracias a la movilización de los vocales conservadores, que no ahorraron prisas para llevarla a cabo antes de que se le diera el visto bueno a Garzón para marcharse al Tribunal Penal Internacional en calidad de asesor del fiscal Luis María Ocampo, una puerta de salida digna que sus enemigos no están dispuestos a concederle.
El único objetivo de la reunión del CGPJ era suspender a Garzón, por lo cual la reunión se llevó a cabo en un clima de gran tensión, sobre todo en las horas previas, ya que los vocales progresistas intentaban por todos los medios garantizar la salida del juez a La Haya, mientras que la derecha judicial no quiere ni oír hablar de ponerle semejante alfombra roja bajo los pies.
Al mismo tiempo que los vocales del CGPJ estaban reunidos, se activaban las redes sociales, que durante los últimos meses han sido las plataformas donde se desarrolló el mayor activismo a favor del magistrado de la Audiencia Nacional. En Facebook, las asociaciones de la Memoria Histórica y ciudadanos de a pie comenzaron a convocar a manifestaciones espontáneas apenas se hizo patente que el Consejo se disponía a suspender a Garzón de sus funciones. En Twitter, el tag #Garzón llegó a ser a lo largo del día uno de los diez trending topics (los temas más comentados) en todo el mundo y la mayor parte de las marchas que se hicieron a lo largo y ancho del país fueron convocadas a través de esta herramienta.
Luego de dos horas de deliberaciones, el CGPJ adoptó por unanimidad la decisión de suspender al juez de sus funciones, la única medida que según los especialistas podían tomar luego de que el juez Luciano Varela le hubiera iniciado el proceso oral el martes pasado. En medio de la reunión hubo una tentativa inútil del sector progresista para que el Consejo Permanente, el órgano que toma las decisiones del día a día dentro del CGPJ, diera su visto bueno a la marcha de Garzón a La Haya. Lo único que lograron es que esa decisión quedara aplazada, solicitando informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, al propio Tribunal Penal Internacional, a la Fiscalía General del Estado y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que den su opinión sobre si procede otorgarle a Garzón este beneficio mientras está siendo procesado.
Mientras tanto, en la Audiencia Nacional, Garzón se encontraba en su juzgado tomando declaraciones a un empresario vinculado con una trama de corrupción cuando a las 13.19 recibió una llamada del secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez Padrón, para comunicarle que había sido suspendido. A esa hora se encontraban ya en la Audiencia muchos de sus compañeros, jueces, asistentes, simpatizantes, que habían acudido a brindarle su apoyo. Desde la calle llegaba una algarabía de manifestantes que expresaban a los gritos su indignación por lo ocurrido mientras cortaban la calle frente a la Audiencia.
Un rato más tarde, Garzón abandonó el juzgado. Se acababan de ese modo más de veintidós años de servicio en los que el juez alcanzó dimensión internacional al procesar a dictadores como Augusto Pinochet y notorios jerarcas de la dictadura argentina. Una vez en la calle, seguido por un par de custodios que no lo dejan ni a sol ni a sombra –el juez ha sido amenazado por ETA y tiene poderosos enemigos en las redes del narcotráfico y del terrorismo islámico, fruto de sus investigaciones durante las últimas dos décadas–, Garzón se encaminó a su vehículo, saludando tímidamente con su mano a los manifestantes, pero guardando la compostura y la frialdad que caracterizan sus gestos en público. Pero cuando ya parecía que se marchaba, dejó abierta la puerta de su coche y volvió hacia atrás para fundirse en un emotivo abrazo con sus compañeros. Ahí estaba los jueces Santiago Pedraz, Fernando Grande Marlaska y Fernando Andreu, de los pocos colegas de profesión que se animaron a brindarle su apoyo eludiendo las envidias y enconos del resto del mundillo judicial. Estaban también sus colaboradores más cercanos, las secretarias que no podían contener las lágrimas y los fiscales y abogados asiduos de la Audiencia que no quisieron dejar pasar este día sin estar su lado. Un grupo de enardecidos manifestantes preocuparon por su efusividad a los custodios del magistrado, pero el juez se saltó los protocolos y los miedos sin disimular su emoción. Eran las dos de la tarde de un día frío y ventoso en Madrid. El día más oscuro de la Justicia española desde la muerte del dictador Francisco Franco.
Al caer el sol se multiplicaban los manifestantes frente a los edificios del Poder Judicial y ante la sede del Partido Popular, que apoyó sin disimulos el proceso, al tiempo que voces prestigiosas en todo el mundo se pronunciaban a favor del juez y un grupo de artistas e intelectuales anunciaban la grabación de un corto publicitario que se emitirá por televisión para llamar la atención sobre lo que algunos no han dudado en llamar “un auténtico golpe de Estado judicial, un episodio oscuro que deja por los suelos la credibilidad internacional de la Justicia española. Y para que la llama de la indignación no se apague, los familiares de las víctimas del franquismo anunciaban por la noche que a partir de ahora comenzarán a manifestarse semanalmente frente a la Puerta del Sol en Madrid, emulando a las Madres de Plaza de Mayo. Como decía la cadena de SMS que arrasó en los teléfonos celulares durante la tarde, “Para que Franco no se vaya de rositas”.
miércoles, 24 de marzo de 2010
Nota al artículo del profesor Sander
Me parece como mínimo paradójico que este señor, Felipe Calderón, asegure que México se podrá "curar" de la crisis abandonando el comercio con los EEUU y orientándolo a países como Brasil, más si se tiene en cuenta que representa la punta visible del iceberg de la reacción mexicana desde la independencia del colonialismo español. El PAN, Partido de Acción Nacional, siempre ha sido bandera y tapadera de los círculos católicos, terratenientes y verdaderos vendepatrias. Si hoy está en el poder, eso tiene que agradecerlo a la pésima actuación del PRI (Partido Revolucionario Institucional) que gobernó por más de 70 años consecutivos... así la s cosas no me extraña que el autor del artículo sea tan tajante al poner los puntos sobre las ies a sus declaraciones. Lo mismo se puede decir de esa guerra suicida contra las poderosas bandas del narcotráfico. En vez de limitarse a reprimir al narcotráfico nacional, al que hace sus negocios en México. Este pendejo de Calderón, lamec.lista, quiere agradar a los gringos y hacer de comparsa el trabajo sucio que le correspondería llevar a cabo a las autoridades norteamericanas. Nada le importa que su país se cubra de sangre como en los mejores tiempos de la cacareada “revolución mexicana”, que acabó con la dictadura de Porfirio Díaz, en medio de un terrible caos nacional. Los gringos, en vez de liquidar a los narcos en su propio país, los expulsan a territorio mexicano, para que allí, armados hasta los dientes y con tecnología bélica que ni siquiera tienen los milicos mexicanos, vayan a matar y a poner al sufrido país vecino al borde de desestabilización política y económica. Por ahí he leído que en México mueren cada día más “civiles” que en la guerra de Irak y parece que no es una exageración. Las abismales diferencias sociales, el reparto de la riqueza nacional en México, acusa tales extremos que el país se permite incluso tener al personaje más rico del mundo, más que el dueño de Microsoft-windows, me refiero a Carlos Slim Helú, mientras millones de mexicanos sufren la miseria más indigna y están apartados del contexto social. Comunidades enteras de indígenas viven al margen de la sociedad en verdaderos guetos, en las inhóspitas sierras de Chihuahua o en las intrincadas selvas del sur. En México se dice que la peor desgracia del país es “tener a Dios tan lejos y los EEUU tan “cerquita”. Realmente los mexicanos tienen mala suerte. Si hasta ahora los EEUU están “tolerando”, es un decir, los regímenes izquierdistas o populares que están surgiendo en su alegórico “patio trasero”, eso se debe en gran parte a estar entretenidos en guerras en otras partes del mundo. Por ahora no se atreven a abrir nuevos frentes en las Américas, donde confían que con el tiempo todo vuelva a la “normalidad” o en su defecto, en un futuro próximo, cuando se retiren de las guerras perdidas en el mundo árabe (como en Vietnam), podrán emplear su poderoso brazo militar para pacificar a la alborotada indiada y mostrarle, por enésima vez, “quien es el amo”. No quiero ni imaginar ese futuro, cuando el imperio, falto ya de vitalidad, dé sus terribles coletazos en los últimos estertores de su existencia. Precisamente para ese histórico momento los países latinoamericanos deberían prepararse, consolidando al máximo sus estructuras democráticas y progresistas, su poder económico y hasta militar para resistir unidos los zarpazos del imperio. Esa sería, después de dos siglos, la verdadera culminación victoriosa de las guerras de independencia de la colonia española y el fin del posterior coloniaje político y económico de Washington. No tengo esperanza de ver tan anhelado acontecimiento... tal vez mis hijos si. Miguel Fernández
Por Emir Sader *
El presidente de México, Felipe Calderón, afirmó que su país, si quiere volver a crecer, debe asociarse a economías como la brasileña, que crecen, distanciándose de la norteamericana y la europea, que seguirán por largo tiempo en recesión. La afirmación, hecha en ocasión de la firma de un Tratado de Libre Comercio con Brasil, toca un tema esencial, pero lo hace de forma demasiado simple frente a la importancia estratégica que tiene la cuestión de la inserción internacional de nuestros países.
Los TLC surgieron en el marco de la reestructuración del comercio internacional, en el viraje del ciclo largo expansivo del capitalismo de la segunda posguerra hacia el actual ciclo largo recesivo. La Unión Europea permitió a ese continente lograr una mejor inserción internacional, a la vez que el TLC de EE.UU. con Canadá y México tenía el mismo rol.
Pero este último tenía un componente específico: integraba a un país de la periferia junto a la más grande economía del mundo. Para EUA serviría como modelo de integración subordinada hacia América latina –recordemos que Chile era el próximo candidato a integrarse en aquel momento–.
Sin embargo, el proyecto del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), después de ser cuestionado ampliamente por las movilizaciones populares, terminó siendo derrotado, cuando Brasil –que junto a EE.UU. presidían el proyecto en su fase final– cambió de un presidente adepto a los TLC, Fernando Cardoso, a otro, Lula, que prioriza los procesos de integración regional y que le impuso su veto.
El continente pasó a tener como línea divisoria la prioridad por TLCs o la prioridad de los procesos de integración regional, que se multiplicaron –del Mercosur al Banco del Sur, a la Unasur, al Consejo Sudamericano de Defensa, al Alba–, paralelamente a la elección de la más grande cantidad de gobiernos progresistas en la región.
Estos se caracterizan por la prioridad dada a los procesos de integración regional en lugar de los TLC –en que se involucró México, entre otros países del continente–. Pero su orientación política incluye también, además de la enorme intensificación del comercio intrarregional, la diversificación de su comercio internacional, con especial participación de China –que se ha vuelto el primer socio comercial de Brasil–, desplazando a EE.UU. Así como –tema mucho más importante del punto de vista social– la extensión del mercado interno de masas, opción frente a la prioridad dada a los ajustes fiscales. Esto ha permitido un inmenso proceso de democratización social, de elevación del poder adquisitivo de las capas populares, una fuerte redistribución de la renta, de aumento constante del empleo formal, disminución de las desigualdades sociales.
La combinación de estos tres elementos –integración regional, diversificación del comercio internacional y expansión del mercado interno de consumo popular–, que caracteriza a los gobiernos progresistas de América latina, ha permitido, asimismo, una reacción mucho más rápida y positiva frente a la crisis.
Mientras países como México, que habían optado por una relación preferencial con EE.UU., sufren duramente los efectos de la crisis, que tiene su epicentro justamente en su poderoso vecino del Norte –revelando la equivocación de la opción por el TLC–, los países de los procesos de integración regional han reaccionado de forma mucho más rápida y positiva. Países como Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay han salido de forma más o menos rápida de la crisis, haciendo que, por primera vez, no sean los más pobres los que paguen el precio más duro de la crisis, porque las políticas sociales y de extensión del mercado interno de consumo popular no se han frenado en el momento de la crisis. Los Estados de esos países, fortalecidos, han podido desempeñar un rol esencial en la resistencia a la crisis, porque se había superado la Idea del Estado mínimo y de extensión ilimitada del mercado.
Así que si México quiere recuperarse de forma más rápida y consistente de la crisis –de la que sufre las peores consecuencias, como efecto de la opción equivocada de dar la espalda hacia América latina y asociarse estrechamente con la economía norteamericana– no basta un TLC con Brasil. Tendría, por un lado, que diversificar su comercio internacional, abandonando la posición de tener más del 90 por ciento de su comercio con EE.UU. para extender su comercio con América latina, con Asia, con Africa. Asimismo tendría que abandonar el TLC con América del Norte, que le impide integrarse a procesos como el Mercosur, el Banco del Sur, Unasur, para volcarse centralmente hacia estos espacios.
Pero, además, tendría que fortalecer de nueva cuenta su Estado, abandonar proyectos de privatización –antes de todo, de su empresa petrolífera, idea totalmente superada por las nuevas economías latinoamericanas que, al contario, nacionalizan sus recursos naturales y fortalecen sus empresas estatales–, y especialmente dedicarse a proyectos de desarrollo del mercado interno de consumo popular, de distribución de renta, de elevación del poder adquisitivo de los salarios, de expansión del empleo formal.
No basta por lo tanto una asociación unilateral con un país de la región, para que México pueda cambiar el difícil futuro al que sus gobernantes lo han condenado. Sería necesario un verdadero cambio de modelo económico, implementado por fuerzas estrechamente vinculadas a las fuerzas democráticas, nacionales y populares con que México cuenta históricamente como su referencia fundamental como nación, en los centenarios de la Independencia y de la Revolución de 1910.
* Secretario ejecutivo de Clacso.
El presidente de México, Felipe Calderón, afirmó que su país, si quiere volver a crecer, debe asociarse a economías como la brasileña, que crecen, distanciándose de la norteamericana y la europea, que seguirán por largo tiempo en recesión. La afirmación, hecha en ocasión de la firma de un Tratado de Libre Comercio con Brasil, toca un tema esencial, pero lo hace de forma demasiado simple frente a la importancia estratégica que tiene la cuestión de la inserción internacional de nuestros países.
Los TLC surgieron en el marco de la reestructuración del comercio internacional, en el viraje del ciclo largo expansivo del capitalismo de la segunda posguerra hacia el actual ciclo largo recesivo. La Unión Europea permitió a ese continente lograr una mejor inserción internacional, a la vez que el TLC de EE.UU. con Canadá y México tenía el mismo rol.
Pero este último tenía un componente específico: integraba a un país de la periferia junto a la más grande economía del mundo. Para EUA serviría como modelo de integración subordinada hacia América latina –recordemos que Chile era el próximo candidato a integrarse en aquel momento–.
Sin embargo, el proyecto del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), después de ser cuestionado ampliamente por las movilizaciones populares, terminó siendo derrotado, cuando Brasil –que junto a EE.UU. presidían el proyecto en su fase final– cambió de un presidente adepto a los TLC, Fernando Cardoso, a otro, Lula, que prioriza los procesos de integración regional y que le impuso su veto.
El continente pasó a tener como línea divisoria la prioridad por TLCs o la prioridad de los procesos de integración regional, que se multiplicaron –del Mercosur al Banco del Sur, a la Unasur, al Consejo Sudamericano de Defensa, al Alba–, paralelamente a la elección de la más grande cantidad de gobiernos progresistas en la región.
Estos se caracterizan por la prioridad dada a los procesos de integración regional en lugar de los TLC –en que se involucró México, entre otros países del continente–. Pero su orientación política incluye también, además de la enorme intensificación del comercio intrarregional, la diversificación de su comercio internacional, con especial participación de China –que se ha vuelto el primer socio comercial de Brasil–, desplazando a EE.UU. Así como –tema mucho más importante del punto de vista social– la extensión del mercado interno de masas, opción frente a la prioridad dada a los ajustes fiscales. Esto ha permitido un inmenso proceso de democratización social, de elevación del poder adquisitivo de las capas populares, una fuerte redistribución de la renta, de aumento constante del empleo formal, disminución de las desigualdades sociales.
La combinación de estos tres elementos –integración regional, diversificación del comercio internacional y expansión del mercado interno de consumo popular–, que caracteriza a los gobiernos progresistas de América latina, ha permitido, asimismo, una reacción mucho más rápida y positiva frente a la crisis.
Mientras países como México, que habían optado por una relación preferencial con EE.UU., sufren duramente los efectos de la crisis, que tiene su epicentro justamente en su poderoso vecino del Norte –revelando la equivocación de la opción por el TLC–, los países de los procesos de integración regional han reaccionado de forma mucho más rápida y positiva. Países como Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay han salido de forma más o menos rápida de la crisis, haciendo que, por primera vez, no sean los más pobres los que paguen el precio más duro de la crisis, porque las políticas sociales y de extensión del mercado interno de consumo popular no se han frenado en el momento de la crisis. Los Estados de esos países, fortalecidos, han podido desempeñar un rol esencial en la resistencia a la crisis, porque se había superado la Idea del Estado mínimo y de extensión ilimitada del mercado.
Así que si México quiere recuperarse de forma más rápida y consistente de la crisis –de la que sufre las peores consecuencias, como efecto de la opción equivocada de dar la espalda hacia América latina y asociarse estrechamente con la economía norteamericana– no basta un TLC con Brasil. Tendría, por un lado, que diversificar su comercio internacional, abandonando la posición de tener más del 90 por ciento de su comercio con EE.UU. para extender su comercio con América latina, con Asia, con Africa. Asimismo tendría que abandonar el TLC con América del Norte, que le impide integrarse a procesos como el Mercosur, el Banco del Sur, Unasur, para volcarse centralmente hacia estos espacios.
Pero, además, tendría que fortalecer de nueva cuenta su Estado, abandonar proyectos de privatización –antes de todo, de su empresa petrolífera, idea totalmente superada por las nuevas economías latinoamericanas que, al contario, nacionalizan sus recursos naturales y fortalecen sus empresas estatales–, y especialmente dedicarse a proyectos de desarrollo del mercado interno de consumo popular, de distribución de renta, de elevación del poder adquisitivo de los salarios, de expansión del empleo formal.
No basta por lo tanto una asociación unilateral con un país de la región, para que México pueda cambiar el difícil futuro al que sus gobernantes lo han condenado. Sería necesario un verdadero cambio de modelo económico, implementado por fuerzas estrechamente vinculadas a las fuerzas democráticas, nacionales y populares con que México cuenta históricamente como su referencia fundamental como nación, en los centenarios de la Independencia y de la Revolución de 1910.
* Secretario ejecutivo de Clacso.
martes, 23 de marzo de 2010
Washington aumenta el férreo dominio del mundo
El siguiente artículo de Dinucci denuncia los planes armamentistas de Washington, sea negro o blanco el inquilino del capitolio... no importa el color, lo importante es mantener a todo vapor la maquinaria de guerra y el sector armamentista. Precisamente los sectores que dan pingues ganancias haya crisis o no. Así todos lo valores humanos se pierden y los sectores llamados a difundirlos y hacerlos respetar se arranan y colaboran con los designios de Washington encaminados a fortalecer aún más el férreo dominio del mundo.
La estrategia nuclear de Obama
Escudo antimisiles y primer golpe atómico
por Manlio Dinucci*, Tommaso di Francesco
El proyecto estadounidense de escudo antimisiles plantea muchas interrogantes en términos de factibilidad, de costo y de posicionamiento. Pero la más importante de todas esas interrogantes tiene que ver con la propia filosofía de esa arma. El término «escudo» le confiere un aspecto puramente defensivo. Pero cuando se analiza a la luz del «equilibrio del terror» resulta que la defensa es sinónimo de impunidad. Y la impunidad de una de las partes representa una amenaza para todos.
Los misiles RIM-161 SM-3 son un producto de la firma Raytheon y ya se encuentran en manos de la Marina de guerra de los Estados Unidos, de Japón y de Holanda. Están diseñados para su lanzamiento desde navíos de guerra desplegados cerca de los posibles blancos y su misión consiste en interceptar misiles balísticos. En 2008, un SM-3 fue utilizado exitosamente para destruir un satélite espía estadounidense fuera de control a 247 kilómetros de altitud. En situación de guerra, los SM-3 se combinan con un sistema de combate capaz de detectar, buscar y rastrear gran cantidad de misiles de forma simultánea, misión que puede realizar el sistema Aegis de Lockheed-Martin.
___________________________________________
Ya está confirmado. Estados Unidos instalará en Europa un nuevo «escudo» antimisiles. La noticia viene a poner fin a la confusión, hábilmente alimentada por los medios de difusión, tendiente a hacernos creer que el presidente Obama había renunciado a ese plan, ya puesto en marcha por el presidente Bush y que ha encontrado la enérgica oposición de Rusia.
¿Cómo ha sucedido esto? El secretario de Defensa Robert Gates, quien asumió ese puesto con la administración Bush y se convirtió después en miembro de la administración Obama, explicó al New York Times el desarrollo de todo el proceso. Fue el propio Gates quien recomendó, en diciembre del año 2006, la instalación de 10 misiles interceptores estadounidenses en Polonia y de un radar en la República Checa.
También fue el propio Gates quien recomendó al presidente Obama, en septiembre de 2009, el abandono de ese programa y su reemplazo por otro «más adaptado». Gates concluye con la siguiente afirmación: «Estamos reforzando, no eliminando, la defensa balística en Europa».
Durante la primera fase, que debe completarse en 2011, Estados Unidos instalará en Europa sus misiles interceptores SM-3, desplegados a bordo de sus navíos de guerra. Durante la segunda fase, que debe alcanzar su nivel operacional hacia el año 2015, Estados Unidos instalará una versión más poderosa de esos mismos misiles en diversas bases terrestres ubicadas en Europa central y en el sur de ese mismo continente.
Rumania y Bulgaria ya pusieron sus respectivos territorios a la disposición del Pentágono. En Polonia ya comenzó la instalación de una batería de misiles Patriot. Con una dotación de 100 militares estadounidenses, esa batería estará ubicada cerca de la ciudad báltica de Morag, a sólo 50 kilómetros de la frontera rusa. Vendrán entonces los SM-3, a bordo de los navíos de guerra estadounidenses que se desplegarán en el mar Báltico, y después los misiles más poderosos, destinados a instalaciones terrestres.
En lugar del radar fijo que inicialmente debía instalarse en la República Checa se desplegará un sistema más eficaz que combinará el uso de aviones, satélites y sensores terrestres. Según todas las probabilidades, Italia también acogerá misiles y otros componentes del «escudo» estadounidense. Así lo confirma directamente el propio Gates cuando habla de su instalación en el sur de Europa. Es importante recordar aquí que Italia ya se sumó al plan del «escudo» a través de un acuerdo firmado por el gobierno de Romano Prodi en febrero de 2007.
¿Constituye este «escudo» antimisiles que Estados Unidos pretende instalar en Europa un sistema defensivo u ofensivo? Para contestar esa pregunta basta con imaginar dos guerreros antiguos frente a frente. Uno está armado con una espada mientras que el otro tiene una espada y un escudo. El segundo tiene ventaja ya que puede atacar y golpear protegiéndose a la vez de los golpes de su adversario, con el escudo.
Si Estados Unidos lograra dotarse algún día de un «escudo» antimisiles confiable, estaría disponiendo de un sistema cuyo carácter no sería defensivo sino ofensivo porque tendría entonces la posibilidad de asestar el primer golpe a cualquier país dotado de armas nucleares, basándose en la capacidad de su propio «escudo» para evitar cualquier represalia. Es precisamente por eso que Estados Unidos y la URSS habían concluido en 1972 el Tratado ABM, que prohibía ese tipo de sistemas [de defensa].
Pero la administración Bush enterró [el Tratado ABM] en 2002. El presidente Obama anunció su intención de reducir el arsenal nuclear estadounidense negociando un nuevo tratado START con Rusia. Pero reafirmó que Estados Unidos conservará una «disuasión nuclear segura y eficaz». [El presidente Obama] ignora así el pedido de 6 países europeos (entre los que se encuentran Bélgica y Alemania) para que Washington retire las armas nucleares instaladas en Europa. Pero eso no es todo.
Según los analistas del New York Times, la estrategia cuyo anuncio debe aparecer en la próxima Nuclear Posture Review incluye la posibilidad de recurrir al primer golpe incluso contra países que no disponen de armas nucleares pero que pudieran tener armas químicas o biológicas. En Washington se sigue repitiendo que el «escudo» [que se instalará] en Europa no está dirigido contra Rusia sino que servirá para enfrentar la amenaza de misiles iraníes.
En Moscú se piensa que se trata, por el contrario, de un intento tendiente a obtener una ventaja estratégica decisiva sobre Rusia. Es evidente, en efecto, que, en relación con el anterior, el nuevo plan prevé una mayor cantidad de misiles desplegados en sitios aun más cerca del territorio ruso. Además, como estarán bajo control estadounidense, nadie podrá saber si se trata de misiles interceptores o de misiles destinados a un ataque nuclear. Y, gracias a los nuevos sistemas de detección aerotransportados y satelitales, el Pentágono podrá vigilar el territorio ruso más eficazmente que hoy en día.
El «escudo», contra el que Rusia tiene la intención de luchar con «métodos adaptados y asimétricos», no servirá por lo tanto –como pretende Gates– para proteger el territorio europeo, donde ya se han desplegado 80 000 soldados estadounidenses, para garantizar una «Europa más segura». Servirá en realidad para crear nuevas tensiones, justificando así un posterior aumento de la presencia militar estadounidense en Europa.
Manlio Dinucci
Geógrafo y politólogo. Últimas obras publicadas: Geograficamente. Per la Scuola media (3 vol.), Zanichelli (2008) ; Escalation. Anatomia della guerra infinita, DeriveApprodi (2005).
La estrategia nuclear de Obama
Escudo antimisiles y primer golpe atómico
por Manlio Dinucci*, Tommaso di Francesco
El proyecto estadounidense de escudo antimisiles plantea muchas interrogantes en términos de factibilidad, de costo y de posicionamiento. Pero la más importante de todas esas interrogantes tiene que ver con la propia filosofía de esa arma. El término «escudo» le confiere un aspecto puramente defensivo. Pero cuando se analiza a la luz del «equilibrio del terror» resulta que la defensa es sinónimo de impunidad. Y la impunidad de una de las partes representa una amenaza para todos.
Los misiles RIM-161 SM-3 son un producto de la firma Raytheon y ya se encuentran en manos de la Marina de guerra de los Estados Unidos, de Japón y de Holanda. Están diseñados para su lanzamiento desde navíos de guerra desplegados cerca de los posibles blancos y su misión consiste en interceptar misiles balísticos. En 2008, un SM-3 fue utilizado exitosamente para destruir un satélite espía estadounidense fuera de control a 247 kilómetros de altitud. En situación de guerra, los SM-3 se combinan con un sistema de combate capaz de detectar, buscar y rastrear gran cantidad de misiles de forma simultánea, misión que puede realizar el sistema Aegis de Lockheed-Martin.
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Ya está confirmado. Estados Unidos instalará en Europa un nuevo «escudo» antimisiles. La noticia viene a poner fin a la confusión, hábilmente alimentada por los medios de difusión, tendiente a hacernos creer que el presidente Obama había renunciado a ese plan, ya puesto en marcha por el presidente Bush y que ha encontrado la enérgica oposición de Rusia.
¿Cómo ha sucedido esto? El secretario de Defensa Robert Gates, quien asumió ese puesto con la administración Bush y se convirtió después en miembro de la administración Obama, explicó al New York Times el desarrollo de todo el proceso. Fue el propio Gates quien recomendó, en diciembre del año 2006, la instalación de 10 misiles interceptores estadounidenses en Polonia y de un radar en la República Checa.
También fue el propio Gates quien recomendó al presidente Obama, en septiembre de 2009, el abandono de ese programa y su reemplazo por otro «más adaptado». Gates concluye con la siguiente afirmación: «Estamos reforzando, no eliminando, la defensa balística en Europa».
Durante la primera fase, que debe completarse en 2011, Estados Unidos instalará en Europa sus misiles interceptores SM-3, desplegados a bordo de sus navíos de guerra. Durante la segunda fase, que debe alcanzar su nivel operacional hacia el año 2015, Estados Unidos instalará una versión más poderosa de esos mismos misiles en diversas bases terrestres ubicadas en Europa central y en el sur de ese mismo continente.
Rumania y Bulgaria ya pusieron sus respectivos territorios a la disposición del Pentágono. En Polonia ya comenzó la instalación de una batería de misiles Patriot. Con una dotación de 100 militares estadounidenses, esa batería estará ubicada cerca de la ciudad báltica de Morag, a sólo 50 kilómetros de la frontera rusa. Vendrán entonces los SM-3, a bordo de los navíos de guerra estadounidenses que se desplegarán en el mar Báltico, y después los misiles más poderosos, destinados a instalaciones terrestres.
En lugar del radar fijo que inicialmente debía instalarse en la República Checa se desplegará un sistema más eficaz que combinará el uso de aviones, satélites y sensores terrestres. Según todas las probabilidades, Italia también acogerá misiles y otros componentes del «escudo» estadounidense. Así lo confirma directamente el propio Gates cuando habla de su instalación en el sur de Europa. Es importante recordar aquí que Italia ya se sumó al plan del «escudo» a través de un acuerdo firmado por el gobierno de Romano Prodi en febrero de 2007.
¿Constituye este «escudo» antimisiles que Estados Unidos pretende instalar en Europa un sistema defensivo u ofensivo? Para contestar esa pregunta basta con imaginar dos guerreros antiguos frente a frente. Uno está armado con una espada mientras que el otro tiene una espada y un escudo. El segundo tiene ventaja ya que puede atacar y golpear protegiéndose a la vez de los golpes de su adversario, con el escudo.
Si Estados Unidos lograra dotarse algún día de un «escudo» antimisiles confiable, estaría disponiendo de un sistema cuyo carácter no sería defensivo sino ofensivo porque tendría entonces la posibilidad de asestar el primer golpe a cualquier país dotado de armas nucleares, basándose en la capacidad de su propio «escudo» para evitar cualquier represalia. Es precisamente por eso que Estados Unidos y la URSS habían concluido en 1972 el Tratado ABM, que prohibía ese tipo de sistemas [de defensa].
Pero la administración Bush enterró [el Tratado ABM] en 2002. El presidente Obama anunció su intención de reducir el arsenal nuclear estadounidense negociando un nuevo tratado START con Rusia. Pero reafirmó que Estados Unidos conservará una «disuasión nuclear segura y eficaz». [El presidente Obama] ignora así el pedido de 6 países europeos (entre los que se encuentran Bélgica y Alemania) para que Washington retire las armas nucleares instaladas en Europa. Pero eso no es todo.
Según los analistas del New York Times, la estrategia cuyo anuncio debe aparecer en la próxima Nuclear Posture Review incluye la posibilidad de recurrir al primer golpe incluso contra países que no disponen de armas nucleares pero que pudieran tener armas químicas o biológicas. En Washington se sigue repitiendo que el «escudo» [que se instalará] en Europa no está dirigido contra Rusia sino que servirá para enfrentar la amenaza de misiles iraníes.
En Moscú se piensa que se trata, por el contrario, de un intento tendiente a obtener una ventaja estratégica decisiva sobre Rusia. Es evidente, en efecto, que, en relación con el anterior, el nuevo plan prevé una mayor cantidad de misiles desplegados en sitios aun más cerca del territorio ruso. Además, como estarán bajo control estadounidense, nadie podrá saber si se trata de misiles interceptores o de misiles destinados a un ataque nuclear. Y, gracias a los nuevos sistemas de detección aerotransportados y satelitales, el Pentágono podrá vigilar el territorio ruso más eficazmente que hoy en día.
El «escudo», contra el que Rusia tiene la intención de luchar con «métodos adaptados y asimétricos», no servirá por lo tanto –como pretende Gates– para proteger el territorio europeo, donde ya se han desplegado 80 000 soldados estadounidenses, para garantizar una «Europa más segura». Servirá en realidad para crear nuevas tensiones, justificando así un posterior aumento de la presencia militar estadounidense en Europa.
Manlio Dinucci
Geógrafo y politólogo. Últimas obras publicadas: Geograficamente. Per la Scuola media (3 vol.), Zanichelli (2008) ; Escalation. Anatomia della guerra infinita, DeriveApprodi (2005).
miércoles, 10 de febrero de 2010
Garzón, cerca de ser suspendido
La causa contra el juez fue abierta después de que asociaciones de ultraderecha presentaran una querella acusándolo de prevaricación por haber intentado juzgar los crímenes del franquismo durante la Guerra Civil y la dictadura.
Por Oscar Guisoni
Desde Madrid
La causa contra el juez Baltasar Garzón, abierta después de que asociaciones de ultraderecha presentaran una querella acusándolo de prevaricación por haber intentado juzgar los crímenes cometidos por el franquismo durante la Guerra Civil y la dictadura, entró esta semana en una fase decisiva. Luego de que el jueves pasado el juez instructor del caso Luciano Varela, perteneciente al Tribunal Supremo, emitiera un auto con claros elementos condenatorios contra el magistrado de la Audiencia Nacional, ahora serán los miembros de este Tribunal los que deban decidir si apoyan el documento, abriendo de este modo las puertas al proceso y la consecuente suspensión de Garzón mientras dure el mismo. La composición del Tribunal, con amplia mayoría conservadora, hace suponer que los días de Garzón al frente de su juzgado en la Audiencia Nacional están contados. Partidos políticos y asociaciones civiles ya han manifestado su descontento con el rumbo que está tomando el proceso.
El auto del juez Varela es, antes que nada, una auténtica pieza de defensa de la Ley de Amnistía que se dictó luego de que finalizara la dictadura del general Francisco Franco tras su muerte, en 1975. La ley, piedra angular de la famosa transición española y hacia la que según Varela, Garzón mostró una “ignorancia inexcusable”, tendía un manto de impunidad sobre los crímenes de la dictadura y dejaba sin investigar las atrocidades cometidas por el bando fascista durante la Guerra Civil (1936-39). Según el auto de Varela, Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo haciendo caso omiso de esta ley aún vigente, e interpretando de manera errónea la Ley de la Memoria Histórica aprobada durante el primer gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que establece reparaciones a las víctimas, abre la puerta a la investigación sobre el paradero de las víctimas y las aperturas de fosas donde se hallan los represaliados, pero traza límites muy precisos para impedir justamente que la Justicia haga lo que pretendió hacer Garzón: investigar a los responsables del franquismo.
Baltasar Garzón lleva 22 años frente a su juzgado, en los que tuvo tiempo suficiente para granjearse grandes y poderosos enemigos. A lo largo de todo ese período tuvo que afrontar más de una querella por su labor, pero siempre fueron desestimadas. Hasta que se atrevió a tocar el tabú más importante de la democracia española: los crímenes del franquismo. A los resquemores que despertó su causa contra el general Franco y su entorno en el mundillo conservador se le suman los enconos que se granjeó en el último año luego de haber instruido parte del llamado Caso Gürtel, la mayor trama de corrupción en la que se vio envuelto el Partido Popular desde su fundación.
Los magistrados de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo que ahora deben decidir sobre el auto de Varela tienen un claro signo conservador y en algún caso, como recuerda la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, “más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo juraron los Principios del Movimiento (la organización fascista que sustentaba la dictadura) y fidelidad al general Franco”. Uno de esos jueces, que integra la sala que deberá ahora expedirse sobre el auto de Varela, es Adolfo Prego, un hombre que no tuvo ningún empacho en firmar un manifiesto contra la Ley de la Memoria Histórica y que pertenece a una Fundación para la Defensa de la Nación Española, una organización cuyo nombre ya de por sí lo dice todo.
Pero ésta no es la única causa a la que se enfrenta Baltasar Garzón. Otra de las querellas en su contra que ha sido admitida tiene que ver con el hecho de haber recibido de la Universidad de Nueva York honorarios por haber dictado unos seminarios patrocinados por el Banco Santander. Más tarde, Garzón instruyó una causa que implicaba a Emilio Botín, presidente del Banco, y que terminó siendo sobreseído. Según la querella, el magistrado habría actuado aquí dolosamente. Tanto los precedentes legales que existen en España sobre este tipo de casos, como la relación indirecta que hay entre quien financió el seminario y quien lo impartió, al encontrarse la prestigiosa universidad norteamericana de por medio, hacen que esta causa tenga aún menos posibilidades de triunfar, aunque vista la saña con la que se ha abierto la cacería contra el magistrado más internacional que tiene España en ejercicio, todo puede suceder.
En los próximos días la Sala de lo Penal deberá decidir si acepta el recurso presentado por el juez contra el auto de Varela, una medida que en ámbitos judiciales se da por descontada. Con ese aval sobre el auto, Varela habrá conseguido dar el primer paso para abrir el juicio contra Garzón. Después, el Consejo General del Poder Judicial deberá decidir si suspende al juez de manera provisoria mientras dure el proceso, una medida que también se da por descontada teniendo en cuenta casos precedentes. Así las cosas, es muy probable que en los próximos días España permita que cese su actividad uno de los magistrados que más han contribuido a darle prestigio a su sistema judicial, animándose a abrir causas contra dictadores y responsables de violaciones a los derechos humanos en todo el mundo.
La causa contra el juez fue abierta después de que asociaciones de ultraderecha presentaran una querella acusándolo de prevaricación por haber intentado juzgar los crímenes del franquismo durante la Guerra Civil y la dictadura.
Por Oscar Guisoni
Desde Madrid
La causa contra el juez Baltasar Garzón, abierta después de que asociaciones de ultraderecha presentaran una querella acusándolo de prevaricación por haber intentado juzgar los crímenes cometidos por el franquismo durante la Guerra Civil y la dictadura, entró esta semana en una fase decisiva. Luego de que el jueves pasado el juez instructor del caso Luciano Varela, perteneciente al Tribunal Supremo, emitiera un auto con claros elementos condenatorios contra el magistrado de la Audiencia Nacional, ahora serán los miembros de este Tribunal los que deban decidir si apoyan el documento, abriendo de este modo las puertas al proceso y la consecuente suspensión de Garzón mientras dure el mismo. La composición del Tribunal, con amplia mayoría conservadora, hace suponer que los días de Garzón al frente de su juzgado en la Audiencia Nacional están contados. Partidos políticos y asociaciones civiles ya han manifestado su descontento con el rumbo que está tomando el proceso.
El auto del juez Varela es, antes que nada, una auténtica pieza de defensa de la Ley de Amnistía que se dictó luego de que finalizara la dictadura del general Francisco Franco tras su muerte, en 1975. La ley, piedra angular de la famosa transición española y hacia la que según Varela, Garzón mostró una “ignorancia inexcusable”, tendía un manto de impunidad sobre los crímenes de la dictadura y dejaba sin investigar las atrocidades cometidas por el bando fascista durante la Guerra Civil (1936-39). Según el auto de Varela, Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo haciendo caso omiso de esta ley aún vigente, e interpretando de manera errónea la Ley de la Memoria Histórica aprobada durante el primer gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que establece reparaciones a las víctimas, abre la puerta a la investigación sobre el paradero de las víctimas y las aperturas de fosas donde se hallan los represaliados, pero traza límites muy precisos para impedir justamente que la Justicia haga lo que pretendió hacer Garzón: investigar a los responsables del franquismo.
Baltasar Garzón lleva 22 años frente a su juzgado, en los que tuvo tiempo suficiente para granjearse grandes y poderosos enemigos. A lo largo de todo ese período tuvo que afrontar más de una querella por su labor, pero siempre fueron desestimadas. Hasta que se atrevió a tocar el tabú más importante de la democracia española: los crímenes del franquismo. A los resquemores que despertó su causa contra el general Franco y su entorno en el mundillo conservador se le suman los enconos que se granjeó en el último año luego de haber instruido parte del llamado Caso Gürtel, la mayor trama de corrupción en la que se vio envuelto el Partido Popular desde su fundación.
Los magistrados de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo que ahora deben decidir sobre el auto de Varela tienen un claro signo conservador y en algún caso, como recuerda la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, “más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo juraron los Principios del Movimiento (la organización fascista que sustentaba la dictadura) y fidelidad al general Franco”. Uno de esos jueces, que integra la sala que deberá ahora expedirse sobre el auto de Varela, es Adolfo Prego, un hombre que no tuvo ningún empacho en firmar un manifiesto contra la Ley de la Memoria Histórica y que pertenece a una Fundación para la Defensa de la Nación Española, una organización cuyo nombre ya de por sí lo dice todo.
Pero ésta no es la única causa a la que se enfrenta Baltasar Garzón. Otra de las querellas en su contra que ha sido admitida tiene que ver con el hecho de haber recibido de la Universidad de Nueva York honorarios por haber dictado unos seminarios patrocinados por el Banco Santander. Más tarde, Garzón instruyó una causa que implicaba a Emilio Botín, presidente del Banco, y que terminó siendo sobreseído. Según la querella, el magistrado habría actuado aquí dolosamente. Tanto los precedentes legales que existen en España sobre este tipo de casos, como la relación indirecta que hay entre quien financió el seminario y quien lo impartió, al encontrarse la prestigiosa universidad norteamericana de por medio, hacen que esta causa tenga aún menos posibilidades de triunfar, aunque vista la saña con la que se ha abierto la cacería contra el magistrado más internacional que tiene España en ejercicio, todo puede suceder.
En los próximos días la Sala de lo Penal deberá decidir si acepta el recurso presentado por el juez contra el auto de Varela, una medida que en ámbitos judiciales se da por descontada. Con ese aval sobre el auto, Varela habrá conseguido dar el primer paso para abrir el juicio contra Garzón. Después, el Consejo General del Poder Judicial deberá decidir si suspende al juez de manera provisoria mientras dure el proceso, una medida que también se da por descontada teniendo en cuenta casos precedentes. Así las cosas, es muy probable que en los próximos días España permita que cese su actividad uno de los magistrados que más han contribuido a darle prestigio a su sistema judicial, animándose a abrir causas contra dictadores y responsables de violaciones a los derechos humanos en todo el mundo.
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